El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez de Transición Nº 2, Dr. Gustavo Maldonado, pidió el desafuero de los diputados provinciales Sergio Urribarri -presidente de la Cámara Baja- y Pedro Báez, en el marco de la causa en que se investigan irregularidades en el manejo de la publicidad oficial durante la administración urribarrista.
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El oficio ingresó este martes en la Cámara respectiva, donde deberá seguir el trámite legislativo en que se analizará si se da curso o no. A fin de abril el Tribunal de Apelaciones compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, había rechazado los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas del ambos imputados, y confirmó el auto de procesamiento dictado por el juez que ahora pidió los desafueros. La causa se inició a raíz de una denuncia del dirigente radical Jorge D´Agostino, en 2013, y busca determinar las responsabilidades en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el presunto direccionamiento de un contrato de publicidad a favor del empresario Germán Buffa.
Casi cinco años después de la denuncia, el juez Gustavo Maldonado decidió procesar a principios de marzo a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Germán Buffa, y los dejó camino a un nuevo juicio por un delito de corrupción, que se les suma -en especial a Urribarri y Báez, ambos con fueros legislativos hasta el 11 de diciembre de 2019- a una larga lista de hechos por corrupción en el Estado entrerriano.
El año pasado, cuatro años después de la denuncia de D’Agostino, la fiscal Viviana Ferreyra había imputado a los tres en cuestión y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para febrero.
La denuncia de D’ Agostino advertía que el gobierno de Urribarri adjudicó 1 millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con 200.000 pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos. La imputación precisaba que siendo Urribarri gobernador, y Báez director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011, según una síntesis publicada por el sitio Entre Ríos Ahora.
El primero era bajo la consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de 118.000 pesos. Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la Fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los 118.000 pesos se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
Audiencia y confirmación
El 20 de abril último, tras la apelación presentada por las defensas de Urribarri y Báez, se realizó la audiencia donde las partes expusieron sus argumentos. Allí, según registró este medio, las fiscales Matilde Federik y Patricia Yedro solicitaron al Tribunal de Apelaciones que rechace la apelación. “Claramente esta empresa –Global Means- pertenece, al menos, al señor Báez”, fustigó Federik en sus alegatos en relación a cuál habría sido el interés de los ex funcionarios para direccionar el contrato de publicidad de un monto de 118 mil pesos.
La novedad fue la acusación de la fiscal Federik en relación al interés que habría tenido Pedro Báez en direccionar la publicidad a la empresa Global Means. “Está claro que orientaron la maniobra hacia un fin determinado que era contratar con esta empresa. Pero, ¿por qué con esta empresa? Porque entendemos que existe prueba que nos permite sostener la relación directa entre Global Means y Báez”, expresó la fiscal mientras le respondía los argumentos a los abogados defensores.
Luego, a fin de abril el Tribunal de Apelaciones rechazó los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas del ambos imputados, y confirmó el auto de procesamiento.
Fuente Análisis Digital
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