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El juez Roberto López Arango hizo lugar a un recurso de reposición presentado por las víctimas de un represor de la última dictadura a quien se le había concedido la libertad condicional y escuchará lo que tienen para decir al respecto.
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(*) Por Juan Cruz Varela
El Moscardón Verde, alias del sanguinario Julio César Rodríguez, deberá esperar para obtener una simbólica libertad condicional. Es que el juez Roberto López Arango, del Tribunal Oral Federal de Paraná, hizo lugar a un recurso de reposición y escuchará lo que tienen para decir al respecto las víctimas del represor.
Rodríguez lleva más de diez años detenido, cumpliendo una condena de quince años que le impuso el tribunal oral por allanamientos ilegales de domicilios, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos a estudiantes secundarios y militantes populares en 1976, y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes.
El juez le había concedido la libertad condicional; pero ahora, a pedido del abogado Marcelo Boeykens, representante de un sobreviviente de la dictadura, hizo lugar a un planteo de reposición y accedió a revisar su decisión.
Lo que pedía Boeykens, citando la “ley de víctimas”, era que se les reconociera “el derecho a expresarse y que sus consideraciones sean tomadas en cuenta por el tribunal” previo a tomar una decisión respecto de la libertad condicional. También el fiscal general José Ignacio Candioti sostuvo que “luce fundada y le asisten razones objetivas” al representante de las víctimas en su reclamo al tribunal.
El juez también admitió la omisión. Explicó que el Moscardón Verde fue condenado el 4 de abril de 2013 y la “ley de víctimas” entró en vigencia a partir del 13 de julio de 2017, es decir, cuatro años después. Ese fue el motivo por el cual se incumplió con lo establecido en cuanto a que “durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a (…) libertad condicional”. En cambio, dijo, el Código Procesal Penal de la Nación no le da intervención a la parte querellante.
López Arango reconoció que su resolución anterior, aquella que le concedía la libertad condicional al represor, omitió notificar a la víctima y resaltó que “la propia ley que regula el derecho de las personas víctimas del delito, determina que debe informarse la iniciación del trámite a efecto de oírse las necesidades de todas las víctimas” y “la resolución impugnada no estuvo precedida de la debida sustanciación”. Por eso, dio marcha atrás.
¿Significa esto que el represor no podrá acceder a la libertad condicional? De ninguna manera. Por el momento se notificará a César Román, Juan Carlos Romero, Juan Carlos Rodríguez y Carlos Martínez Paiva, víctimas del Moscardón Verde, de su pedido para que se le conceda la libertad condicional.
El abogado Boeykens ha adelantado que se opondrá al beneficio en virtud del riesgo que podría implicar para las víctimas que se le conceda la libertad ambulatoria (condicional) a una persona que ha sido condenada por crímenes de lesa humanidad y genocidio. “La gravedad de los hechos que motivaron la condena de Julio César Rodríguez, crímenes de lesa humanidad en el marco del segundo genocidio nacional, es una pauta objetiva que debió el juez tener en cuenta para extremar las medidas precautorias para evitar un peligro para las víctimas del proceso”, expuso el letrado.
Pero eso es materia de la discusión que se viene de ahora en adelante.
De todas maneras, el Moscardón Verde no quedará en libertad porque está imputado en otra causa por haber formado parte de una asociación ilícita que secuestró y torturó a militantes del Partido Comunista de Concepción del Uruguay.
(*) Nota publicada en Página Judicial este 4 de junio.
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