El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Por orden de la Justicia Federal, este viernes fueron notificados y desalojados 35 lotes ilegales de la zona costera que va desde La Toma hasta el sector 4 de Banco Pelay. Fue por la denuncia radicada por la Municipalidad.
Por J.R.D. de la REDACCIÓN de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Foto de portada: (Gentileza de A.N.)
Tal como lo reflejó una nota de este medio (Ver: Denunciaron penalmente a 24 personas...) siguen proliferando los que se aprovechan de las oportunidades para hacerse de terrenos fiscales. En este caso quieren seguir ocupando terrenos municipales pero una acción legal, tras una denuncia penal del Estado municipal, les impide que sigan avanzando, al menos por ahora.
La acción legal concretada este viernes se enmarcó en la violación de normas que resguardan el medio ambiente, especialmente la Ley 26.331, que protege los bosques nativos. Ahora tienen diez días para el desalojo.
“Hubo una orden de desalojo de parte del Juzgado Federal de parte del juez federal Pablo Seró que determinó que todo lo que está a la vera del río Uruguay, de lo que es entre Banco Pelay y La Toma debían ser desalojados por quienes habían hecho allí un daño ambiental”, explicó a El Miércoles Digital el secretario de Gobierno de la Municipalidad local, Juan Martín Garay.
“La acción fue producto de la denuncia que hizo la Municipalidad ante la Justicia Federal y Provincial, en virtud por lo constatado por el coordinador de Salud Ambiental, Francisco Savoy. Se constató todos los destrozos y los daños realizados con el correspondiente impacto ambiental”, amplió el funcionario.
Garay recordó que en la de denuncia formulada por el Municipio “el intendente (Martín Oliva) argumentó que eso representa un daño irreparable para nuestro medio ambiente, por lo que se considera de marcada urgencia constatar el estado de la zona afectada y sus responsables a fin de someterlos al proceso penal correspondiente”.
El procedimiento fue este viernes 12 de febrero entre las 16 y las 20.30. Allí hicieron las actas correspondientes.
“En preparativos”
El funcionario aseguró que en el lugar “había preparativos para construir ranchos porque había una amplia apertura del lugar, desmontado la zona, con subdivisiones, habían marcado los lotes prácticamente, de manera informal pero bien marcados, era la antesala para la instalación de ranchos”.
Ante la consulta de este medio indicó que: “Se desconoce quienes son (los usurpadores), lo que se hizo fue notificar con la orden que llegó de la Justicia Federal, se entiende que son eventuales pero con marcada permanencia incluso con carteles que decían ‘propiedad privada’ cuando eso es propiedad del Estado, un espacio público. Se constataron 35 lotes y abrimos tranqueras informales que estaban hechas. Pusimos cintas con notas formales de Prefectura diciendo que eso era propiedad del Estado”, remarcó.
“Al inicio encontramos gente que estaba en el lugar que aparentemente se dedican a la pesca, muchos dicen desconocer quienes son los que van, daríamos cuenta que deberían conocer quiénes son los apellidos pero manifiestan que son eventuales que van los fines de semana. No obstante a una persona se notificó fehacientemente, los demás se dieron por notificados por la presencia nuestra y de Prefectura principalmente”, insistió.
Aclaró que la denuncia abarca la zona municipal, desde La Toma hacia el norte, hasta lo que era aproximadamente la cantina 4 de Banco Pelay “fuera de eso hacia el límite sur hay un espacio que corresponde como terreno a la Provincia que es administrado por el Ente Autárquico Puerto Concepción”.
Recordó que luego de la denuncia “tienen diez días para desalojar, ayudaremos nosotros con nuestro equipo municipal para ir y limpiar todo eso, ya con una orden del juez de por medio. Además del desmonte había mucha basura es increíble, pero por eso se tomó cartas en el asunto”.
”Al Intendente le preocupa todo lo que es ambiental y lo que es la ocupación de tierras que no deben estar en manos de privados sino del Estado, mientras seamos gobierno estaremos preocupados para mantenerlo a resguardo”, concluyó.
Participaron del procedimiento el secretario de Asuntos Jurídicos Sebastián Fagúndez, la coordinadora de Unidad de Gestión Isla del Puerto, en representación de la Dirección de Salud Ambiental, Leticia Haudeman y Juan Martín Garay como secretario de Gobierno.
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