Directivo de ATER dice que "el 92 por ciento del agro no paga Ingresos Brutos"

El director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), contador Germán Grané, aportó varios datos interesantes vinculados con la relación de los contribuyentes con los distintos impuestos, especialmente Ingresos Brutos y Automotores.

En el programa de televisión Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral), Grané aseveró que "en la provincia de Entre Ríos, el 92 por ciento de los productores agropecuarios no paga Ingresos Brutos, están exentos al Impuesto de los Ingresos Brutos. Y no porque lo digo yo; sino que el Código Tributario y la normativa tributaria expresamente así lo establece”. Y aclaró que el otro 8 por ciento, solo paga el 0,75 por ciento.

Respecto del Impuesto Automotor, recordó que la alícuota establecida por la provincia dentro del marco del consenso fiscal es entre 2 y 3 por ciento del valor del rodado que establece la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. E indicó que se está logrando que muchos desistan de radicar sus automóviles en otras jurisdicciones. “En este primer semestre hemos intimado a 500 (propietarios) de vehículos de alto valor que están radicados fuera de Entre Ríos; y 423, es decir, más de 80 por ciento de esos vehículos ya los tenemos radicados e inscriptos en nuestros registros tributarios dentro del padrón del Impuesto Automotor”, indicó.

Por otro lado, resaltó que el organismo desde que él asumió funciona con el 15 por ciento menos de personal que diciembre de 2019 y que desde la gestión del gobernador Gustavo Bordet desde 2016, lo hace con un 25 por ciento menos.

Un aspecto que también llamó la atención es que a diferencia de lo que sucede con los contadores que trabajan en la AFIP, los auditores de la ATER no están obligados a bloquear sus matrículas, es decir, pueden estar en los dos lados del mostrador, más allá de los controles y auditorías que puedan implementarse.

 

-Cuando usted llegó como responsable de ATER, nombró jefes y directores, en base a qué criterios adoptó esa decisión.

-En primer lugar, cuando el gobernador Gustavo Bordet me propone asumir este nuevo desafío en el organismo había claramente mucho trabajo realizado, con una estructura muy importante de gente muy informada y, por supuesto, desafíos por delante.

 

-¿Recuerda cuántos jefes y directores nombró?

-No. Hubo una continuidad de la gestión. Habrá existido en algún caso en particular algún que otro recambio; pero no hubo recambios en cuanto a nuevos nombramientos. Se mantuvo centralmente la línea de directores. ATER no tiene designaciones políticas; las únicas dos designaciones políticas son las del director ejecutivo (que es mi caso) y el director adjunto. Son los únicos dos que nombra el gobernador de la provincia. Y el resto, como una estructura de un organismo autárquico; es una estructura que ya está predeterminada y no se pueden nombrar cargos políticos.

 

-¿Y cuánto personal ingresó a ATER desde su gestión?

-No, no han ingresado.

 

-¿Nada?

-No. Nosotros estamos, para tomar una referencia: si miramos por el total, lo que ATER tiene en cantidad de trabajadores desde diciembre de 2019 hasta esta fecha, tenemos un 15 por ciento menos de trabajadores; considerando los únicos esquemas que tiene el organismo de contratación que son planta permanente o contrato de servicios. En ATER no hay otras modalidades en ese sentido. Nosotros, desde el 2020, cuando comenzó la pandemia, fuimos un organismo que no dejó nunca de trabajar y que está trabajando con un 15 por ciento menos de trabajadores desde diciembre de 2019 a la fecha. Y si tomamos el 2016 cuando comenzó la gestión de Bordet, tiene un 25 por ciento menos de trabajadores.

 

-La denominada causa ATER es uno de los hechos de corrupción más grave descubiertos en Entre Ríos en los últimos 20 años. El juicio oral y público va a ser el año que viene. ¿Usted garantiza que no habrá otra causa ATER parecida? ¿El organismo activó controles para el sistema llamado de compensaciones?

-Primero aclarar que ese es un tema que sucedió hace 8 años -2014. Centralmente se ha trabajado mucho en el organismo, desde aquel momento de creación de áreas de Auditorías Internas; y en lo que respecta a mí; desde el comienzo de la gestión trabajamos incansable y diariamente para mejorar los sistemas de control; incorporando tecnología; haciendo más eficientes los procesos internos; los procesos administrativos. También la interacción con los otros organismos que articula la ATER como es la Contaduría General, el Tribunal de Cuentas, la Tesorería. Es decir, hay procedimientos que nos permiten trabajar día a día en garantizar y asegurar primero, mitigar cualquier intencionalidad para que suceda un hecho irregular. Y sino, se despiertan las alertas.

 

-¿Y cómo controla usted aspectos tales como que se dejen prescribir deudas o haya márgenes para algunos ilícitos?

-Ahí planteó dos o tres temas que está bueno poder profundizarlos. Primero y principal, en lo que es el procedimiento administrativo de lo que son las distintas situaciones que se pueden dar en la ATER, como el sistema informal; digo para separarlo de la prescripción, que es otro tema y que ahí también hay novedades importantes. Lo que se refiere al procedimiento administrativo, se han generado montones de procedimientos que tiene que ver sistémicos, se corren procesos automáticos, se realizan lo que nosotros denominamos nuevas validaciones, cruces con otros organismos. Entonces, lo que en algún momento fue una compensación, hoy es un procedimiento que está muy, pero muy reducido: es el caso de los que son los certificados de libres de deuda que tenían los proveedores del Estado. En ese caso son muy puntuales y cada vez mayores los controles cruzados, las validaciones. Y también procedimientos de auditorías que se hacen periódicamente, de rutina, tanto al sistema como al personal de ATER. En las prescripciones, aclaro esto, el Estado está para garantizar, por lo menos desde ATER, para garantizar el crédito fiscal. Y uno de los temas es estar encima de lo que es la cobrabilidad. Primero impulsamos el cumplimiento voluntario de los tributos. En aquellos casos donde el contribuyente no hace el cumplimiento voluntario, primero nosotros activamos de manera fuerte el sistema de cobranza; esto es, ni bien se produce el vencimiento se comienza a seguir al contribuyente para que pague en tiempo y forma. Ahí va corriendo el plazo de la prescripción. Una vez que nosotros estamos entrando, pasando dos años, ingresamos a un período donde el contribuyente no responde a las intimaciones y a los llamados, ahí activamos una vía que no queremos, que es la vía judicial y ahora hemos incorporado tecnología para hacerlo de modo masivo. Hoy hay mucho sistema trabajando que nos genera la alerta de que mil, dos mil contribuyentes y activamos.

 

-Los auditores de ATER renuncian a la matrícula como sucede con los de la AFIP o pueden estar en los dos lados del mostrador.

-Hay cuestiones que no son sí o no. Hay cuestiones que son legales. No están obligados. Nosotros tenemos…

 

-Háblenos de los auditores, es decir, los contadores.

-Primero, nosotros trabajamos… por ahí se puede generar una sospecha que no corresponde. Nosotros tenemos un equipo de auditores formados por profesionales, que están controlados. No es que el auditor libremente dice a quién verifica.

 

-Pero, nos referimos si es como en la AFIP que deben renunciar a sus matrículas.

-No. No hay un impedimento que los excluya. Pero, déjeme aclarar esto para que no se malinterprete… nosotros tenemos muchísimos sistemas de control. Por ejemplo, hay un área de Selección y Control que asigna los casos a un auditor; y esa área de Selección y Control verifica el cumplimiento. Después hay otras áreas que monitorean el desempeño de ese auditor. Es decir, nada está librado al azar.

 

-¿Qué porcentaje de recursos aporta ATER al Tesoro provincial?

-En torno al 30 por ciento. Tenemos los recursos coparticipados, que son el 70 por ciento y ATER representa aproximadamente el 30 por ciento.

 

-¿Por qué nunca se sabe sobre la recaudación de Ingresos Brutos de modo segmentado, es decir, por cada una de las actividades?

-Nosotros lo tenemos.

 

-No lo planteamos como una irregularidad sino como una falta de información.

-Sí. Recientemente salió un informe del CIPPEP (Nota de la Redacción: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas), que es de alcance nacional y pone la provincia de Entre Ríos al tope, como la provincia más transparente en la información fiscal presupuestaria. Nosotros tenemos abierta nuestra información, se publica tanto en la página oficial de la Provincia como en la página de ATER.

 

Ingresos Brutos

 

-¿Cómo está hoy la relación con el sector agropecuario? Porque Entre Ríos aparece como una de las provincias con mayor presión impositiva. Según los datos, el 68,3 por ciento de la renta agrícola no es para quien la trabaja. Es decir, por cada 100 pesos que genera una hectárea promedio, 68,3 pesos se van en impuestos.

-Es un tema muy interesante. La mejor forma de desarrollo de una provincia, de un país, es con la pujanza del sector privado en todos sus rubros. En primer lugar, para aclarar y llevar precisiones: en la provincia de Entre Ríos –después podemos hablar del concepto de presión tributaria global- el 92 por ciento de los productores agropecuarios -y lo digo con certezas- no pagan Ingresos Brutos, están exentos al Impuesto de los Ingresos Brutos. Y no porque lo digo yo; sino que el Código Tributario y la normativa tributaria expresamente dice que la actividad que desarrollen los pequeños y medianos productores –que representan al 92 por ciento- están exentos de pagar Ingresos Brutos. Y los que lo hacen, pagan una alícuota del 0,75 por ciento. Entonces, Ingresos Brutos el 92 por ciento no pagan. Sí pagan Impuesto Inmobiliario Rural, que es un impuesto directo, un impuesto que grava una manifestación. Y no hay otro impuesto en Entre Ríos vinculado a una actividad agropecuaria que afecte a la propia actividad. Está Ingresos Brutos, pero el 92 por ciento está exento, es decir, solo lo pagan el 8 por ciento de los productores entrerrianos.

 

-Hay cientos de hectáreas improductivas en la provincia cuyos titulares no trabajan ni miras de hacerlo de acuerdo a sus propios historiales. ¿No se puede plantear algo diferencial entre aquellos que arriesgan y los que solo conservan para sus futuras generaciones herederas?

-Ahí hay distintos tratamientos en materia de Ingresos Brutos. Por eso decía que lo de la presión tributaria es un tema muy interesante para explorarlo y en profundidad teniendo en cuenta que en este país federal conviven tres estamentos: nacional, provincial y las jurisdicciones municipales. Al nivel de lo que es en particular el impuesto a los Ingresos Brutos, claramente hay distintas actividades. Una cosa es el productor primario que desarrolla la actividad y aquel que no desarrolla la actividad y lo que hace es afectar la locación de ese inmueble. Y tiene otro tratamiento. No es que ese propietario del inmueble tribute al impuesto a los Ingresos Brutos porque no está desarrollando la actividad; lo que hace es entrar por una actividad de locación de bienes. Y en ese caso, tiene otro tratamiento tributario y no es el del productor primario que es más beneficioso.

 

Impuesto Automotor

 

-¿Por qué sigue siendo tan alto el Impuesto Automotor comparados con otras provincias como Santa Fe y Corrientes? Incluso los vehículos envejecen, pero siguen pagando cada vez más. ¿Sigue existiendo que muchos entrerrianos registran sus automotores en otras provincias como sucedía en años anteriores?

-Respecto a los que radican sus vehículos en otra jurisdicción. Nosotros, a través de la incorporación de tecnología y los procedimientos administrativos que hemos diseñado hoy tenemos procedimientos que son masivos para el control y la fiscalización. En este primer semestre hemos intimado 500 (propietarios) de vehículos de alto valor que están radicados fuera de la Provincia de Entre Ríos; y 423, es decir, más de 80 por ciento de esos vehículos ya los tenemos radicados e inscriptos en nuestros registros tributarios dentro del padrón del Impuesto Automotor. Y lo hacemos con tecnología y personal de ATER. Otro punto importante en cuanto a lo que es la determinación del impuesto, son dos cuestiones a señalar y tienen que ver con el consenso fiscal. Se viene alineando la estrategia nacional, en esto de armonizar y simplificar el sistema tributario para que haya valuaciones uniformes en todo el país. Es decir, un vehículo sedán, cuatro puertas o una camioneta en Entre Ríos o en otra jurisdicción, estamos trabajando para que tengan la misma valuación. Lo mismo en las alícuotas. Hoy se establecieron alícuotas en el consenso fiscal que nos permiten establecer, por ejemplo, se fijó una alícuota mínima que establece que ningún automóvil va a tributar por debajo del 95 por ciento de la valuación que hace la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y a su vez ninguna alícuota será inferior al dos por ciento (del valor del rodado). Esto nos permite armonizar y hegemonizar el sistema tributario nuestro. En Entre Ríos, esa valuación fiscal ya la tenemos adoptada. Los vehículos se evalúan por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y la alícuota es entre el 2 y el 3 por ciento del valor.

 

Fuente: Análisis.

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