En el marco de las acciones de control del Programa de Transparencia Territorial y Eficiencia Fiscal que lidera la Administradora Tributaria (ATER), durante junio se llevaron adelante una serie de acciones de control cuyo resultados arrojaron la emisión de intimaciones e incorporaciones de oficio de un total de 25.000 metros cuadrados de construcciones no declaradas.
"Los operativos de fiscalización inmobiliaria ahora son más estrictos y más frecuentes porque ponemos el foco en el cumplimiento de la ley", destacó al respecto el director ejecutivo de ATER, Jesús Koreel.
"Tenemos que corregir la inequidad entre quienes cumplen con sus obligaciones y los que no. Por eso estamos apuntando a evitar la evasión en todos los ámbitos, principalmente en aquellos sectores de mayor capacidad contributiva", agregó.
"De esta manera podemos incrementar los niveles de recaudación sin generar mayor presión tributaria y destinar los recursos a donde tienen que llegar", concluyó el administrador.
A partir del trabajo conjunto entre las áreas de Fiscalización y Catastro de ATER, la implementación de tecnología en materia catastral - como el caso del visor catastral- las partidas fiscalizadas corresponden a superficies comerciales y construcciones residenciales de barrios caracterizados por su calidad constructiva y entorno natural. Del total de partidas fiscalizadas 46 no tenían declaradas las construcciones y abonaban el impuesto inmobiliario como terreno baldío.
En total, sumaron 13.500 metros cuadrados incorporados en lo referido a viviendas particulares.
Tras la detección de las maniobras los titulares de los inmuebles fueron debidamente informados electrónica y físicamente de los procedimientos establecidos en la ley y las mejoras constructivas serán incorporadas de oficio una vez vencido el plazo otorgado para regularizar su situación.
Desde el Departamento Económico del área catastral, recordaron que según el artículo 24 de la Ley valuatoria (Dec 6827/92) los contribuyentes tienen un plazo de 60 días para declarar mejoras constructivas del estado parcelario y económico a través de la declaración jurada ante el organismo tributario a partir del momento en que la vivienda reúne condiciones de habitabilidad.
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