El Gobierno provincial recibirá en las próximas horas a representantes de entidades agropecuarias y de organizaciones ecologistas a raíz del amparo ambiental contra las fumigaciones. “Nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones ambientales posibles”, afirmó el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes.
“Tengo instrucciones del Gobernador de ser muy serios con esta temática que además es muy compleja. Por eso vamos a reunirnos con los organismos técnicos que intervienen en esta materia, así como también con las entidades que nuclean a los productores agropecuarios y las organizaciones ambientales”, precisó Rodríguez Signes.
El funcionario, quien lleva adelante la representación legal de la Provincia, explicó que “el amparo es un procedimiento excepcional muy breve, donde las posibilidades de probar los hechos que se invocan en la demanda y la contestación son prácticamente nulos”.
Además, “la decisión del juez involucra decisiones de tipo administrativas” por lo que “consideramos que hay una intromisión del Poder Judicial”, expresó en referencia a las distancias establecidas por el juez para las fumigaciones y el plazo de dos años para crear barreras vegetales. En ese marco sostuvo que su función tiene que ver con “que haya límites entre lo que es la función judicial y lo que es la función administrativa”.
En ese sentido, expresó que “la apelación responde a un principio por el cual no podemos dejar firma una sentencia de primera instancia en un tema tan sensible” y por lo tanto “ponemos el tema a consideración del máximo tribunal que hay en la materia, que es la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia”.
“Esto no significa que estemos en contra de la protección ambiental”, remarcó Rodríguez Signes y agregó: “Como está planteada la sentencia genera más problemas que soluciones”, agregó tras anunciar que recibirá a todas las partes involucradas este jueves para analizar las medidas.
El Fiscal de Estado recordó que la provincia tiene hasta el viernes por la mañana para presentar la “expresión de agravio” y trajo a colación también la “gran preocupación de los productores agropecuarios”.
“No queremos que este tema se traduzca en que la provincia está en contra de la protección ambiental. El asunto es cómo lo hacemos de una forma racional. Si los jueces van a decidir por la administración pública, se complica. Entendemos que no es la función judicial, ni que esta sea la forma de decidirlo porque la acción de amparo es muy breve en cuanto al trámite. Son días corridos”, subrayó.
REPUDIO AMBIENTALISTA
Tras conocerse la decisión del Gobierno provincial de apelar el fallo que prohíbe fumigar a menos de mil metros de escuelas rurales, organizaciones ambientalistas nucleadas en “Basta es Basta” emitieron un comunicado en el que califican de “indignante” la postura adoptada por la gestión de Gustavo Bordet.
Este lunes se conoció que la Cámara Civil II, a cargo de Oscar Benedetto, hizo lugar parcialmente a un amparo ambiental promovido por Agmer y el Foro Ecologista para impedir las fumigaciones sobre los establecimientos educativos en áreas suburbanas de la provincia de Entre Ríos.
En consecuencia, y luego de la decisión del secretario de la Producción, Álvaro Gabas, el Gobierno provincial decidió apelar el fallo judicial, la cual fue materializada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que recurrió el fallo ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ)
Ante ello, y a través de un comunicado, ambientalistas nucleados en “Basta es Basta”, mostraron su indignación y calificaron como “indignante” la actitud de apelar la decisión de la Justicia entrerriana “que protege a las comunidades de escuelas rurales de las fumigaciones”.
En este sentido, indicaron que “Entre Ríos es la provincia de donde proviene el 55 por ciento de todos los enfermos de cáncer del país”, y que la Justicia entrerriana, “al aceptar el recurso de amparo presentado desde los movimientos socioambientales, admitió que resulta urgente frenar la intoxicación por químicos de la población que afecta principalmente a niñas y niños”.
“Vergüenza debería darle que fuera la Justicia quién deba interpelarlos en defensa de la salud de la niñez”, indicaron desde la Coordinadora ¡Basta es Basta! Además, insistieron en la necesidad de convocar a una reunión “para una inmediata respuesta a la situación, que pone en peligro incluso a sus propias familias y a la de quienes nos ahogan en agrotóxicos cada día”.
En el duro comunicado, también interpelaron a Gabás, a quien le cuestionaron para qué y para quiénes gobierna: “¿Para que pocos ganen dinero a costa de nuestra salud ¿Para que fumiguen a las gurisas y los gurises en las escuelas por privilegiar ganancias privadas?”, se cuestionaron al tiempo que agregaron: “ Usted y sus seres queridos acaso viven en otra provincia? Usted se debe al pueblo de Entre Ríos, su trabajo debería consistir en encontrar una matriz productiva que permita la vida, no de ganancias para pocos y muerte para la mayoría”.
Asimismo, insistieron en que Bordet retire la apelación de la Justicia: “La responsabilidad suya ahora es tomar las acciones para revertir este triste asunto que ejecutó su gobierno”.
“Todo lo logrado fue en base a la movilización de las poblaciones afectadas y no vamos a permanecer inmóviles ante esta acción. Construimos otro modelo, con soberanía alimentaria y salud de los pueblos y de la tierra. Cada vez somos más quienes nos encontramos por una vida sin agrotóxicos y por una producción campesina sin venenos: agroecología”, advirtieron.
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