El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Miles de aportantes truchos, millones fondos negros y cientos de donantes en las sombras. Ese es el saldo del financiamiento de Cambiemos, del Frente para la Victoria (FPV) y del Frente Renovador durante las últimas dos elecciones nacionales: la presidencial de 2015 y la legislativa de 2017, según surge de entrevistas a responsables y protagonistas de esas campañas, informes que presentaron ante la Justicia electoral y el cruce de datos que desarrolló el diario La Nación.
Dos años después, las campañas ratificaron que son proclives a los “errores administrativos”. Tanto que, como regla general, la Cámara Nacional Electoral les pide a todos los jueces que citen a todos los aportantes de todos los partidos para que verifiquen si donaron dinero.Las irregularidades alcanzan a más de siete mil personas que figuran como supuestos aportantes de millones de pesos, solo en las elecciones presidenciales de 2015 y legislativas de 2017, pero que en realidad nunca abrieron sus billeteras, carecen de patrimonio suficiente para afrontar esas donaciones o, peor aún, fueron usurpadas de sus nombres sin su autorización.
Liderados en 2015 para la recaudación por Nicolás “Nicky” Caputo y Edgardo Cenzón, a nivel nacional, y por Jorge Macri y Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, los equipos de Cambiemos armaron aquel año una nómina de dos mil personas que pusieron sus nombres, números de documento de identidad y firmas para admitir como dinero propio un porcentaje -el resto se gastó en negro- de las fortunas que aportaron empresarios que prefirieron seguir en el anonimato, según confirmaron miembros de ese equipo y empresarios al diario La Nación.
La operatoria incluyó todo tipo de manipulaciones. Como en Ituzaingó, donde el candidato a intendente por Cambiemos, Osvaldo Marasco, presentó su lista de candidatos a concejales y consejeros escolares y descubrió luego que la utilizaron, íntegra, para dibujar aportes.
A él lo hicieron aparecer con una donación de 50 mil pesos; cada aspirante a concejal titular con 38 mil pesos y con 18 mil pesos cada suplente, y cada postulante a consejero con 23 mil pesos y 11 mil pesos según fueran titulares o suplentes.
“Eso es imposible. Si a algunos de los consejeros le dábamos plata para el colectivo”, resumió Marasco al diario La Nación, que expuso otra torpeza: “En mi lista para Ituzaingó tipeamos un apellido con un error ortográfico y así apareció, mal tipeado, como aportante”.
Ese aportante es Sergio Crego, quien fue quinto candidato a concejal en 2015, puesto que llegó a ocupar durante poco más de un año en reemplazo de una colega. “Me hicieron figurar como 'Grego', pero con mi DNI y 38 mil pesos, el mismo monto que le embocaron a mi esposa, Paula Traverso, candidata a concejal. ¡Al menos hubiesen avisado!”, ironizó cuando lo consultó el diario La Nación.
Una y otra vez, ese es un reclamo recurrente a los responsables de la campaña de Cambiemos. “Acá no avisaron nada -afirmó Crego-. En otros partidos, por lo que hablamos entre nosotros, al menos les avisaron.”
En la práctica, miles de aportantes a las campañas de Cambiemos y otros partidos o alianzas son cómplices o víctimas de un problema sistémico conocido como “smurf laundry” o “blanqueo pitufo”, en honor a los diminutos personajes azules. Es decir, el uso de miles de personas que, al figurar con donaciones por montos menores, suelen pasar por debajo de los radares de la Justicia electoral.
Eso no ocurrió, sin embargo, con la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015, cuando los auditores de la Cámara Nacional Electoral detectaron inconsistencias en 212 aportantes del Frente para la Victoria (FPV) y le preguntó a su equipo, que replicó que se trató de “un error administrativo” y entregó otro listado con otros 212 nombres para esos mismos aportes.
En total, se calcula que el sciolismo recurrió a 4.248 personas que admitieron como propios aportes de diez mil pesos por cabeza, aunque algunos llegaron a los 40 mil pesos y uno figuró con una supuesta donación de 60 mil pesos. ¿Quién? Un empleado de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de Villa Lugano. Más aún, de esa lista, más del 70 por ciento era empleados públicos, más de 700 eran monotributistas de las categorías más bajas y varios se presentaron ante la Justicia cuando vieron sus nombres en la lista para negar su participación.
Por su parte, el Frente Renovador de Sergio Massa entregó a la Justicia un listado de supuestos donantes que incluyó funcionarios cercanos al candidato, pero también un porcentaje elevado de empleados públicos. ¿De qué jurisdicción? Tigre. De hecho, la mitad de los aportantes -todos con bajos montos- figuraba en la nómina de empleados de esa Municipalidad.
“Al menos avisen”
Dos años después, las campañas ratificaron que son proclives a los “errores administrativos”. Tanto que, como regla general, la Cámara Nacional Electoral le pide a todos los jueces que citen a todos los aportantes de todos los partidos para que verifiquen si donaron dinero. “Algunos jueces los citan, otros los llaman por teléfono, otros consultan a los apoderados de los partidos, que es lo mismo que nada, y otros ni lo hacen”, sintetizaron desde la Cámara. “La diferencia es que, en la campaña de 2017, alguien sí se tomó el trabajo de detectar los aportantes truchos”, completaron.
El periodista Juan Amorín expuso cómo Cambiemos recurrió a cientos de beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero en la campaña bonaerense, en la que también se incluyó como donantes a candidatos propios que luego lo negaron. Como el intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, quien apareció con un aporte de 50.000 pesos. “Yo no aporté un centavo a nadie”, aclaró.
Unidad Ciudadana, en tanto, presentó en 2017 un informe muy distinto al del FPV en 2015. Detalló que el 97,7 por ciento de sus aportes fue bancarizado -mediante cheques, transferencias o depósitos-, mientras que apenas 396 mil pesos de las donaciones fue en efectivo. Eso mejora los controles sobre los donantes y el origen del dinero, pero no elimina los riesgos de aportantes truchos. Así lo demostró la campaña 2007 del FPV. El 35,4 por ciento de sus aportes en blanco provino de empresas del área de la salud, como la droguería de Sebastián Forza, víctima luego del “Triple Crimen”. Emitió cuatro cheques por un total de 200 mil pesos -unos 65 mil dólares al cambio de entonces vigente- que sí se cobraron, a diferencia de sus otros 600 cheques sin fondos. ¿Quién puso ese dinero en realidad?
Esa es la pregunta de fondo. ¿Quiénes financian las campañas de los partidos, pero requieren que otros pongan sus nombres? “Los mismos de siempre”, retrucó Marasco al diario La Nación. “Fijate, por ejemplo, quiénes asumieron como ministros y secretarios de Estado con Cambiemos, por ejemplo. Fijate de qué empresas o de que sector venían y ahí tendrás parte de la respuesta -deslizó-. Esto es algo sistémico, que pasa en todos los partidos. La diferencia es que lo de Cambiemos fue burdo y usaron nuestros nombres”.
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