El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores rechazó una pretensión de la empresa editora del matutino para que se le conceda una nueva prórroga para presentar una propuesta de pago a los acreedores. En sus argumento había mentiras que fueron destapadas por la sindicatura. Esta determinación deja a El Diario ante un futuro incierto y con la quiebra cada vez más cerca en el horizonte.
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
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El juez Ángel Moia rechazó la pretensión de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, para que se le conceda una nueva prórroga para presentar una propuesta de pago a los acreedores, e instó a la empresa a presentar las conformidades recabadas hasta el momento para la cancelación de la deuda que mantiene con más de trescientos acreedores, incluidos los trabajadores despedidos en el año 2018.
Esta determinación del magistrado deja a El Diario con las horas contadas y abre un futuro incierto.
La empresa está obligada a presentar una oferta económica a sus acreedores y deberá obtener el acuerdo de la mayoría absoluta de los acreedores dentro de cada una de las categorías (quirografarios, quirografarios laborales y privilegiados), que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría.
La empresa aduce estar en conversaciones con los acreedores y que hasta el momento ha logrado acuerdos con 64 de ellos, que representan casi el 50 por ciento del capital computable en la categoría de quirografarios y el 23,18 por ciento en la parte privilegiada, números bastante alejados de los que exige la ley.
Esta prórroga que rechazó el magistrado es la tercera que solicitaban los representantes de SAER en el concurso, ahora bajo el argumento de que le permitiría evitar que se “arrastre a la quiebra a una empresa que cuenta con posibilidades” de continuar con su actividad e incluso llegaron a plantear que “la prórroga a nadie perjudicará”, ni siquiera a los ochenta despedidos que no han percibido un peso en concepto de indemnización.
La empresa, además, pretendía que el juez se apoye en un proyecto de ley que está en debate en el Congreso de la Nación y que prevé suspensión de plazos en los concursos por la emergencia sanitaria, algo que Moia descartó de plano.
El abogado Mariano Prono, en representación de El Diario, aseguró que durante la tramitación del concurso preventivo la empresa pudo equilibrar sus cuentas en los primeros meses de 2020, pero que la situación se complicó por la irrupción de la pandemia y la cuarentena, aunque las perspectivas para 2021 son “positivas”.
Sin embargo, los contadores Mariana Cerini, José María Caviglia y Pablo Andrés Grippaldi, que actúan como síndicos en el concurso preventivo, destaparon la falacia de tales aseveraciones al señalar en un informe al juez que “la realidad es que la actividad comercial de El Diario continúa incrementando su pasivo” y que “de los informes mensuales surge el resultado negativo que se genera mes a mes, y sin alcanzar los fondos para cubrir las deudas corrientes”. Lo que dicen, palabras más, palabras menos, es que la empresa falsea la información que le lleva al juez y el propio Moia advirtió que “el cuadro de situación económica no es el planteado por la concursada en su escrito”.
El magistrado sostuvo que “las circunstancias excepcionales que, al comienzo de la pandemia, sorprendieron a la sociedad argentina fueron consideradas en ocasión de conceder la prórroga excepcional” del 20 de octubre de 2020, pero que nada le ha impedido a la empresa negociar el acuerdo con los acreedores con posterioridad. “A la fecha no existe el aislamiento social que se invoca, lo que descalifica la incidencia de las medidas oficiales empleadas para justificar el pedido de extensión del ya prorrogado período de exclusividad”, insistió el juez Moia en su resolución.
La propuesta de cancelación de deudas ha sido rechazada por la mayoría de los acreedores, como lo admitió la propia empresa. Los despedidos incluso les manifestaron a representantes de un grupo inversor que estaría interesado en adquirir la mayoría accionaria de El Diario que si la propuesta no los satisface no le temen a una quiebra.
En cambio, otros acreedores han aceptado la propuesta. En ese listado están, entre otros, el entreguista Sindicato de Prensa de Entre Ríos –aunque curiosamente dos actuales trabajadores de El Diario que conducen el gremio no la suscribieron–; el abogado Andrés Arias, el mismo que preside la empresa y en 2018 firmó los telegramas de despido; y Sebastián Etchevehere, que promovió una demanda por haber sido supuestamente despedido del diario del que es dueño. También aparece Construcciones del Paraná SA, la empresa fantasma creada por la familia Etchevehere al solo efecto de que le fueran transferidos varios inmuebles que pertenecían a El Diario y fueron retirados de su patrimonio, algo que está siendo investigado en sede penal.
Lo cierto es que el panorama de El Diario es sombrío: el juez emplazó a la empresa a presentar los acuerdos de conformidad de los acreedores para cobrar sus deudas y, si no lo hiciera, podrá declarar la quiebra sin más trámite.
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