El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El inicio del megajuicio al ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, previsto para el 16 de septiembre a las 9, quedará entre paréntesis luego de la presentación de un escrito, para que se aplace la fecha de comienzo.
El argumento es que en la causa se incorporaron tres nuevos abogados que deben ponerse al corriente de un voluminoso expediente que agrupó tres causas penales por supuestos hechos de corrupción durante la administración Urribarri.
La incorporación de nuevos letrados se dio tras la designación del abogado Guillermo Vartorelli como relator de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Vartorelli ejercía la defensa de los imputados Gustavo Rubén Tamay y Emiliano Oscar Giacopuzzi, y era codefensor de Hugo Félix Céspedes, Gustavo Javier Tórtul y Corina Elizabeth Cargnel.
Nombrado dentro de la estructura del Poder Judicial, Varotorelli dio un paso al costado como defensor. Patricia Valín y Andrés Ignacio Bacigalupo ejercerán ahora la defensa de Emilio Oscar Giacopuzzi; en tanto Juan Antonio Méndez se hizo cargo de la defensa de Gustavo Tamay.
Tamay y Giacopuzzi van a juicio en la denominada «Causa de la vaca».
Cauto, un defensor admitió ante Entre Ríos Ahora que «muy posiblemente se pida una prórroga para estudiar la causa. Hasta consideraría imprudente y peligroso no pedirla. Es una causa que contiene demasiados gigabyt de prueba documental. Creo que leer solo una vez todo el material de evidencia le llevaría meses a cualquier lector avezado». En ese sentido, apuntó: «Me parecería muy imprudente no solicitar un tiempo prudencial para estudiar las evidencias».
El megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri -y otros 14 imputados en tres grandes causas de corrupción por hechos ocurridos durante su gobierno- se iniciará el próximo jueves 16 de septiembre, a las 9, en el amplísimo salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), según el cronograma oficial publicada por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
Dos profesionales del área de Salud Ocupacional del Poder Judicial recomendaron las medidas sanitarias que se deberán cumplir para respetar las restricciones por la pandemia de coronavirus, y de ese modo no habrá suspensión de las audiencias, que se extenderán hasta el 16 de noviembre.
A lo largo de los tres meses en los que se desarrollará el juicio, intervendrán 3 jueces -José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón-; 4 fiscales; 9 abogados defensores; 15 imputados; y 140 testigos, que declararán a razón de 8 por día.
De acuerdo al calendario, se fijaron las audiencias de juicio oral a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre; y 15 y 16 de noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Ese megajuicio ocurre luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.
Los defensores Marcos Rodriguez Allende, Miguel Angel Cullen, Emilio Fouces, Guillermo Vartorelli, Raúl Enrique Barrandeguy, Candelario Pérez, Ignacio Díaz, Juan Méndez y José Velázquez habían peticionado un informe técnico para determinar si estaban dadas las condiciones sanitarias para el desarrollo de un juicio de esa envergadura. Con el informe del área de Salud Ocupacional de Tribunales, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) informó que «los intervinientes en el juicio oral se ajustarán a las medidas sanitarias vigentes para el desarrollo del debate fijado, utilizando la herramienta alternativa virtual, de válida excepción a la presencialidad para el caso que lo sea necesario, garantizando a todo evento los derechos y garantías de todos los intervinientes, como se ha implementado en numerosos debates penales orales».
El ingeniero Mario Benavento, coordinador responsable en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y el médico Pablo Marcelo Taleb, médico del Trabajo afectado a Salud Ocupacional del Poder Judicial de Entre Ríos, elaboraron los parámetros del protocolo a cumplir por las partes en el megajuicio a Urribarri.
Claro que la petición de los defensores había apuntado a que se le dé intervención al Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria (COES) que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud. Pero desde Tribunales entendieron que la inquietud de los letrados podía ser resuelto por el área de Salud Ocupacional del STJ.
Por eso, los defensores acudieron directamente ante el COES para que dé su opinión sobre el protocolo que regirá durante las audiencias del megajuicio a Urribarri, aunque la respuesta no se conoce de momento.
El protocolo que regirá para garantizar el distanciamiento social permite la asistencia de 33 personas (el 70% de la ocupación sobre la capacidad total, que es de 47): se distribuirán 5 personas en la parte superior -balcón- 28 personas en el salón.
Los defensores reprochan que ese 70% se incumplirá con los cambios en la defensa: salió uno, Vartorelli, y se incorporaron tres, Valin, Bacigalupo y Méndez. Pero además, observan el hecho de que habrá personas distribuidas en distintos niveles del salón, complejiza la tarea de la defensa.
A esta instancia del megajuicio se llegó luego de la suspensión, en 2020, de tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de publicidad oficial.
Tres en uno
La última causa que iba a ir a juicio en octubre de 2020, el pago amañado de una publicidad, quedó subsumida en un megajuicio que abarca tres investigaciones penales contra el exgobernador.
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño EntrerrianoLas audiencias del juicio se habían fijado para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre de 20202, a las 9, en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.Pero ese debate no se reaslizó.
En abril de 20202, la Justicia suspendió el primero de los tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la denominada «Causa de la vaca», con fecha de inicio de las audiencias previstas para 27 de abril del año pasado y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de mayo.
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que participan los mismos defensores.Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía fecha de inicio para el 29 de julio de 2020, pero la petición de dos abogados defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
Restaba, sin embargo, un tercer juicio que ya tenía fecha para Urribarri.
En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28, 28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario pizzero Germán Buffa.
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser «testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
Pero ese tercer juicio no se hará. Las tres causas quedaron agrupadas en un único megajuicio.
Ahora, el entuerto que se debe sortear es cómo queda integrado el tribunal que encabezará los debates.
Ante la recusación de dos de los tres magistrados hubo un pronunciamiento de primera instancia.
El viernes 2 de octubre de 2020 un Tribunal rechazó los planteos para apartar a los dos jueces. En consecuencia, el Tribunal único integrado en las causas acumuladas para llevar adelante el juicio oral y público queda integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Garzón.
Pero esa no es opinión definitiva ya que el defensor Velázquez anticipó que irá con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para insistir con su planteo recusatorio hacia los dos magistrados cuestionados. No será la última instancia: de conseguir un revés en esa instancia, adelantó, irá ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Luego, el camino que seguirá de contar con una acogida favorable serán, sucesivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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