El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Valeria Gette, una ex concejala del Frente para la Victoria en Larroque, llegó a cobrar cuatro ingresos diferentes durante tres años, en una incompatibilidad evidente, gracias a la protección que contaba por parte del ex intendente Riganti y el ex gobernador Urribarri. Estaba de licencia docente por (falsa) enfermedad mientras dirigía el Registro Civil, pero además, le facturaba al municipio ¡por hacer proyectos! Es, probablemente, el caso más disparatado de la corrupción urribarrista. Ahora el Tribunal de Cuentas le puso cifra al monto que deberá restituir: casi 170 mil pesos.
Por A.S. de EL MIÉRCOLES DIGITAL
El artículo 40 de la Constitución entrerriana dice: “No podrán acumularse en una misma persona dos o más empleos, aunque el uno sea de la Provincia y el otro de la Nación, municipio o comuna, con excepción de los del magisterio y los de carácter profesional técnico cuando la escasez del personal haga necesaria la acumulación. Fuera de estos casos, la aceptación del nuevo empleo hace caducar el anterior.”
Si alguien cuenta que en Entre Ríos, durante tres años, una concejala en funciones, además de su sueldo le facturaba al Municipio del que formaba parte (es decir al Ejecutivo al que debía controlar); que además, tenía licencia por enfermedad en la labor docente (y por ende cobraba como tal) y al mismo tiempo estaba al frente del Registro Civil de su ciudad, difícilmente alguien lo creería. No hay manera. ¿Cómo alguien va a tener cuatro ingresos sin que nadie lo note o lo objete?
Eso es lo peor. Claro que hubo quienes lo notaron, lo objetaron y lo denunciaron. Pese a eso, protegida por el poder político de la provincia, estuvo tres años en esa situación, cobrando de manera indebida parte de sus remuneraciones. Ahora, el Tribunal de Cuentas resolvió que deberá devolver ese dinero al erario provincial y municipal.
Casi insignificante por el monto (¿qué son 170 mil pesos al lado de los casi seis millones de las cosechadoras truchas, por poner un solo ejemplo?), el caso de la concejala Valeria Gette merece, sin embargo, un lugar relevante por lo disparatado. Porque aunque parezca mentira, esta historia ocurrió en la Entre Ríos de Sergio Urribarri.
LA CONCEJALA INCOMPATIBLE
Valeria Hortencia Gette nació en La Plata pero reside en Larroque desde niña. Profesora para la Enseñanza Primaria, ejercía su labor docente en Gualeguay. En 2003 fue electa concejala por primera vez, en la ciudad de Larroque, como parte del bloque justicialista. Luego acompañó, siempre desde el Concejo, a Raúl Riganti, intendente del Frente Para La Victoria (FPV). Desde el 17 de mayo de 2009 hasta el 10 de mayo de 2012 cobró una licencia por enfermedad como docente en una escuela de Gualeguay. Esa “enfermedad” no le obstaculizaba cumplir otras tres funciones: era concejala del Frente para la Victoria, revestía como jefa de la delegación del Registro Civil (supliendo a la titular que se jubilaba), y por su fuera poco, le facturaba al Municipio como monotributista porque prestaba servicios en la Oficina de Proyectos. Puede parecer un chiste, pero no lo es: la concejala, que tenía su dieta, le cobraba aparte al municipio ¡para presentar proyectos! (ver abajo, la resolución del Tribunal de Cuentas).
En verdad, bien mirado, se trata de dos irregularidades diferentes: por un lado, la falsa licencia por enfermedad, una cuestión administrativa que jamás debió haber sido posible. Por el otro, la acumulación de dos empleos, que viola el articulo 40 citado al inicio de esta nota.
La insólita situación fue denunciada por dos trabajadoras del Registro Civil, durante años y con pocas esperanzas de éxito: a la concejala incompatible la protegía el entonces intendente de Larroque, el mencionado Riganti, quien, como ella, fue reelecto en 2011. Vale recordar que Riganti está acusado por diversas irregularidades en contrataciones durante su gestión, entre otras, por haber contratado las cuadras de asfalto más caras de la historia (ver nota: Las irregularidades de Riganti en Larroque: las cuadras de asfalto más caras del país ). Riganti llegó a tener tanto poder en el PJ entrerriano que casi se asegura la impunidad con un cargo de diputado provincial. No le alcanzó, porque iba en el puesto número 19, pero está ahi: es prosecretario del Bloque Justicialista de Diputados Provinciales. “Ojo: es un prosecretario muy especial: a distancia, on line o ñoqui premium”, aclara un conocedor. Porque Riganti sigue en Larroque.
LA CELERIDAD DE LA CORRUPCIÓN
El poder de Riganti durante el urribarrismo fue tal que el nombramiento de su protegida sorteó todos los escollos legales. La Secretaría de Justicia de la provincia, todavía a cargo del también larroquense Rubén Virué, desaconsejó la designación de la concejala en el Registro Civil de Larroque, precisamente por advertir la evidente incompatibilidad. Pero pese a ese dictamen, el director del Registro Civil de la Provincia, Gervasio Labriola, la designó.
Por si fuera poco, en mayo de 2012, la nombra en la Jefatura del Registro. Virué revoca esa designación mediante la resolución N°019 de la Secretaría de Justicia de fecha 11 de mayo de 2012. La Jefatura era transitoria por sesenta días y cuando estaba por vencer (en julio), Labriola la nombra mediante una resolución que le manda directamente al ministro Bahl para que él y Urribarri firmen, “saltando” por sobre la Secretaría de Justicia, y en un expediente que se resolvió en tiempo récord: el trámite se inicia un día y el decreto sale al día siguiente. La celeridad de la corrupción, que jamás tienen los controles.
Por si todo lo otro fuera aún poco motivo para cuestionar la designación, la titular saliente del Registro Civil envíaba un informe detallando que Valeria Gette incurrió en 76 inasistencias en el transcurso de 2011. Tampoco se le otorgó la menor importancia a ese “detalle”.
Gette estuvo así tres años cobrando de manera irregular cuatro ingresos diferentes de parte del Estado. Una muestra de cómo el poder maneja la impunidad y decide qué normas cumple y cuáles no de una manera casi inexplicable, que puede rozar el absurdo como en este caso.
LAS DENUNCIANTES
Las denunciantes, Mariela Benítez y Claudia Gómez (empleadas del Registro Civil), apenas se enteraron del irregular nombramiento, optaron por hacerse escuchar: banderas, volanteadas, pintadas, usaron todos los recursos a mano para reclamar por la situación. Claudia era la damnificada directa: ante la jubilación de la titular del Registro, esa jefatura le correspondía a ella. Mariela Benitez (que ya no trabaja en el Registro Civil) era delegada de UPCN y le sobraba cancha como militante: había sido dos veces concejala peronista, y (según cuentan quienes la conocen) no es de achicarse en las situaciones dificiles. Decidió apoyar a su compañera costara lo que costara. Y así lo hicieron, iniciando un periplo que tuvo momentos dificiles durante los cinco años siguientes.
Así, ambas llegaron a encadenarse en la Casa de Gobierno, en Paraná, reclamando justicia. Cuando lo hicieron, algunos medios paranaenses trataron de mostrar el episodio como una mera interna peronista larroquense que se trasladaba a la capital provincial. Claro que algo de eso había: el conflicto entre Virué y Riganti, conocido por todo Larroque, dirimido luego en las PASO, le daba un contexto especial a la denuncia. Pero lo cierto es que la evidente incompatibilidad, visible para quien quisiera mirar, no podía disimularse de ninguna manera. Sin embargo, el caso no pareció llamar demasiado la atención pública. Es que en Entre Ríos, el PJ acostumbró a la sociedad a que cualquier cosa es posible. Y no todos los medios están dispuestos a comprometerse en exhibir ese tipo de abusos de poder.
Después de transitar oficinas, de montar guardia para intentar hablar con funcionarios y ministros, Claudia y Mariela se entrevistaron con el entonces ministro Adán Bahl, a cargo de Gobierno y Justicia en la gestión Sergio Urribarri. Sin respuestas sólidas, el actual vicegobernador llegó a confesarles que la situación de la cuestionada concejala era un pedido de Riganti, y que nada podia hacer al respecto. Incluso después de algunas apretadas (a Claudia la seguia un auto de la Municipalidad, hasta que un día decidió enfrentarlo y le tiró encima la moto) lograron dar con el entonces gobernador Sergio Urribarri, que en presencia de las chicas comprometió a Bahl: “Solucioname esto”. Pero eso no ocurrió.
LARGO CAMINO
Incansables, Mariela y Claudia decidieron presentarse al INADI, convencidas de que la designación de Gette constituía un acto discriminatorio contra los derechos adquiridos de Claudia. El INADI, sin embargo, les sugirió que derivaran la denuncia a la Oficina Anticorrupción dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. A esa altura las denunciantes no tenían dudas: “Para nosotras era un caso claro de abuso de poder y un acto de corrupción”. La Oficina se interesó, tomo el caso y fue esa dependencia la que en 2012 derivó el expediente a la Oficina Anticorrupción de Entre Ríos (a cargo de Sebastián Trinadori), bajo el número 1490645 con el rótulo “Denuncia acumulación indebida de cargos” y ésta a su vez fue la que involucró a otras instancias del Estado provincial, ahora con el numero de expediente 463/13.
Ya con nuevo gobernador (que tiene a los Urribarri como ejes de su gestión) en 2016 se produjo un hecho que solo tuvo repercusión en Larroque: mientras el expediente de la Oficina Anticorrupción comenzaba a moverse, el actual ministro de Gobierno revocó el nombramiento de la concedjala incompatible, que ya no era concejala. Fue en julio, mediante el Decreto N° 1716 MGJ que dejó sin efecto el decreto anterior que nombraba al frente de la Oficina del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Larroque, a la agente Valeria Gette. La nueva resolución encarga la atención de la jefatura de la oficina a la agente Claudia Gomez, legajo N° 173233, categoría 8 administrativa, a partir del 15 de julio de 2016. Se hizo justicia.
La familia Urribarri completó el trámite. El firmante del nuevo decreto es hijo de quien firmó como gobernador el decreto dejado sin efecto. Mauro terminó esa parte del asunto, seguramente deseando que su papá Sergio quedara desligado del problema. Habrá que ver si eso alcanza.
LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Finalmente, el Tribunal de Cuentas de la provincia (ese mismo que no se enteró de la cosechadora trucha de Urribarri y Schepens, y de tantas otras irregularidades que ocurrieron en esta provincia) tomó cartas en el asunto de la concejala incompatible, a instancias de la Oficina Anticorrupción entrerriana, que le derivó el expediente. Después de recibir los dictámenes de otras dependencias, el Tibunal de Cuentras resolvió, con fecha 3 de abril de 2017, “que se halla probado que el CGE abonó haberes a la agente individualizada por funciones que no prestara en razón de argumentar falsamente padecer una enfermedad que le impedía trabajar”.
En la resolución de cinco fojas a la que tuvo acceso este cronista, en abril pasado, el Tribunal repasa los hechos y los dictámenes recibidos y concluye que existen dos irregularidades: por un lado, el cobro de su sueldo docente mientras se encontraba de licencia por enfermedad “que se encuentra demostrado era inexistente”. Así, concluye que “surge la responsabilidad aminisrtativa-patrimonial por el pago incausado”, y que “la agente Gette debe restituir las sumas indebidamente cobradas” (…) “con más los intereses desde que la suma fue percibida”.
Además de eso, el Tribunal considera que tampoco correspondía que Gette le facturara al municipio como monotributista al mismo tiempo que cobraba como concejala. Da un poco de vergüenza ajena reproducir el argumento: el Tribunal entiende que “la elaboración de proyectos es función principal de un concejal y por la cual percibe su dieta”, por lo tanto la facturación “constituye un doble pago y por ende perjuicio fiscal”.
Según el cálculo del Tribunal, la suma mal habida asciende a 169.287,30 pesos, que se componen de dos partes: 92.587,30 que le adeuda ala Provincia por los haberes abonados por el CGE, y 76.700 a la Municipalidad de Larroque por los montos facturados.
Tras realizar las consideraciones de rigor, los integrantes del Organismo de Control le remiten las actuaciones al Fiscal de Estadol, por un lado, y al Municipio de Larroque por el otro, para que “evalúe la promoción de la respectiva acción de regreso para el resarcimiento del daño causado al erario público municipal”. Al día siguiente de la resolución el presidente del Tribunal, Federico Tomás, remitió un oficio dirigido al presidente municipal Dario Benedetti, con copia de la resolución.
Como puede apreciarse, el Tribunal no se mete en la discusión de fondo y ni siquiera menciona la incompatibilidad constitucional. Eso sería asunto de la Justicia, pero como se sabe desde hace mucho tiempo, en Entre Ríos el servicio de justicia debería llamarse, más bien, “de injusticia”, y está al servicio del poder, no de la ciudadanía.
LA PROTECCIÓN DE RIGANTI Y URRIBARRI
El entonces intendente Raúl Riganti le pide al ministro Bahl por nota que se contrate a Valeria Gette entre agosto y diciembre de 2010, ya siendo concejala. El 16 de julio de 2012, Gette se hizo cargo de la Jefatura del Registro Civil sin término fijo, por Resolución Nº 1.019 del director del Registro Civil de la Provincia, Gervasio Labriola. El gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, y su ministro Adán Bahl, mediante el decreto 2204/12 ratificaron esa designación. Ése es el que, cuatro años después, su hijo Mauro dejó sin efecto, con nuevo gobernador.
Nadie sabe qué relación une al ex intendente larroquense con la concejala incompatible como para haberlo llevado a desatar semejante cadena de irregularidades, que quizás les genere costos a todos los nombrados. (Maticemos: solo quizás, porque el FPV sigue gobernando, y la mayor parte de los implicados siguen teniendo el mismo poder de siempre). Sería una rareza en la podrida estructura del poder de nuestra provincia, que no ve, no huele, no oye, no se entera de ninguna de las tropelías que cometen los funcionarios, hasta que éstos quedan huérfanos de toda autoridad, o hasta que el mandamás de turno (antes Busti o Montiel, desde hace años Urribarri) les suelta la mano. Pero lo cierto es que cuando se recorre el espinel de responsabilidades en esta increíble historia de abuso de poder y corrupción, están involucrados el ya mencionado Riganti, pero también el jefe del Registro, Labriola, el ahora vicegobernador Bahl, y por supuesto el presidente de la Cámara de Diputados Urribarri.
En todo caso, el episodio muestra la impunidad y hasta la desconexión de la realidad a la que lleva el ejercicio descontrolado del poder. Algo que no podría haber sucedido, y que sucedió en la Entre Ríos de Urribarri, Bahl y Riganti.
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