El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En Paraná se está desarrollando la audiencia oral y pública en la sede del Tribunal Oral Federal. Buscan determinar las responsabilidades del ex agente de la Policía Federal de Concepción del Uruguay, José Darío Mazzaferri, en la comisión de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Declararon los dos testigos uruguayenses como constató El Miércoles Digital. También lo hizo el acusado y negó todas las participaciones que le imputan.
En principio se realizó la lectura de elevación a juicio con todas las acusaciones a Mazafferi y las distintas pruebas que obran en la causa. Luego pasaron a un cuarto intermedio de cuarenta minutos.
La audiencia duró seis horas y media.
Comenzó con la lectura de la remisión a juicio y el detalle de los siete casos en los cuales se ha avanzado en determinar que Mazzaferri participó de manera activa en detenciones y allanamientos ilegales, torturas a través de distintos métodos y asociación ilícita en el marco de lo que fue el plan sistemático de exterminio llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante el golpe cívico-militar. Después llegó el turno de la declaración del imputado que negó rotundamente haber participado de hechos que constituyen delitos de lesa humanidad, pero su testimonio fue rebatido por dos de sus víctimas que también brindaron declaración. Los uruguayenses César Román y Roque Minatta -ambos víctimas de Mazzaferri y su grupo de tareas- señalaron al ex agente de la Federal como "el jefe de las torturas" y como uno de los responsables de crímenes aberrantes. Este jueves se continúa con la lista de testigos que llega a 30 en total, aunque algunos se darán lectura a las declaraciones anteriores.
LOS TESTIMONIOS
El debate oral y público está a cargo de la jueza Beatriz Caballero de Barabani y de los jueces Otmar Paulucci y Jorge Sebastián Gallino. En representación del Ministerio Público Fiscal actúa el fiscal general José Ignacio Candioti.
El proceso comenzó este martes, a las 10:30, y continuará este miércoles, seguirá el jueves, tendrá su última audiencia de la semana el viernes. El debate se retomará el próximo martes, en el mismo horario.
Al momento de acusarlo y de calificar los crímenes como de lesa humanidad, la Fiscalía señaló que "debe destacarse especialmente que Mazzaferri pudo ejecutarlos actuando en numerosas ocasiones a plena luz del día, a cara descubierta, uniformado y conduciéndose en su vehículo particular, porque contaba con la impunidad que le proporcionaba el propio sistema, que estaba preparado para que sus distintos estamentos actuaran coordinadamente y para no dejar pruebas de su accionar".
Las víctimas -todas secuestradas entre julio y setiembre de 1976- declararon que en aquella sede policial fueron sometidas a diferentes torturas, como simulacros de fusilamiento, asfixia con y sin agua (el "submarino seco" y "mojado", con colgamientos), golpes y picana eléctrica. Y también a abusos sexuales, con la introducción en el ano de un palo o el caño de las armas.
En efecto, la Fiscalía valoró que "del confronte armónico de los relatos de todas las víctimas surge la responsabilidad de Mazzaferri en las detenciones ilegales, traslados hacia la Delegación Concepción del Uruguay de la Policía Federal Argentina, interrogatorios, torturas, apremios y maltratos que sufrieron en esa dependencia, en las oficinas de la planta alta donde el imputado desarrollaba sus tareas diarias".
De acuerdo con la investigación, cuando Mazzaferri -hoy de 65 años- participó de los crímenes tenía el grado de subinspector y estaba asignado al servicio en la delegación que la Policía Federal tiene en Concepción del Uruguay.
Casi la totalidad de las víctimas, ocho hombres sobrevivientes, individualizaron al expolicía como quien los secuestró y torturó. Algunas de ellas eran, a la época de los hechos, estudiantes de 5º año de distintas escuelas secundarias de la ciudad. Uno de los testigos contó que, durante un interrogatorio que versaba sobre la actividad en el centro de estudiantes de su escuela, el acusado le gatilló su arma reglamentaria -descargada- en la cabeza. Explicó que luego los represores fueron intensificando los golpes y lo llevaron al borde del desvanecimiento. Dijo que las patadas que recibió en los testículos le provocaron un desgarro, a raíz de lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La operación devino en la extirpación de un testículo.
Ese trato, dijo el testigo, siguió durante dos jornadas más, al cabo de una de las cuales fue sacado en calzoncillos a un patio y dejado bajo la lluvia. Al día siguiente lo hicieron subir escaleras hasta un lugar donde le sacaron la capucha y vio a un hombre desnudo, con los ojos vendados, mojado y atado con alambres al elástico metálico de una cama. Contó que Mazzaferri tomó un artefacto similar a un soldador eléctrico pequeño, lo aplicó sobre el cuerpo del hombre, quien se arqueó de dolor y gritó. Dijo que Mazzaferri le apuntó con ese artefacto y le dijo "empezá a cantar pendejo de mierda o después sigo con vos".
El hombre que estaba atado y que fue torturado, descripto por aquel testigo, también es una de las víctimas sobrevivientes cuyo caso se abordará en este debate. Entre las víctimas que pasaron por el centro clandestino que funcionó en la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay hubo también un joven secuestrado mientras realizaba el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Villaguay. Una noche fue sacado y trasladado a aquel lugar, previo transbordo en la ruta desde la ambulancia en la que lo sacaron de la unidad militar y el Ford Falcon de los federales.
LA DECLARACIÓN DE MAZZAFERRI
tras asegurar que comprendía lo que le acusaban, decidió a relatar la versión que pergeñó en conjunto con sus abogados defensores Guillermo Morales y Martín Montegrosso. No duró mucho el relato del acusado de genocida y se resumió a hacer una angelada descripción de su “servicio a la comunidad” en distintos puntos del país, con un grato recuerdo sobre su pasar por Concepción del Uruguay como un simple agente que trabajaba en la tramitación de la cédula de la Federal y pasaportes.
“No recuerdo haber integrado grupos de trabajo que se dediquen a otra cosa que no sea la tramitación de documentos. De hecho, no podíamos ejercer como agentes de colaboración judicial porque en esos tiempos esa tarea estaba reducida a la Gendarmería Nacional por ley. Así que nuestra actividad era casi nula. Lo único que hacíamos en la dependencia era tramitar documentos”, señaló sin gesticular el excomisario mayor, cargo obtenido en tiempos de democracia.
La indignación se adueñaba de la sala ante cada palabra que emitía el acusado. Los familiares de las víctimas, entre bronca y ojos llorosos, creían y descreían a la vez del cinismo de Mazzaferri: “Mis años en la función los tomé como un sacerdocio”, comparó el expolicía. Pero el relato se fue dilucidando a medida que las preguntas del fiscal Ignacio Candioti y la querella representada por María Isabel Cacciopoli, Marcelo Boeykens, Sofía Uranga y Lucía Tejera, iban haciendo mella.
“Mi memoria no recuerda estos hechos. Incluso, hay cosas que no pueden haber ocurrido”, señaló el expolicía. Explicó, que según su teoría, no podría haber funcionado una sala de torturas en la sede de la Federal de Concepción del Uruguay porque ahí “circulaba mucha gente”. Además, dudó sobre las demoras de las denuncias que recién lograron encontrar una vía legal fluida a partir del 2006. A su vez, se preguntó cómo es que los padres del grupo de siete jóvenes que fueron secuestrados no le transfirieron queja alguna a algún representante de la ley en esos tiempos.
Fuentes: Análisis Digital y APF
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