El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Este martes se realizó la primera jornada del juicio oral y público por la muerte del niño Lucas Romero, atacado por perros en julio de 2012 en un episodio que se pretende esclarecer. El fiscal Fernando Lombardi presentó el caso y declararon como testigos los familiares del niño, con algunas contradicciones llamativas. Gustavo Soppelsa, abogado del único imputado en el juicio –quien prefirió no acogerse a la “probation”– cuestionó el accionar del fiscal, a quien acusó de negligencia en la investigación, dado que no fueron peritados todos los perros sospechados de participar en el terrible hecho. Este miércoles proseguirá con nuevas declaraciones testimoniales.
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN de la redacción de El Miércoles Digital
Foto: El Miércoles Digital
Pasado el mediodía de este martes 11 de febrero terminó la primera jornada del juicio oral que pretende esclarecer el episodio que conmocionó a mediados de 2012 a la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando en Sarmiento y 41 del Oeste, en Colonia Perfección Sur, el niño Lucas Romero, de un año y medio, perdió la vida atacado por perros. En la mañana del 27 de julio varios canes de la zona atacaron al pequeño Lucas, provocándole tremendas heridas que derivaron en su muerte.
Hay un solo imputado en la causa, y es quien estaba a cargo de dos de los perros que -según la Fiscalía- “habrían” atacado al niño. Los demás involucrados (la propietaria de esos mismos animales y otro vecino dueño de una perra presente en el episodio) quedaron desvinculados: la primera al aceptar lo que se conoce como “suspensión del juicio a prueba” o probation, a cambio de realizar trabajos comunitarios; y el segundo sobreseído por falta de elementos que vincularan al animal de su propiedad.
El tercer imputado decidió no aceptar la probation ofrecida insistentemente por el fiscal Fernando Lombardi, y por esa razón se llegó a la instancia de juicio oral, aunque oportunamente su abogado defensor, Gustavo Soppelsa, pidió su sobreseimiento que fue rechazado por el juez de garantías, Mariano Martínez. La imputación del fiscal Lombardi es la “comisión por omisión del delito de homicidio culposo”. Es decir: se lo acusa de haber omitido los deberes de control que hubieran impedido el ataque de los perros. Se trata de Martin Barral, integrante del equipo periodístico de El Miércoles Digital.
TRES JORNADAS
Se prevé que el juicio se extienda durante tres jornadas, a lo largo de las cuales se espera que declararán más de veinte testigos. El tribunal oral es presidido por Fabián López Moras y lo integran además Marta Cristina Bonifacino y Alberto Seró. En la primera jornada declararon como testigos los familiares del niño fallecido: sus padres Brian Romero y Yesica Haak, sus abuelos Luis Romero y Alejandra Córdoba, y su tío Sergio Córdoba. Los testimonios se extendieron hasta pasado el mediodía. La primera jornada transcurrió prácticamente sin público (solo se acreditaron periodistas de cuatro medios locales).
CRUCE EN EL INICIO
El fiscal Lombardi presentó el caso, explicando que los imputados por homicidio culposo eran dos, pero la propietaria de los perros, Carolina Pascal, se acogió a la probation. En su alegato inicial anunció que en el transcurso de estas jornadas tratará de demostrar los siguientes puntos:
- - Que el niño falleció como consecuencia del ataque de dos perros
- - Que ocurrió en la vía pública (41 del Oeste y Sarmiento) a unos 100 metros de la vivienda de Lucas, de donde salió sin que su familia lo advirtiera
- - Que la muerte fue producto de múltiples lesiones causadas por dentelladas
- Que los perros que la causaron (uno mestizo, negro de 7 años de edad, y otro mestizo tipo “barbinche”) estaban al cuidado del único imputado
- - Que eran animales agresivos y que estaban sueltos en la vía pública.
Según el fiscal, este último punto “es el nudo neurálgico de este problema”, ya que estaban “sueltos en un lugar donde no debían” y “sin las condiciones” en las que las disposiciones legales lo marcan: “estaban sin correa, sin bozal, sin identificación ni persona a cargo”. Para Lombardi, de aquí surge la responsabilidad del imputado, en base a tres ordenanzas municipales que regulan que los perros no queden en libertad de acción en la vía pública: la 2274, que hace obligatorio el uso en la calle de correa y bozal; la 5326, que asigna las tareas de los órganos municipales en el asunto; y la 9119, que adhiere a la ley provincial 10.029. Esta ultima, de 2011, es la que califica a los “perros potencialmente peligrosos”, en base a dos elementos: “razas peligrosas” o antecedentes de agresión. Lombardi resumió su acusación diciendo que la vía pública es un espacio regulado, y que la tragedia que terminó con la vida de Lucas era “un hecho previsible que, si se hubiera cumplido con la reglamentación, se hubiera evitado”. De allí la acusación de “comisión por omisión”.
El defensor, Gustavo Soppelsa, cuestionó la forma en que el fiscal pretende encuadrar el delito. Aseguró que las ordenanzas mencionadas no son aplicables al caso, por distintas razones. Por ejemplo, una de ellas protege al bienestar de los animales, y no de las personas. Otra, la 9119, es “letra muerta”, dado que no se aplica. También advirtió que la definición de “perros potencialmente peligrosos”, según la ley mencionada, tiene dos requisitos: que el animal pertenezca a una raza tipificada como tal, o que haya denuncia de agresión para considerarlo como antecedente, y ninguno se da en este caso. Además, anunció: “Vamos a exponer las gruesas fallas de la investigación conducida por el fiscal Lombardi, que omite elementos centrales, como por ejemplo la presencia en el ámbito familiar del niño, de al menos un perro que quizás sí fuera potencialmente peligroso, pero que ni siquiera fue llevado a pericia”.
Soppelsa destacó que en el hecho “no había dos perros, sino una multitud. Y al menos uno era de la familia del niño. La imputación nace de un único presunto testigo de los hechos, que es también familiar. Y es llamativo que en la investigación no se ahondó en detalles que son muy importantes”.
A continuación se leyó la declaración de Barral en la causa, de la cual se destacó su reclamo de que fueran secuestrados y peritados los otros perros presentes en la zona (en especial un dogo de la familia del niño) y la respuesta del jefe policial Julio César Brumatti diciendo que es el fiscal quien lo debe ordenar. Y entre otros puntos llamativos, advierte la falta de sangre en el lugar y el hecho de que pocos días después, los familiares del niño realizaron una quema de pastizales en el lugar donde fue hallado su cuerpito.
DECLARACIONES DE LOS FAMILIARES Y CONTRADICCIONES
La descripción del suceso por parte de los testigos tuvo momentos de emoción y de sensibilidad. Pero al tamizar y comparar los datos que cada testimonio proporciona es imposible disimular los huecos y las contradicciones surgidas entre ellos. En primer lugar, nadie vio el momento del ataque. Los tres testimonios de quienes vieron a los perros junto al cuerpito ya se refieren al niño como inerte, y describen una situación horrorosa (“jugaban, tironeaban como si fuera un muñeco”) pero que no aporta ninguna explicación del suceso. En segundo término, difieren entre sí en aspectos importantes, como la cantidad de animales presentes o quién de los familiares halló al niño.
El primero en declarar fue Brian Romero, el joven de 20 años papá del niño trágicamente fallecido. Explicó que junto a sus padres, tío y hermana, estaban “carneando lechones”, cuando advirtieron que Lucas no estaba en donde lo habían dejado un rato antes: mirando dibujitos junto a otro niño, Sebastian (hermano de Brian). Preocupados por su ausencia, salieron en diferentes direcciones a buscarlo. Brian aseguró que fue él quien lo encontró, y que lo estaban mordiendo unos perros (mencionó cuatro canes). “Lo vi cerquita, a unos 20 o 10 metros. Le habían sacado toda la ropa y estaba mordido por todos lados. Atrás llegó mi tío Sergio”. No obstante, éste declaró que él fue el primero en llegar y avisar al resto de la familia. Tampoco coincidieron en la cantidad de perros presentes en el hecho, aunque todos mencionan a los dos a cargo del imputado. El único que mencionó la presencia del dogo fue Luis, abuelo del niño fallecido: “El dogo me siguió”.
Al tratarse de testigos presentados por la fiscalía, la mecánica fue similar en cada caso: tras las preguntas de rigor, Lombardi inquirió sobre el momento del hallazgo, pidió que ubicaran en un croquis el lugar y que identificaran en fotografías a los animales. Por su parte Soppelsa, como defensor, hizo preguntas a los testigos que apuntaban a obtener precisiones sobre la afición a la caza que cultivan los Romero, sobre la cantidad de perros que poseían (todos mencionaron entre 6 y 8), sobre las razas de sus animales (dos dogos al menos), sobre las razones de la quema de los pastizales en el lugar (“Habrá sido a los 4 o 5 días”, respondió Luis Romero) y hasta sobre una foto que obra en la causa –tomada de redes sociales– donde el pequeño Lucas aparece sentado (y al parecer, llorando) sobre un ciervo muerto cazado por sus familiares.
El tema de la afición a la caza fue otro aspecto llamativo. Padre e hijo admitieron que cazan, pero difirieron en la participación o no de los perros en esas tareas, y en las piezas a las que se dedican. El tío de Brian dijo ignorar que se dedican a la caza, pese a que con frecuencia visita a su hermana.
CRUCE POR EL DOGO DE LA FAMILIA
Cuando declaraba Luis Romero, los detalles en relación con el perro dogo motivaron un cruce de Soppelsa con el fiscal. Ante la pregunta del defensor, Romero mencionó que el dogo de su propiedad –que en fotos posteriores al dia del hecho aparece notablemente desmejorado, como si no se lo hubiera alimentado, a modo de castigo– “agarró sarna hereditaria” (sic), y luego murió.
Al dogo de la familia Romero se le hicieron los hisopados el día del hecho y le sacaron pelos (a instancias del reclamo de Barral). Pero nunca se lo secuestró ni lo vio el perito veterinario. El fiscal Lombardi pareció enterarse en la audiencia de este martes de que el animal murió a los cuatro meses de la tragedia, a pesar de que le había encomendado a la familia Romero la custodia del animal.
“Lo vio un veterinario”, aseguró Romero, y entonces el fiscal pidió que se incorpore el testimonio de ese profesional porque era “una cuestión novedosa”; a lo que el defensor se opuso, asegurando que “la audiencia no es para salvar las negligencias de la Fiscalía. Esto no es una cuestión novedosa sino producto de las fallas investigativas, y la falta de pericias veterinarias que debieron realizarse a los otros perros”. El tribunal se tomó un breve intermedio y al regresar anunció su rechazo al pedido del fiscal.
Los familiares coincidieron en señalar que por el lugar donde estaban los perros “no se podía pasar, porque eran agresivos” y marcaron que una integrante de la familia (una hermana de Brian, de 15 años, que no declaró) fue mordida por los perros, aunque no se realizó denuncia ni tampoco la vio ningún médico. Otra coincidencia fue que le habían advertido a la dueña de los perros sobre la agresividad de los animales.
En la segunda jornada, este miércoles, se esperan nuevas declaraciones testimoniales.
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