La palabra escándalo ha sido la más usada en estos últimos días. El acuerdo entre la empresa Correo Argentino S.A. (propiedad de la familia Macri) y el Gobierno (encabezado por Mauricio Macri) tiene visos de escándalo, y abona aún más la idea que las medidas que se toman tienden a favorecer a los ricos. Es un fraude y un acto de mala fe pretender que una deuda de 2.001 tiene el mismo valor nominal en 2017, cuando ha habido en ese lapso 1.300  por ciento de inflación.

Por ANÍBAL GALLAY

El debate sobre la deuda de Correo Argentino S.A  tiene dos lecturas. Una de carácter técnico, acerca de la ley y su interpretación, y otra  sobre el papel del Estado.

Desde lo técnico la cuestión radica en el artículo 19 de la ley 24.522 de Concurso y Quiebras  sancionada en 1995. Dice un párrafo del artículo mencionado:” Intereses. La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior…”

La interpretación a favor de Correo Argentino S.A indica  que a partir de la presentación del concurso, la deuda debe quedar como está, a su valor nominal. Queda congelada, cristalizada.

Así, con esta interpretación, el Estado llegó a un acuerdo en junio de 2016.  ¿En qué consistió el acuerdo? Que Correo Argentino S.A  pagará su deuda original  es decir 296 millones de pesos. Según el acuerdo, abonará en cuotas a partir del 2018 y hasta 2033. Los intereses serán del 7 por ciento.  Para el año 2033 habrá abonado  600 millones de pesos.

La otra versión

La fiscal cuestionó este acuerdo. Sus argumentos indican que se trata de un abuso del derecho, tal como lo expresa el artículo 52 de la misma ley. Y por esta razón (y otras) el juez no debe homologar este acuerdo.

La cuestión radica en que si la deuda era de 296 millones en el año 2.001 no puede ser la misma cifra en el 2.017. ¿Por qué? Porque ha habido una inflación del  1.300 por ciento Se podría tomar otros parámetros comparativos. La fiscal considera que la deuda actualizada asciende a 4.000 millones.  Y si se pretende terminar de pagar en 2.033 la deuda llega a 70 mil millones.

Hay muchos fallos que admitieron la actualización de las deudas.  Si se mantiene el criterio de no actualizar,  constituye una burla al principio general de  hacer justicia y  además convalidar un fraude.

Demás está decir que para algunos empresarios  -inflación mediante y otros avatares económicos y financieros- el llamado a concurso y la eventual quiebra suelen constituir un gran negocio, como en este caso de la empresa Correo Argentino  controlada por Socma, cuyos dueños son los Macri.

La cuestión de fondo

Es harto interesante escuchar a gurúes de la economía y empresarios, clamar al cielo pontificando que el Estado no debe participar en el juego económico. Que solo debe garantizar la libertad. Sin embargo esos mismos empresarios estatizan sus deudas (como en 1982) o juntan millones haciendo negocios con el Estado como la familia Macri, y habrá que agregarle otro negocio fabuloso: evadir impuestos y fugar el dinero al exterior. Miles de delincuentes evasores han blanqueado por una cifra cercana a los 100 mil millones. El gobierno de Mauricio Macri, habla de sinceramiento. No fue un delito, sino una mera travesura.

Dicho de otro modo: el Estado no debe inmiscuirse en la economía, salvo que favorezca a los empresarios, claro está.

Un agregado. Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones y alma mater del acuerdo, fue interventor en la municipalidad de Corrientes, en 1999. Durante su gestión se evaporaron 60 millones de dólares-pesos. El caso fue a la justicia, que ni siquiera investigó y la causa prescribió. Para eso están los jueces amigos.

rubengallay@hotmail.com

Deja tu comentario

comentarios