El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El procurador General Jorge García, mantuvo la acusación contra el juez de Trabajo N°1 de Concepción del Uruguay, Eduardo Flores, por la denuncia sobre malos tratos laborales contra la exsecretaria Natalia Bordín. Consideró que la declaración de la denunciante es creíble y huelgan los indicios sobre la veracidad de su relato, a su vez, corroborado por los testimonios de los empleados del Juzgado, incluso aquellos que se mostraron a favor del juez.
Por N.B. de ANÁLISIS
García no opinó igual sobre la denuncia que hicieron los abogados Matías Melgares y Amadeo Fernández sobre supuestas decisiones arbitrarias, en dos procesos que tramitaron en el Juzgado de Trabajo N°1.
Flores fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento que componen los representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Verónica Mulone y Luis Leissa; los legisladores Armando Gay y Gustavo Zavallo y los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Daniel Carubia, Gisela Schumacher y Leonardo Portela. El juez es asistido por los abogados Miguel Cullen y Patricia Valín.
La semana pasada, cuando se produjo la prueba en el enjuiciamiento, pasaron cerca de 30 testigos que declararon en torno a las denuncias por supuesto mal desempeño.
"No dudo que toda esta lamentable situación de violencia laboral, hubiese sido distinta si se tratara de secretarios varones", subrayó García en distintos tramos de su alegato. La violencia laboral denunciada por la exsecretaria Bordín es la causal por la cual el procurador terminó pidiendo a los jurados que destituyan al juez.
A diferencia del procurador, los abogados defensores de Flores, Cullen y Valín, reclamaron al Jurado que no destituya al magistrado. Ambos reditaron los argumentos que dio el propio Flores durante su declaración el jueves pasado, en cuanto a la inconsistencia de la denuncia por supuesta arbitrariedad en dos sentencias y, sobre la segunda causal, aseguraron que no hubo maltrato a su exsecretaria sino que estando en funciones ella "paralizó" expedientes.
En efecto, ya no hay mucho para evaluar sobre la denuncia por presunto mal desempeño de los abogados Melgares y Fernández, dado que el procurador decidió no sostener la acusación en relación a esa causal. Los jurados sí tienen, desde mañana, 30 días para analizar el pedido de destitución sobre el supuesto maltrato laboral, encuadrado en el Artículo 15 de la ley 9.238, inciso 9, incorporado por la ley 9513.
“Los casos denunciados por los abogados no tienen entidad”
“En Rossi (Carlos, juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú) y Salem (Sebastián, exjuez de Paz de Gualeguay) el concepto de mal desempeño es central. Específicamente hay dos conceptos, uno genérico que culmina en uno subsidiario. En estos precedentes llegamos a la conclusión que el concepto de mal desempeño es un desvío de poder, se trata de conductas que sin alcanzar calidad de delito, significan un quiebre grosero de tareas de rol de magistrado”, argumentó el procurador.
Afirmó que tal desvío de poder, a su entender, no está acreditado respecto de las sentencias cuestionadas de Flores. “Se pueden ver opiniones erradas, revocadas por instancias de control y lo que puede ser pura arbitrariedad, puro desvío de poder”, planteó y retomó los expedientes mencionados por los letrados de Concepción del Uruguay en su denuncia.
“El primero se limita a dos fallos. La discusión abarcó una cantidad de procedimientos a los que los denunciantes como el magistrado y los testigos, se refirieron con larguesa. Pero el centro de la imputación son dos fallos: ‘Casaretto’ y ‘Sánchez contra Gómez’. El primero no hizo lugar a un despido por justa causa contra un trabajador, por amenazas y agresión a su empleador. El magistrado, además, impuso costas a letrados. Y según los abogados, Flores habría dicho que habrían incurrido en estafa procesal. La Cámara de apelaciones revocó la decisión con un margen de dubitación, pero quedaron firme las costas a letrados. El fallo de primera instancia se limitó a decir que la parte actora intentó engañar a la judicatura porque el trabajador no estaba presente los días del incidente con su empleador y eso fue contrario una con pericia. Es decir que ocultaron una injuria laboral, una maniobra dirigida a confundir a la judicatura en relación a malicia procesal. Pero en ningún momento el juez habló de estafa procesal, tiene razón Flores en ese sentido”, manifestó García.
El procurador evaluó después que “en el segundo pleito denunciado” ante el Jurado de Enjuiciamiento, los abogados agregaron una recusación contra el juez. “Esto se reitera en muchos casos. Reiteradamente invocaron animosidad, el tribunal dijo claramente que el fallo no comprometió la imparcialidad. En el fondo del asunto, el fallo revocó la condena contra Gómez y la contratista porque no se probó una relación laboral. En audiencia (la semana pasada) inquirimos al letrado porque podían ellos formular la denuncia y letrado nos contestó, que es prácticamente confesión, que ni ellos estaban seguros porque tenían miedo al daño y perjuicio. Pero si el delito del que hablan es plausible, no hay posibilidad de una demanda del juez a los abogados por daños y perjuicios. Ni ellos tenían seguridad del delito, por eso pedían que se corra la vista. Esto es suficiente para que a nuestro juicio se dé causal de mal desempeño en dos fallos cuestionados”, alegó.
García marcó que, además, se cuestionó y discutió por otras situaciones conflictivas que dieron daban lugar a 16 recusaciones contra Flores por enemistad que fueron rechazadas.
“La gran mayoría de los casos que los abogados presentaron en el Juzgado tuvieron sentencia favorable. Ninguno de los testigos que declararon, hablaron mal de Flores por sus decisiones. Los casos endilgados por los abogados no tienen entidad alguna para provocar una mantención de la acusación por esa causal”, sintetizó.
“No dudo en afirmar que si no hubiesen sido mujeres, la cosa hubiese tramitado por otros carriles”
Así lo entendió García al evaluar la denuncia y los testimonios sobre las situaciones violentas que se produjeron en el marco de relaciones laborales de algunas empleadas del Juzgado de Trabajo N°1 y el magistrado Flores. En efecto, se refirió a la exsecretaria Bordín y a las exempleadas del Juzgado, Lara Goycochea y Laura Nomellini. La primera renunció a su cargo de secretaria interina y su cargo titular en el Poder Judicial, y Nomellini y Goycochea salieron del Juzgado a partir de una intervención de la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER).
“Hasta junio o julio de 2021, el desempeño de Bordín en la Secretaría fue impecable, fueron todo elogios, acompañamientos del magistrado para dar clases, todo fue en un buen ámbito y clima, en equipo, con dinamismo. En la feria de 2021 hubo un quiebre e inflexión. El punto, como sabemos, es que la secretaria se opuso al proyecto de reglamento para empresas, que ella consideró no admisible éticamente para el rol de un juez”, recordó García.
“Esto generó una ruptura, una situación de quiebre absoluto de la relación armoniosa del magistrado con la secretaria, y apareció una situación que se denunció y fue ratificada por todos los empleados, no solo Nomellini y Goycochea, sino todos admitieron que algo se rompió y cambió. Y acá vino la acusación de Bordín. Dijo que su oposición generó violencia en el magistrado que al ignorarla, desmereció su tarea, la excluyó de las jornadas de trabajo. Esto la llevó a una angustia, al pánico, llantos. Y finalizó con la renuncia que se concretó el 1 de febrero de 2022 y se aceptó el 6 de mayo de 2022”, agregó.
Para García la situación “tiene que ver con un trato discriminatorio y represalias con la secretaria suplente, algo que continuó después de su renuncia, constitutivo de violencia y maltrato psicológico enmarcado en la 27.520 que aprobó un convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en trabajo”.
“Para el mantenimiento de la acusación hablamos de certeza forense, en el sentido que hay elementos convergentes, de inducción que se reconstruyen, los indicios que quedaron, las pruebas del hecho que se atribuyen tienen que ser convergentes y deben llegar a un juicio de certeza que no es de las ciencias duras, pero también puede predicarse en el mundo moral”, alegó.
Resaltó que Bordín no exhibió nada criticable respecto de su denuncia, incluso mantuvo su agradecimiento al magistrado por haberle permitido crecer. Contó que “hubiera querido mantenerse en el cargo del Poder Judicial y lamentablemente todo terminó así, abruptamente. Ni en esta situación, ni Nomellini ni Goycochea, trataron estas cuestiones como algo de género”, marcó. Sin embargo, no dudó en afirmar que “si no hubiesen sido mujeres, la cosa hubiese tramitado por otros carriles y no hubiésemos llegado acá”.
El procurador señaló la situación de angustia y afectación psicológica expuesta en el proceso, con el punto neurálgico el miércoles de la semana pasada, cuando declaró la propia denunciante. “La afectación psicológica fue corroborada por la licenciada Leiva (psicóloga de Bordín), pero el desborde psicológico que originó la situación con Flores fue corroborado también por todos los testigos”, subrayó García.
Además remarcó que la psicóloga descartó otras causas posibles que motiven el quiebre emocional de la denunciante. “No es una persona que traía ambigüedad psíquica, algo patológico, la situación de angustia está vinculada al estrés laboral. La psicóloga le aconsejó que no renunciara, que se quedara con el puesto y ella quiso salir de ese lugar por la magnitud de la angustia y el pánico”, expuso.
El procurador mencionó la situación denunciada con la esposa de Flores en el estudio Aguet de Concepción del Uruguay. En la misma línea recordó detalles sobre la ruptura entre Flores y el esposo de Bordín y puntualizó que pese a que no son objeto de la denuncia ni constituyen causales para pedir la destitución del magistrado, se trata de situaciones importantes porque hacen a la credibilidad de los relatos.
“No sabemos si es válido o ético que un magistrado asesore a empresas que litigan en el ámbito de su Juzgado”, dijo García en referencia al reglamento o protocolo que ideaba Flores para empresas y que motivó una ruptura en la relación con su secretaria Bordín.
No pasó por alto hacer una mención sobre el testimonio de Granton (Brenda, exsecretaria que reemplazó a Bordín en sus tareas). “Tuvo un testimonio reticente. Tuve que pedirle que explicara, que no se limite a decir si y no. Aun así, Grantón, (Stella Mary) Rugier, Nomellini, (Maximiliano) Caffa y Goycochea, todos dijeron que algo cambió en la relación entre Flores y Bordín. Hablaron de incomunicación entre el juez y la secretaria”, resaltó.
“Nuestra conclusión es lamentablemente asertiva y tiene alguna analogía con el caso Salem, en la idea de represalia con una denuncia fiscal desacoplada. A diferencia de Salem, el magistrado aquí ha sido unánimemente reconocido como idóneo para el cargo. Nunca se me hubiera ocurrido que una exsecretaria y exempleada no pueda visitar a sus compañeros de trabajo, saludarlos ¿pensar que eso genere alguna irregularidad? Es algo totalmente normal. Por supuesto que si se queda toda la mañana es otra cosa, pero si pasa a saludar, no tiene ninguna irregularidad. Tampoco creemos que haya algo malo si la persona va cuando el magistrado no está”, dijo García.
Por último, habló de las reacciones exorbitantes de Flores ante la situación con Bordín. “Pocas veces vi un juicio por la división de una lancha. Pero bueno, puede existir. Sus compañeros se lo preguntaron a Bordín cuando ella pasó a verlos. Ahí no existió de ninguna manera el delito de amenazas. ¿Alguien puede imaginar a Bordin como un sujeto activo de amenazas? La reacción es exorbitante, hay una sobreactuación vinculada a lo disciplinaria en su Juzgado. La reacción de enojo, incluso la empleada Loggio, dijo que los reunió y los retó. La reacción no fue explicar a empelados que no le gusta que entre una persona con la que no acuerda, sino que la reacción fue violenta y por eso Nomellini y Goycochea fueron invisibilizadas, se les cortó el trato y dijeron que iban a ser sumariadas. Habiendo visto lo que pasó con Bordín, recurrieron a AJER”.
“No cometan la injusticia de destituir a un juez que honra el cargo”
Los defensores de Flores pidieron al Jurado que no lo destituyan. “No concuerdo con Fiscalía en el mal desempeño en relación a la denuncia de la doctora Bordín. Como mujer me conmovió, no quisiera que nadie sienta como ella, pero no podemos atribuir todo lo que ella dice que pasó al doctor Flores. Atestiguaron los siete empleados del juzgado, nadie manifestó violencia laboral, maltrato, algún acontecimiento que a ellos les hubiese molestado. Creo en todo lo que dijo la doctora Bordín y lo que siente, pero no le podemos atribuir todo a Flores. Eran dos familias amigas, en marzo de 2021 ella empezó con problemas de atraso de expedientes, en octubre dos más, en noviembre otro. En ese contexto, el doctor Flores se peleó con su esposo ¿cómo ella no iba a estar angustiada? Estaba atrasada con el trabajo, su jefe la retó. Lamento que la doctora no haya podido manejar la situación con terapia para salir adelante”, alegó Valín en primer término.
Después contó una anécdota personal y refirió al ideal que tiene de juez. Aseguró que Flores para ella misma, es el ideal de juez y sería una injusticia si lo destituyen.
Cullen, el último en alegar, minimizó la situación y aseguró que el mal desempeño funcional no es “no cualquiera mala conducta, ir despeinado o sin corbata”. Diferenció este caso con la destitución de Salem. “Tenemos un juez que se preocupa para que las causas no estén paralizadas, que hizo que las causas se resolvieron como corresponde, un juez que impidió doble pago con demandas calcadas presentadas en distintos lugares, que permitió que una nena con discapacidad tenga una silla de ruedas que Iosper que no quería entregar”, afirmó.
“No hay una causal para destituir a Flores. No hay una sola palabra, un solo mensaje que haga pensar que estamos ante violencia o acoso laboral, que nos haga pensar que estamos ante el Artículo 2 de la Ley 9.671 de violencia laboral”, indicó.
El defensor sí dijo que la violencia sí fue ejercida de abajo para arriba, es decir por parte de la secretaria al juez. “Flores es un juez que resolvía causas en 9 meses, una paralización de un año es algo grave, exagerado hubiese sido hacer un sumario”, contestó al procurador. “En lugar de pedir que ella se vaya del cargo interino, le pidió que haga un informe sobre las causas paralizadas. Él estaba viendo un retraso y morosidad, se había minado la confianza, le pidió un listado y eso generó esto. Según los dichos de Bordín, él le dijo no lo podés hacer callada la boca. Estamos en un jury por eso, pese a reconocer que estamos ante un juez excelente, que no está puesta en duda la idoneidad”.
El abogado también sacó a relucir supuestos acontecimientos que no se ventilaron en el enjuiciamiento, comparó a la denunciante con “Caperucita, pero no despectivamente sino como alguien desvalido que se enfrenta al lobo” y pidió que no se lo mal interprete. “Pobre Grantón -dijo después-, porque tuvo la osadía de decir que cuando tomó Secretaría encontró un desastre y cometió un tremendo error de decir que Flores denunció a Bordín ante el STJ, cuando en realidad Flores informó. Eso sí que es violento, pedirle a alguien que diga por qué dejó el cargo cuando Flores se fue”, espetó a la contraparte.
Por último preguntó por qué “no activó el protocolo del Poder Judicial respecto de la violencia de género” y reiteró supuestos errores laborales de Bordín. “No albergo ninguna duda que quedó demostrado, a raíz de este proceso, que Eduardo Flores hace honor al cargo que detenta y esta provincia tiene el privilegio de tenerlo como juez. No cometan la injusticia de destituir a un juez que honró el cargo para el que fue nombrado. Debe desecharse acusación”, pidió e hizo reserva de acudir a la CSJN “si deciden destituirlo haciendo eje que en cuestiones que no fueron motivo de acusación y denuncia”.
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