El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Medios paranaenses revelaron que José Allende acordó, en juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, devolver bienes por un millón de dólares y (más detalles) por reconocer que se enriqueció ilícitamente. El magistrado de la causa debe aprobar el acuerdo.
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El ex diputado del PJ y titular de UPCN, pidió un juicio abreviado que lo beneficie. Tiene el apoyo del Ministerio Público Fiscal: reconoce que se enriqueció a costa de los entrerrianos, que amenazó a una ministra y coaccionó a un periodista, a cambio de entregar “dos casas” y una sanción condicional. Un juez de Garantías puede refrendar el pacto de impunidad o rechazarlo y enviarlo a juicio oral, publicó el sitio Noticiauno de Paraná.
La defensa de José Ángel Allende, ex diputado provincial del PJ y ex presidente de la Cámara baja de Entre Ríos presentó el viernes pasado un pedido de juicio abreviado que unificara las múltiples causas penales en las que está imputado el mandamás de UPCN: enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, coacción contra el periodista y director de Noticiauno, Martín Carboni, y amenazas, agresiones verbales y hostigamiento hacia la ministra de Salud de la provincia, Sonia Velázquez.
Allende quiere un juicio abreviado que le asegure mantener casi intacto su patrimonio (lo que difícilmente obtendría luego de un juicio oral y público), tranquilidad para sus familiares implicados en los ilícitos, y la libertad. Todo a cambio de entregar dos casas de Paraná.
El acuerdo de juicio abreviado, que intentó mantenerse “en silencio”, tiene chances de prosperar.
Este domingo se difundió el segundo paso: Allende tiene el apoyo del Ministerio Público Fiscal que firmó el acuerdo.
Es que Allende aún no ha sido “condenado” como se quiere hacer creer a la ciudadanía.
Allende presentó un pedido de juicio abreviado y ahora este pedido ha sido acordado con el Ministerio Público Fiscal.
Y pese a que la información que circuló dio prácticamente por hecho el destino triunfal de Allende, lo cierto es que aún resta que se cumpla el tercer paso previsto en el Código Procesal Penal de la provincia: que un juez de Garantías homologue o rechace ese pacto de impunidad.
Falta saber quién será el magistrado/a que homologará, casi a espaldas de la sociedad, un acuerdo diseñado en pleno aislamiento social, con la justicia “de feria” y mientras la sociedad está centrada en resolver sus muchas urgencias.
"Es probable que la Justicia selle definitivamente la salida más conveniente para uno de los políticos entrerrianos que más se enriqueció a lo largo de su carrera como legislador provincial y gremialista; uno de los dirigentes más cuestionados por la ilegalidad de su patrimonio, por sus desbordes, aprietes y amenazas, que dejen escapar a uno de los emblemas de la vieja política y la corrupción, del necesario debate oral y público donde sea un juez imparcial e independiente quien garantice –a Allende, a los entrerrianos, y a sus víctimas - que en esta provincia nada se resuelve entre gallos y medianoche", dice el artículo periodístico.
"Sorprende el acuerdo tan beneficioso para Allende al que arribó el Ministerio Público Fiscal, tanto como cierto conformismo editorial" remarcó.
Sin poder ocupar cargos públicos, el ex diputado justicialista llega así al cierre de su carrera política luego de 20 años en la Cámara de Diputados que presidió a instancias de Sergio Urribarri y de haber integrado la Convención Constituyente en representación del movimiento obrero entrerriano, cuando Jorge Busti decidió reformar la Constitución y lo integró en la lista oficialista.
EL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
El Poder Judicial aún no tiene la Fiscalía Anticorrupción, que supo presidir Cecilia Goyeneche designada interinamente, porque la ley es cajoneada sistemáticamente. El procurador, el uruguayense Jorge García, supo decir que no porque no exista ese organismo no se iba a investigar la corrupción. Mientras tanto el devenir de las pesquisas por presuntos delitos en la administración pública están a cargo de dos personas: García y su adjunta Goyeneche. Los fiscales deben alinearse a los criterios de sus jefes en un sistema que no funciona de manera colegiada sino vertical. A la política esto le ha solucionado un enorme problema: tiene que “convencer” a una o dos personas, publicó Página Judicial.
Goyeneche habló por radio en el programa En el dos mil también y dijo: “Estamos muy conformes y creo que socialmente se debe ver esto también como un triunfo. Hay una persona, que hace unos años esto hubiera sido impensado, que está reconociendo su culpabilidad por un hecho. Está reconociendo que se ha enriquecido ilícitamente y va a ser condenado”.
La pena de Allende será de 2 años y 8 meses. “Es una pena bastante habitual dentro de los procesos por enriquecimiento ilícito”, dijo la doctora.
Pero la oferta que se va a consumar implica el final de dos causas que por estas horas ni se mencionan. Una por violencia de género y la otra por amenazas a un periodista. Ésta última estaba a punto de enviarse a juicio. Incluso el fiscal Piérola había adelantado la pena de 2 años, que de concretarse y sumada a la de enriquecimiento lo obliga a cumplir una prisión efectiva. Esto sin tener en cuenta lo que podía llegar a pasar en el legajo de la ministra Velázquez. Ambas querellas y posibles penas se licuarán en la entrega de bienes.
Pregunta: ¿Qué tiene que ver una denuncia por violencia de género y amenazas con el crecimiento patrimonial mal habido para que se unifiquen en un mismo paquete? Allende es un privilegiado. Sonia Velázquez una víctima del machismo político y judicial.
Las causas de corrupción más importantes en la provincia están para elevarse a juicio. ¿Qué sucederá, por ejemplo, con Urribarri, que está siendo investigado por delitos de corrupción? Está imputado en más de un legajo junto a su entonces ministro Pedro Báez. ¿La oferta de la Procuración General será la unificación de todas las causas y pagar una multa y cuidar nietos? Siempre que avancen las de enriquecimiento ilícito, sino con una multa y una condicional puede llegar a ser suficiente. La nueva normalidad.
La de los contratos truchos en la Legislatura será elevada en breve. Pero antes se debe tener certeza sobre la cifra que se desvió de las cámaras de diputados y senadores durante los 10 años. Se espera una pericia. García anunció elevarla una vez resuelto este punto del proceso.
En el legajo no hay una sola autoridad política imputada. La lupa se posó sobre contadores externos y personal administrativo, pese a que las contrataciones tienen como última firma a las autoridades de cámara. Esto sería parte de un segundo juicio, según prometió el procurador general. No debe haber un sólo ciudadano interesado en casos judiciales que crea que eso vaya a suceder. Es incómodo para quienes tienen que investigar avanzar en esta causa. En la lista de contratados en todos esos años que se están investigando (2008-2018) aparece la parentela de funcionarios judiciales.
García dio su parecer sobre lo que puede llegar a venir cuando deslizó su Teoría de la Escoba, en la que dijo que en la escala de responsabilidades un gobernador o un intendente no tienen por qué saber si un empleado robó una escoba.
El tiempo correrá y en la próxima pandemia conoceremos algún acuerdo fruto del consenso, que sí funciona, entre un sector de la dirigencia política y los tribunales.
RECHAZO DE FOPEA
En la semana del Día del Periodista, vale recordar la denuncia que efectuara el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) a raíz de la grave amenaza contra la libertad de prensa perpetrada por el entonces diputado José Allende:
"El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza y repudia las amenazas vertidas por el diputado provincial del PJ de Entre Ríos y titular del gremio UPCN de esa provincia, José Allende, contra el periodista Martín Carboni, a quien advirtió “que se deje de joder” con las denuncias contra el ministro de Salud de la Provincia Ariel de la Rosa advirtiéndole que “algún alcahuete tomará medidas como las que tomaron los alcahuetes de Yabrán” en una clara alusión al caso que terminó en la muerte del fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas.
La amenaza de Allende, que ya registra antecedentes de amenazas a periodistas, se dio en el marco de una entrevista radial luego de que el portal Noticiauno de Carboni publicara una nota titulada “La Justicia investiga los contratos de funcionarios amigos de De la Rosa”.
Allende consultado por una emisora por las publicaciones de este medio y luego de descalificar las publicaciones y a Carboni, se despachó con una velada amenaza apelando al crimen más emblemático y terrible de la democracia como atentado a la libertad de expresión, la muerte del fotógrafo José Luis Cabezas a mano de custodios del empresario Alfredo Yabrán.
“Vos viste que Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no vaya a ser que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen este tipo de actitud y terminen perjudicándolo” dijo Allende involucrando además al gobernador de esa provincia Gustavo Bordet.
FOPEA reclama a las autoridades judiciales y políticas tomen cartas en el asunto garantizando la libertad de expresión y el libre trabajo de la prensa en Entre Ríos, provincia donde en las últimas horas también fue amenazada y presionada insinuándole la posibilidad de despido a la periodista de Canal 9, Belén Bustamante durante la cobertura de una conferencia de prensa".
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