El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El próximo jueves 19 comenzarán las audiencias en el juicio por narcotráfico que involucra al intendente de la capital provincial, Sergio Varisco, al supuesto capo narco Daniel “Tavi” Celis y más de treinta imputados más. El tribunal que los juzgará estará integrado por Lilia Carnero; Noemí Berros y Roberto López Arango, con José Candiotti al frente de la Fiscalía.Habrá más de 20 defensores en las audiencias.
En las audiencias se debatirán dos causas: una es “Celis, Miguel Ángel y otros” y la restante “Lemos, Luciana; Gómez, Juan Manuel; Heintz, Jonathan Jesús; Figueroa Lagos, Wilber y otros”, ambas por infracción a la ley 23.737 que estableció duras penas para el narcotráfico y sus actividades conexas.
El primero de los expedientes es el que se conoció como la causa “de la avioneta” iniciada a partir del descubrimiento de la avioneta que aterrizó con más de 300 kilos de marihuana en Colonia Avellaneda en 2017 y la restante es la que se inició un año después, en la que se descubrió el supuesto involucramiento de Varisco; el concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira (detenidos desde junio del año pasado) con la banda de Celis.
Las audiencias se realizarán en la sede de la Justicia Federal de calle 25 de Mayo, donde habrá un gran despliegue de fuerzas de seguridad federales (Policía Federal; Gendarmería y Prefectura).
Ya que habrá más de 30 acusados en las causas, a los se sumarán 23 abogados defensores, los representantes de Fiscalía y el personal de apoyo del Tribunal, se establecerá un lugar para seguir las instancias del juicio desde el edifico de calle Urquiza vía videoconferencia.
Para la cobertura ya hay acreditados 35 medios provinciales y nacionales, entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos.
Las audiencias se realizarán este jueves 19 y viernes 20 de septiembre sobre el mediodía y continuarán el lunes y martes de la semana próxima. Las estimaciones indican que estos cuatro días estarán dedicados a la lectura de las acusaciones (el texto es tan extenso que está previsto que haya tres personas del Tribunal abocados a la lectura) y al planteamiento de incidentes previos por parte de las defensas que el Tribunal deberá resolver, publicó APF.
La ley contra el narcotráfico prevé sanciones de hasta 20 años de cárcel para quienes se involucren en este negocio ilícito.
El mecanismo
La instrucción de las causas que serán juzgadas en conjunto estuvo a cargo del juez Federal Leandro Ríos, quien elaboró desde el inicio un organigrama de funcionamiento de la banda.
En el primer escalón, para el Juez Federal, estaría “Tavi” Celis quien fungiría como “organizador de las operaciones de comercio del estupefaciente” además de “coordinar las diferentes adquisiciones del tóxico señalado con el objetivo final de su distribución y venta, y dirigía vía telefónica a sus asistentes y colaboradores mediante la permanente impartición de órdenes de diferente tenor y alcance, relativas a la ejecución del acuerdo”.
Este “acuerdo” al que hace mención el Magistrado se habría celebrado entre “Tavi” y Varisco, a quien secundaron el concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad del Municipio Griselda Bordeira, con el fin de financiar el comercio de estupefacientes. Lo curioso es que este entendimiento se habría producido, según la reconstrucción del Magistrado, durante los primeros días de septiembre de 2017 (presumiblemente, el día 5) es decir, dos meses después de que Varisco, Hernández y Bordeira fueran a testimoniar ante Ríos en la causa de la avioneta con marihuana caída en Colonia Avellaneda.
El Juez entendió, además, que “Tavi” Celis desde la cárcel coordinó desde “la adquisición y traslado del tóxico, el control de su cantidad y calidad, su resguardo, sus correspondientes precios de venta y modalidades de pago y, por último, decidía acerca de la identidad de las personas que lo adquirirían, aceptando algunos y rechazando otros”.
Financiación y provisión
En un segundo escalón estarían el intendente Sergio Fausto Varisco y Wilber Figueroa Lagos, alías “Tío” o “Pariente”.
En la apreciación del Juez Federal, Varisco “con la asistencia y colaboración del concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira, a partir del acuerdo mencionado, proporcionó periódicamente los recursos económicos necesarios en favor de Daniel Andrés Celis para la adquisición y comercialización de estupefacientes –cocaína–, por intermedio de los empleados municipales Ernesto Ramón González y/o Alan Nicolás Viola y/o Luciana Ernestina Lemos, y/u ocasionalmente de terceras personas cuya identidad aún no ha podido establecerse”.
“Además, Sergio Fausto Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Noemí Bordeira y Ernesto Ramón González adquirieron, entre los días 20 de abril y 2 de mayo de 2018, la cantidad de al menos 6 panes o ladrillos de cocaína al precio de entre $150.000 a $165.000 por cada uno de ellos, con la finalidad de distribuirlos en la ciudad de Paraná y Concordia”, precisó Ríos en la lectura de la imputación.
Sobre “el tío” Figueroa Lagos, el Magistrado consideró que es quien proveería la droga a la banda operando desde la ciudad de Buenos Aires. La llegada a Paraná de los estupefacientes, entendió el Juez, se pudo haber producido de dos maneras: directa, con el propio Figueroa Lagos llegando a Paraná a los triplex que hay en el predio de la casa de Celis, o de modo indirecto, utilizando a un grupo de “mujeres de mediana edad”, cuya identidad Ríos aún no tendría confirmada.
El tercer escalón
Luciana Ernestina Lemos es la ex pareja de “Tavi” y, con el hermano del narco, Eduardo Celis”, conformarían la tercera línea de la estructura de la banda, junto a Bordeira y Hernández.
Según la reconstrucción del Magistrado, Lemos “asistía y colaboraba bajo las órdenes de Daniel Celis” encargándose de la adquisición del estupefaciente a Figueroa Lagos de forma directa o por la intermediación del grupo de mujeres desconocidas. Así también tenía asignada la “venta, distribución y recaudación del dinero de las comercializaciones del tóxico producidas”, consideró Ríos.
La esposa de “Tavi” Celis debía a su vez comunicar a su esposo con el hermano Eduardo “transmitiendo órdenes del primero hacia el segundo”, precisó el Juez Federal.
Periódicamente, además, debía proveer al resto de la banda de “aparatos de telefonía celular, como así también de chips telefónicos, con la finalidad de renovar de manera sistemática, íntegra y regular la aparatología con la cual la organización se contactaba, todo ello con la finalidad de no ser descubiertos”.
Por último, Lemos “tenía por función mantener la comunicación entre Daniel Celis y el Intendente de la ciudad de Paraná Sergio Varisco, mediante el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí Bordeira, de manera permanente, fluida y secreta, en especial en lo referido a los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios municipales adquirían, en particular los días 1/12/2017 y 27/4/2018”, sostuvo el Magistrado.
Eduardo Celis por su parte “se encargaba del almacenamiento del tóxico por brevísimos lapsos de tiempo en su domicilio y en fincas cercanas, todos ubicados en el Barrio Antártida Argentina de la ciudad de Paraná. Colaboraba en la distribución del tóxico, todo bajo las órdenes de Daniel Celis, por su indicación directa o por intermedio de Luciana Lemos. En ocasiones asumía la función de venta del tóxico con precio diferencial”.
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