El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Multisectorial por los Humedales (MH) de Rosario aguarda las respuestas a los pedidos ante el municipio de esa ciudad y el gobierno de Santa Fe para que inicien acciones penales contra la provincia de Entre Ríos por la “ilegalidad consentida” en el manejo del Delta. El fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, dijo que es un “contrasentido” adjudicarle responsabilidad por las quemas la administración entrerriana. Pero desde el colectivo ambiental replicaron: “El 83% del Delta del Paraná son humedales entrerrianos. ¿No es motivo suficiente para hacerse cargo?”.
Según publicó Era Verde accedió a una presentación que la Multisectorial aportó sobre las habilitaciones al manejo de privados en la zona “que determina las quemas continuas.
En este “pedido de acción legal contra los verdaderos responsables”, la Multisectorial por los Humedales Rosario aportó un documento donde detalló sobre “tres ejemplos concretos de impunidad”, y que se publican a continuación de forma textual y con el material fotográfico correspondiente:
1- El avance de prácticas productivas degenerativas
A la altura del kilómetro 43-44 de la ruta nacional 147 que une Victoria con Rosario se observan, dentro de lo que aprecia como un emprendimiento ganadero, terraplenes ilegales de varios metros de altura y kilómetros de largo, lo que ocasiona múltiples intervenciones en los cursos de agua. Los terraplenes alteran el curso de ríos y arroyos, lo que trae aparejada la muerte de las lagunas que dependen de estas aguas. Como consecuencia directa la flora y fauna autóctona queda literalmente erradicada. Dentro de este emprendimiento ganadero se constata además actividad de siembra.
Las múltiples irregularidades de este proyecto agropecuario han sido denunciadas en diversas oportunidades a lo largo de sus casi 10 años de existencia. Ni las autoridades ni la justicia de Entre Ríos pueden alegar desconocimiento.
El emprendimiento del kilómetro 43-44 está dentro de una reserva de usos múltiples donde solo se permiten actividades de bajo impacto ambiental. El control de dicha reserva lo ejerce la municipalidad de Victoria, Entre Ríos. El movimiento de suelo que demanda la construcción de terraplenes kilométricos implica inversiones millonarias y obras que llevan meses de ejecución. Solo quién tiene asegurada la impunidad puede llevar adelante un proyecto de esta envergadura.
2- A la vera del Paraná Viejo
Las múltiples irregularidades a la vera del Paraná Viejo no solo han afectado de modo drástico la flora y fauna nativa sino que además han alterado el modo de vida y la identidad de las comunidades locales.
Terraplenes, movimientos de suelo, desmonte, remoción de la vegetación costera (esto deja sin defensa las barrancas y acelera la erosión de las costas), loteos y construcciones irregulares (mayormente muelles, obradores y casas de fin de semana), apertura de calles, ingreso de vehículos, contaminación lumínica y sonora, presencia de basura y descartes, caza ilegal, ingreso de flora y fauna exótica (algunas de especies sumamente invasivas) y actividades ganaderas con alto impacto ambiental son solo algunos ejemplos de lo que el estado entrerriano ha “habilitado” a lo largo de los últimos años. En inconsistencia con sus propias leyes y ordenanzas que establecen estos espacios como parte de una reserva de usos múltiples que si bien permite el desarrollo de actividades productivas lo hace en la medida en que éstas no sean dañinas ni degradativas para los ecosistemas de humedal, fijando incluso normativa, en lo que hace a la construcción de viviendas, que regula el tamaño mínimo de los lotes, el modo de edificación y el tipo de material a ser utilizado.
Ha habido, al igual que lo expuesto en relación al kilómetro 43-44, múltiples denuncias en relación a esta lista interminable de desórdenes. Sin embargo, las irregularidades solo se acentúan con el correr del tiempo. Algunos isleños han manifestado incluso la posibilidad de dejar las tierras que han sido su hogar por décadas debido a este profundo cambio socioambiental.
3- El caso Berna Agri, otro ejemplo del avasallamiento al Humedal
Durante muchos años, la empresa multinacional holandesa Bema Agri, mantuvo la explotación ilegal en la isla Irupé sobre el Estévez y Los Laureles en provincia de Entre Ríos, jurisdicción Victoria y frente a la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.
Desde el año 2008 intervino el humedal con un doble terraplén de 19km y un drenaje, levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias.
Todas las acciones de intervención de esta empresa arrasaron con la naturaleza del humedal.
La producción invasiva y exógena sobre dicho territorio fue visibilizada por organizaciones ambientales mediante denuncias y otros mecanismos de interpelación.
Resta agregar que estamos hablando de un asentamiento ilegal en un área protegida.
Luego de años de batallas legales, la máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar a esta empresa ecocida.
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecológica (UVE) de la fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el caso Amarras, en Gualeguay”.
Fuente: Diario “El Ciudadano” (sábado 18.9.2021)
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