El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La causa por una banda de narcopolicías que operaba en la costa del Uruguay llegó a juicio oral. Desde este martes, 15 personas son juzgadas en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná por integrar una asociación ilícita para narcotráfico, que desplegaba su negocio en la costa del Uruguay y tenía asiento en Concordia y Concepción del Uruguay.
Según el requerimiento de elevación a juicio, la cabeza del grupo fue Mario Roberto El Gordo González, que ya fue condenado a 4 años y medio de prisión por narcotráfico -en septiembre del año pasado, también en el TOF de Paraná-. González y Javier Alejandro Caire están procesados como coautores de la asociación ilícita. Ambos se movían con identidades falsas. El resto: Mirta Noemí Sayavedra; Elsa Cristina Caram; Rosana Isabel Tenis; María Isabel González; Nicolás Alberto Stur; Santiago Javier Acosta; Néstor Javier Neurvit; Carlos Alberto Segovia; el sargento de la Policía Federal, Sergio Javier García; el sargento de la Policía Federal, José María Gómez; el sargento Ayudante de Gendarmería, Carlos Francisco Acosta; el comisario inspector de Toxicología de la Policía provincial, Alberto Mario Núñez; y Javier Orlando Daniel Caire, están imputados por ser miembros e intervinientes de la asociación ilícita.
Por N.B. de ANÁLISIS DIGITAL
En las últimas décadas, el narcotráfico desplegó sus tentáculos en todo el país. Hace algunos años, sorprendió a la opinión pública cuando algunos vínculos entre ese mercado ilegal y las fuerzas de seguridad quedaron al descubierto. Los casos de Santa Fe y Córdoba fueron un escándalo a nivel gubernamental y mediático, y también fueron como la punta de un iceberg en el que se desdibujan límites territoriales y provinciales. El expediente judicial que expone a Entre Ríos como parte de esa escena nacional, llegó ahora a juicio oral.
En el TOF de Paraná, presidido en este debate por Lilia Carnero e integrado por Roberto López Arango y Noemí Berros, comenzó a juzgarse a 15 personas como integrantes de una asociación ilícita para narcotráfico. La banda tenía conexiones con funcionarios de las fuerzas de seguridad, quienes se encargaron de alertar sobre procedimientos que podían afectar el desenvolvimiento del negocio y avisaron sobre la marcha de investigaciones. Como contraprestación, según el requerimiento de elevación a juicio, los agentes recibieron dinero e información sobre otras bandas narcos que constituían la competencia en el mercado ilegal y de ese modo, despejaban el camino para que creciera el negocio de quienes ahora están siendo juzgados.
El cronograma de debate prevé que las audiencias se extiendan hasta fines de mayo. Por la sala del TOF pasarán unos 50 testigos, mientras que otros 25 testimonios -los menos importantes- serán introducidos por lectura. Al menos así lo propuso el Ministerio Público Fiscal a cargo de José Ignacio Candioti como titular y Leandro Ardoy como adjunto, este martes, en la primera audiencia.
La defensa oficial a cargo de Mario Franchi representa a los imputados Santiago Acosta; a Orlado Caire; al gendarme Carlos Francisco Acosta; y a Nicolás Stur. El abogado Juan Pablo Temón defiende a los policías federales Sergio Javier García y José María Gómez. El abogado José Pedro Peluffo defiende a la imputada Sayavedra. El abogado Rafael Briceño representa al ex integrante de Tóxicos de la Policía provincial, Mario Núñez. Y los abogados Juan José Bukténica y Francisco Azcué defienden a El Gordo González -como ya lo hicieron en la causa anterior por narcotráfico-, a Javier Caire, a Elsa Cristina Caram, a Rosana Tenis, a María Isabel González, y a Carlos Segovia.
Antes de iniciar el debate hubo una propuesta de juicio abreviado por parte de uno de los defensores. Casi todos los imputados apoyaron esa opción, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y la Fiscalía rechazó la posibilidad. Las negociaciones retrasaron el comienzo del juicio que recién se dio cerca del mediodía.
Vínculos familiares
El Gordo González y Elsa Caram son pareja hace años. Una de sus hijas está en pareja con Segovia. Rosa Isabel Tenis es hermana de El Gordo e hija de María Isabel González.
Javier Alejandro Caire es el hijo de Orlando Caire, el dueño de la distribuidora de helados de Concepción del Uruguay.
La organización
La banda de narcopolicías fue descubierta por la misma Policía provincial, luego de largas investigaciones internas que permitieron llegar a detectar no sólo el funcionamiento de una estructura para la comercialización de cocaína en Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, sino que a través de escuchas telefónicas se llegó hasta agentes de la Policía Federal, Gendarmería y Toxicología de la Policía provincial, que prestaban cobertura y apoyo para el despliegue del negocio.
El funcionamiento de la organización salió a la luz en mayo de 2015, cuando se realizaron numerosos allanamientos con secuestros de armas, dinero, vehículos, balanzas, teléfonos, restos de droga y otros elementos. Además se concretaron varias detenciones, entre ellas, se arrestó a los agentes de las fuerzas comprometidos en las escuchas.
Según se leyó este martes en el requerimiento de elevación a juicio, las pesquisas comenzaron en 2013, luego que se interceptara un Fiat Duna con tráiler y lancha en Concordia, donde se escondían más de 42 kilos de marihuana y otros 3 kilos de cocaína. Aparentemente, esa droga sería pasada a la República Oriental del Uruguay. Las investigaciones sobre ese primer hecho continuaron y permitieron descubrir una organización mayor, que además de desplegar sus operaciones en Concordia, también tenía asiento en Concepción del Uruguay, Colón y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Esta investigación permitió dar con El Gordo González, que desde 2008 estaba prófugo por otra causa de narcotráfico. Sucede que González era, justamente, uno de esos peces resbaladizos que los agentes de las fuerzas públicas nunca podían atrapar. Así estuvo más de ocho años prófugo, supuestamente vendiendo frutas y verduras en el Mercado Central de Buenos Aires. Tiempo después que cayera la organización que contaba con el apoyo de agentes de distintas fuerzas, en mayo de 2015, González quedó desprotegido y fue encontrado. Entonces tuvo que afrontar la causa vieja por narcotráfico, en septiembre del año pasado, cuando fue condenado a 4 años y medio de prisión. Y ahora debe responder en esta nueva causa, donde ya no está solo sino que hay varios integrantes de su familia y otras personas que integraban la banda.
Según la pesquisa judicial, se presume que la banda traía droga de Buenos Aires que conseguía González de un ciudadano boliviano. Javier Caire la distribuía en Concepción del Uruguay, a través de la empresa distribuidora de helados de su padre. Los investigadores consideraron además que en ocasiones, Caire adquiría los estupefacientes junto a González. Cuando llegaba a las ciudades entrerrianas, la droga se fraccionaba y comercializaba a través de distintos puntos de venta. La estructura contaba con un remiero, el yerno de González, quien habría sido una especie de “mano derecha”.
De la investigación también surgió que Caire y González no utilizaban las mismas líneas telefónicas para hablar con toda la organización. “Para hablar con los eslabones bajos utilizaban otros teléfonos”, se expuso en la lectura de elevación a juicio. Asimismo se remarcó que tanto Javier Caire como González incrementaron su patrimonio en poco tiempo, ostentando numerosos inmuebles y vehículos.
Identidades falsas
Dos de los integrantes de organización tenían identidades falsas: González y Caire, quienes están procesados como coautores de la asociación ilícita. En el allanamiento del departamento que González ocupaba en CABA; se encontró un DNI con el nombre “Pilar Bolaños” y la foto de González.
Por otro lado, en el allanamiento que se hizo en el domicilio de Javier Caire, en Concepción del Uruguay, se encontró otro DNI falso con la foto de Caire y el nombre “Pablo Almada”. Por este hecho particular, se procesó a Caire por falsificación de documentos.
El rol de los policías y el gendarme
Los dos policías federales, el comisario de Toxicología de la Policía de Entre Ríos y el gendarme que se desempeñaba en el área de Investigaciones del Escuadrón 4 de Concordia, cumplían un rol determinado en la organización de González. No sólo le pasaban información sobre operativos, allanamientos y la marcha de distintas causas que le interesaban a El Gordo -siempre según lo que se leyó en el requerimiento de elevación de juicio, basado en la investigación que desagregó numerosas escuchas telefónicas-, sino que además recibían dinero como contraprestación e información sobre otras bandas narcos. Es decir, González delataba a sus competidores narcos para que los agentes de las fuerzas persiguieran a otras bandas y le despejen el mercado ilegal.
De las escuchas telefónicas también pudo saberse que cada vez que González recibía una información de un agente de seguridad, la corroboraba consultando a otro integrante de las fuerzas. “Después de recibir la información, González llamaba a otro policía para corroborarla y sin decir de dónde había obtenido los datos”, se leyó este martes frente a los jueces.
En las conversaciones que fueron calificadas en el requerimiento de elevación a juicio como “largas”, se hablaba también de cuáles eran los vehículos que se utilizaban en investigaciones.
Todo esto sucedía mientras El Gordo González estaba prófugo y tenía pedido de captura internacional por narcotráfico.
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