El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Justicia fijó fecha para un audiencia de relevancia en la causa por el supuesto sobreprecio de una obra de 20 cuadras de asfalto ejecutadas en Santa Elena, Departamento La Paz, en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
La audiencia en cuestión será el lunes 28 de marzo, en los Tribunales de La Paz, donde se discutirá la suspensión de juicio a prueba o probation solicitada por dos imputados: el empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y el ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano. Ambos están acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios.
La suspensión del juicio a prueba, también conocida como probation, es una forma de extinción de la acción penal respecto del o los imputados que se comprometan a cumplir determinadas reglas de conducta durante un período de prueba fijado por un tribunal. Luego de cumplida la probation, el o los acusados son sobreseídos.
La audiencia será ante el juez de Garantías y Transición, Walter Carballo, y debe realizarse a raíz del fallo del 10 de noviembre de 2021, de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que hizo lugar al pedido de probation que formularon los abogados defensores de la firma que estuvo a cargo de la obra de pavimentación. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.
Los defensores de los acusados son Julián Pablo Pedrotti y Miguel Ángel Cullen. En cuanto a este último, habrá que ver si podrá estar presente en La Paz, puesto que se encuentra participando del megajuicio al ex gobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri.
Habida cuenta del fallo del STJ que habilitó la probation al empresario y el ingeniero, trascendió que la Fiscalía y los defensores mantendrán diálogos previos a la audiencias para, de ser posible, alcanzar un principio de acuerdo.
La acusación contra los empresarios
En el legajo de remisión a juicio, el fiscal Santiago Alfieri señaló que los empresarios certificaban avances de obras ficticios. “Una vez formalizada la contratación, se comenzaron los trabajos de obra, sin haber llevado a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de las obras, omitiendo además llevar los registros correspondientes, con el claro propósito de imposibilitar posteriores controles que pudieran efectuarse y evitar se logre la comprobación de la calidad de los materiales utilizados en la obra y la verificación del alta de correspondencia entre el trabajo efectivamente realizado, lo presupuestado y la obra proyectada”, dice un fragmento de la imputación.
Y se agregaba que para justificar la transferencia de fondos, “aunque no se haya realizado debidamente el trabajo, el intendente Rossi, el responsable técnico de inspección de obras, ingeniero Adolfo Z. Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca) y la contadora municipal María Inés Martínez (Responsable Contable), suscribieron las declaraciones juradas de rendición de cuentas, en base a las certificaciones de avance de obra suscriptas por el contratista Néstor Juan Szcech (Presidente de L&C Construcciones), por el ingeniero Ortiz y por el Intendente Rossi, cumplimentando formalmente los pasos para para lograr los desembolsos, hasta completar el precio total acordado por la obra; la cual fue recibida de por Ortiz y por Rossi de manos del representante de la empresa contratista en fecha 15/09/2015; refiriendo un 100% de los trabajos pautados realizados”.
Para la Fiscalía, ese entramado permitió los sucesivos envíos desde Nación de las sumas comprometidas, “momento a partir del cual Rossi tuvo progresivamente la disposición y administración de dichos fondos lo que a su vez transfirió en concepto de pagos proyectados a la empresa contratista, L&C Construcciones, por la suma total final de $20.035.724.85, monto exactamente coincidente con el presupuesto del proyecto oficial, el que conforme los precios del mercado de plaza debería haber tenido un costo mínimo de $14.500.000 aproximadamente y máximo un valor equitativo estimado de $18.133.859.10″.
Con esos datos, la Fiscalía concluyó que se produjo así un perjuicio al erario público municipal por la suma máxima de $5.535.724,85 y un mínimo de $1.901.865,75.
La causa
La investigación penal contra Rossi y otros imputados comenzó en 2016 por una denuncia del entonces intendente Silvio Moreyra, concuñado de aquel.
Luego de cuatro años de investigación, el fiscal Santiago Alfieri solicitó la elevación a juicio y adelantó que en el debate oral y público pedirá 5 años y 6 meses de prisión para Rossi, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En los argumentos defensivos, el abogado Reggiardo afirma que no hubo irregularidad en la ejecución de la obra de 20 cuadras y cuestiona la pericia elaborada por el ingeniero Beltrán Uranga. Rossi, en tanto, denuncia que en su contra existe lawfare, guerra jurídica con participación de los medios de comunicación.
Al intendente se lo acusa de que, durante su anterior gestión, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de 20 cuadras, cuando -según la acusación de la Fiscalía- el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.
El 2 de julio de 2020, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, elevó a juicio el expediente. Además del intendente, están imputados el empresario Néstor Szczech; el ingeniero de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena, actual funcionario de Obras Sanitarias municipal); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.
La última novedad en la causas se conoció a principios de febrero, cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso extraordinario federal de la defensa del intendente de Santa Elena. De ese modo, le cerró el camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el caso deberá llegar a juicio.
Fuente: Entre Ríos Ahora
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