El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Foro Ecologista de Paraná denunció que policías vestidos de civil pretenden infiltrarse en las rondas que realizan cada martes frente a la Plaza Mansilla en reclamo de una transformación del modelo agropecuario y el fin de las fumigaciones.
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
El hecho se conoció el 24 de marzo, día de la memoria, por la verdad y la justicia, a través del documento de la Multisectorial de Derechos Humanos, y fue confirmado por integrantes del Foro Ecologista de Paraná.
En el documento de los organismos de derechos humanos denunciaron un incremento de la violencia institucional y la criminalización de la protesta social de parte de la Policía de Entre Ríos y, específicamente, mencionaron que “el hostigamiento y tareas de inteligencia sobre miembros de la ronda de los martes y luchadores ambientales demuestran que la represión se muestra como un modo recurrente para intervenir en los conflictos sociales”.
Según pudo saber Página Judicial, hace algunas semanas el Foro Ecologista de Paraná remitió una nota a la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, de quien depende orgánicamente la Policía, donde se denunció la presencia de policías vestidos de civil que se dedican a seguir, espiar y filmar las manifestaciones y le exigieron el cese de esas prácticas “que nos remiten a la historia más oscura de nuestro trágico pasado reciente”.
Junto con la misiva, adjuntaron fotografías donde se logra divisar a dos mujeres a quienes señalan como “agentes civiles y no civiles de la Policía de Entre Ríos” tomando fotografías y participando de la ronda.
En la nota, que lleva la firma de Daniel Verzeñassi, el Foro Ecologista planteó que ese reclamo que realizan las organizaciones ambientalistas “se ha visto empañado por la presencia de personas de civil, patrulleros que toman fotos, vehículos sin identificar que siguen la ronda, entre otras actitudes intimidatorias por parte de la Policía de Entre Ríos sin saber qué fines o intenciones tienen” y que incluso esos hechos ya habían sido advertidos con anterioridad a la titular de la cartera de seguridad.
El jefe la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, le aseguró a la ministra que no había dispuesto ningún tipo de intervención en la ronda de los martes frente a la Casa de Gobierno.
En diálogo con el programa En el dos mil también (Radio de la plaza), Rosario Romero aseguró que tras recibir la denuncia de la organización no gubernamental se comunicó con Maslein y le ordenó “que no hubiera ningún tipo de seguimiento ni nada por el estilo”, lo que fue negado por el jefe policial, y les aseguró a los integrantes del Foro Ecologista de Paraná que todos los martes a la tarde estaría en su despacho, “a disposición para atenderlos si había alguna situación anormal”.
Desde la Policía de Entre Ríos, como era de esperar, también negaron haber hecho acciones de espionaje ilegal sobre ambientalistas. Fuentes consultadas por Página Judicial dijeron en off the record que la fuerza policial investiga en la calle, saca fotos y graba videos, siempre con autorización judicial, pero no tiene agentes encubiertos. Esa tarea la desarrolla, principalmente, la Dirección de Inteligencia, a través de agentes de calle que trabajan vigilando movimientos de personas sospechosas y averiguando datos sobre posibles actividades ilegales. Hasta ahí, el deber ser.
La ronda de los martes
El Foro Ecologista viene realizando la ronda de los martes desde hace tres años, “replicando las históricas rondas de las Madres de Plaza de Mayo”, en este caso alrededor de la Casa de Gobierno, la Legislatura y frente a los tribunales provinciales, “reclamando por una transformación del modelo agropecuario predominante en la región y el fin de las fumigaciones, que también se ha cobrado la vida de miles de ciudadanos”.
Lo que se plantea a través de la ronda de los martes es una interpelación a los tres poderes del Estado para que se establezca una ley que regulen los modos de producción y el uso de agroquímicos en los campos entrerrianos.
Desde hace varios años la entidad viene planteando la necesidad de orientar la producción hacia un modelo amigable con la salud y un ambiente sano y equilibrado. Lo ha hecho en foros de discusión, en la Legislatura y también en los tribunales. De hecho, un amparo ambiental promovido por el Foro Ecologista de Paraná estableció la prohibición de realizar fumigaciones aéreas en los alrededores de las escuelas rurales y motivó furibundas protestas de productores y el dictado de un decreto que establece zonas de restricción para la aplicación de plaguicidas en los campos entrerrianos, que está vigente a pesar de las objeciones judiciales que en su momento hizo el Foro Ecologista.
En Entre Ríos, el uso de agroquímico se rige por una norma de la dictadura. La Ley de Plaguicidas Número 6.599 fue sancionada en 1980 –tiene la firma del interventor militar Carlos Enrique Aguirre–, aunque ha tenido reformas en los últimos años. Establece que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros” y prohíbe “la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”.
Hace algunas semanas, en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Gustavo Bordet admitió que “la regulación de los agroquímicos es una materia que está pendiente en Entre Ríos”.
Incluso el año pasado el mandatario había instado a la conformación de una comisión bicameral para discutir “con un amplio consenso de todos los sectores” una nueva ley que reemplace aquel decreto firmado ante la “emergencia” que planteaba el fallo judicial. Pero esa convocatoria resultó en un fracaso y ahora Bordet anunció que enviará un proyecto de ley para discutir el tema, ante la necesidad de que la provincia “debe contar con una ley que proteja la salud de las personas y que permita a su vez al productor llevar adelante las tareas de manera responsable, sin que genere perjuicio” y que a su vez “regule el uso de los agroquímicos”.
Ese es el contexto en el que surgieron las rondas de los martes que desde hace tres años realizan los colectivos ambientales en la Plaza Mansilla. En la nota a la ministra instaron al cese de los hostigamientos “que nos remiten a la historia más oscura de nuestro trágico pasado reciente” y lo hicieron invocando el derecho de manifestarse y deber del Estado de garantizar “un entorno propicio” para ello.
Por inteligencia se entiende, según la definición de la vigente Ley Nacional de Inteligencia, a la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación; pero prohíbe taxativamente el espionaje interior sin la orden de un juez. Pese a ese impedimento, la Policía echa mano al fisgoneo en bases de datos privadas conjugadas con búsquedas en redes sociales para dar con potenciales personas en conflicto con la ley penal.
La pregunta que surge entonces es si efectivamente existe en la Policía de Entre Ríos una estructura que se dedica a seguir, espiar y filmar a organizaciones y dirigentes sociales. En ese caso, cabría preguntarse si los ambientalistas representan un riesgo o amenaza para la seguridad pública, algo que ha sido negado por la ministra, y si esas acciones han sido autorizadas por algún juez.
En cualquier caso, es imperioso investigar un hecho grave y, en ese caso, quién dio la orden de espiar a ciudadanos que no eran sospechosos de ningún delito.
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