En plaza Ramírez leyeron un documento por el 24 de marzo con fuertes críticas al Gobierno Nacional

Volvemos a esta plaza con las banderas de nuestras y nuestros desaparecidos, asesinados por la represión. Están aquí presentes, en esta lucha por memoria, verdad y justicia. A 45 años del golpe genocida, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Nuevas generaciones se suman y renuevan la vigencia de esta lucha, en la senda de quienes en las calles y en unidad derrotamos las leyes de impunidad, abriendo paso al juicio y castigo a cientos de genocidas.

En estas cuatro décadas enfrentamos múltiples intentos de perpetuar la impunidad: teoría de los dos demonios, prescripciones, leyes de obediencia debida y punto final de Alfonsín, indultos de Menem, designación de Milani, 2×1 de la Corte macrista, negacionismo, intentos de reconciliación y el llamado a “dar vuelta la página” de Alberto Fernández.

La lucha por justicia empezó bajo la dictadura. Cuando las Madres ocuparon la Plaza de Mayo. Cuando se presentaban los hábeas corpus. Cuando las presas y presos políticos resistían en las cárceles. Cuando les sobrevivientes grababan en lo más hondo de su ser los nombres y caras de sus compañeros de cautiverio. Cuando al recuperar la libertad buscaban a sus familias y les contaban de sus seres queridos. Cuando sacaban información al exterior, y junto a las y los exiliados denunciaban los crímenes más horrendos. Cuando se reorganizaban para seguir luchando. En ese camino logramos la mayor condena jurídica y social en el mundo a un genocidio, generando conciencia y reconstruyendo la historia de nuestros 30.000.

Los planes de entrega, favores al capital y despojo de derechos a la clase obrera se basan en decretos-ley de la dictadura aún vigentes. Los gobiernos posteriores, de Alfonsín a Fernández, por acción u omisión, sustentan la impunidad. Todos fortalecieron el aparato represivo:

No obstante, los juicios por los que tanto peleamos se retrasan adrede para asegurar la impunidad biológica de los genocidas. Decenas mueren impunes y se beneficia a cientos de condenados con domiciliarias o se los declara incapaces. Las causas aún no juzgadas o residuales se retienen por años en los juzgados y si al fin van a juicio oral dejan afuera a cientos de víctimas y decenas de represores. Incluso hay fiscales que no acusan o no sostienen la acusación en apelaciones tras las absoluciones o penas exiguas. También los Tribunales orales retrasan, con audiencias de sólo 2 horas por semana. En el juicio ESMA 4, los jueces dejaron que un abogado de los genocidas manejara el juicio, aliados de hecho a la impunidad. El Poder Judicial sigue negando que fue un genocidio, planificado por el Estado para desaparecer a quienes enfrentaban la explotación y la opresión. A su vez, altos tribunales como Casación y la Corte tardan años en ratificar las condenas.

La dictadura vino a cambiar toda la estructura del país. Con otras dictaduras del Cono Sur, formada por la Escuela de las Américas, vino a parar el ascenso de luchas revolucionarias en el continente. La represión comenzó antes del golpe, con la Triple A, el Comando Libertadores, la CNU y otros grupos fascistas. Los juicios al Plan Cóndor, Orletti, Triple A, Brigada de San Justo, Operativo Independencia y a los “pozos” de Banfield, Quilmes y el Infierno demuestran que el plan genocida empezó en el gobierno de Perón e Isabel y desde 1976 se multiplicó a todo el país.

El golpe lo gestó el poder económico, que se benefició y lo sigue haciendo. Ford, Mercedes Benz, el Ingenio Ledesma y otras empresas facilitaron sus predios para montar centros clandestinos de detención. Y junto a sindicalistas traidores, hacían listas negras para desaparecer activistas. La cúpula de la Iglesia apoyó el genocidio, bendijo los vuelos de la muerte y algunos curas participaron en las sesiones de tortura. Las fuerzas represivas impusieron el terrorismo de Estado. Junto a jueces, la prensa cómplice y civiles de partidos del sistema como funcionarios de la dictadura, ayudaron a imponer el plan de exterminio. Por eso decimos: cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus cómplices. Y aunque para la mayoría de jueces y fiscales los delitos sexuales se deben tratar en juicios separados, seguimos exigiendo que se los reconozca como parte del plan genocida.

Los planes de entrega, favores al capital y despojo de derechos a la clase obrera se basan en decretos-ley de la dictadura aún vigentes. Los gobiernos posteriores, de Alfonsín a Fernández, por acción u omisión, sustentan la impunidad. Todos fortalecieron el aparato represivo: armas y servicios especiales y de inteligencia siguen al servicio de las mismas clases beneficiarias del genocidio.

El enemigo “subversivo” de ayer pasó a ser la juventud de los barrios populares, hijes de las generaciones excluidas por las recetas neoliberales de Martínez de Hoz a hoy.

Este gobierno que se dice “nacional y popular”, en sus discursos de campaña usa a las expresas y presos políticos, hijos e hijas y exiliados forzados. Pero luego aplica políticas de Estado que alargan un genocidio silencioso al incumplir las leyes reparatorias para quienes atravesaron situaciones aberrantes, con graves secuelas físicas y psicológicas. Aunque dieron lo mejor de sí en la resistencia a la dictadura, se nos van muriendo compañeros y compañeras sin condiciones dignas ni acceso a la salud. Por respeto al derecho a la vida, ¡que cumplan con las leyes reparatorias!

En 45 años, en esta justicia no hubo ningún cambio de fondo. Aquellos jueces que rechazaban los habeas corpus y amparaban a genocidas siguieron en sus cargos, igual que muchos fiscales, defendiendo este sistema judicial antidemocrático y de privilegios para sí y para las clases dominantes.

Por todo esto, nuestra lucha contra la impunidad de aquellos crímenes está unida a nuestro presente y nuestro futuro. Porque ese régimen genocida cayó, pero dejó en pie los mecanismos de impunidad, que se accionan cada vez que las fuerzas represivas violan los derechos del pueblo trabajador, en favor del poder económico y político, y al amparo del Poder Judicial. Y porque aún no sabemos el destino de cada una, de cada uno de los 30.000 y de cada bebé apropiado por los represores, exigimos: apertura de todos los archivos de 1974 a 1983. Restitución de la identidad a las nietas y nietos apropiados.

A 45 años, seguimos reivindicando a las y los 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos. A cada una. A cada uno. Y también a las más de 400 víctimas cuya identidad LGBT se ocultó en el informe Nunca Más por presión de la Iglesia. Los reivindicamos con sus nombres y sus apellidos. Con sus fortalezas y sus debilidades. Con sus historias y sus sueños, que truncó la represión genocida.

Pero nuestra reivindicación va más allá de las y los 30.000 como personas. Reivindicamos su militancia y su lucha. Porque junto a enfrentar cada injusticia, junto a defender cada derecho obrero, estudiantil o popular, también peleaban por cambios de fondo contra este sistema de explotación, entrega y opresión. Peleaban por la patria liberada. Por la patria socialista. Por la liberación nacional y social. Por un gobierno de los trabajadores. Por una Argentina y un mundo socialistas.

Y en estos tiempos de crisis global y pandemia, cuando a diario salen a luz las lacras de este sistema capitalista e imperialista, que pretende arrasar con todos nuestros derechos, no sólo hacemos memoria de aquellas banderas de lucha: las seguimos levantando bien alto pues hoy mantienen plena vigencia. 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos y su lucha, ¡presentes!

La pandemia está causando una catástrofe humanitaria. Para lograr una vacunación masiva es urgente liberar las patentes. Pero los grandes laboratorios y farmacéuticas impiden producir vacunas suficientes. Con sus patentes, tienen la exclusividad para mercantilizar lo que es fruto del saber científico y técnico acumulado en años de investigaciones en institutos, universidades y hospitales, a costa del Estado.

Y la salud pública, devastada durante décadas, está peor para enfrentar la pandemia. Ya hay más de 55.000 muertes. Y las y los trabajadores de la salud sufren precarización, bajos salarios y condiciones indignas. Subsidian a las empresas, abren la economía y el transporte, pero suspenden la IFE. No va más. ¡Salud y vacunas para todes! El gobierno debe suspender las patentes, impulsar la producción pública de vacunas y poner la vacunación bajo control del personal de salud y la comunidad, sin ningún privilegio. A su vez, el gobierno aprovechó la pandemia para desplegar militares, policías y gendarmes. Con la excusa de “operativos humanitarios”, busca mayor control social y reconciliar al pueblo con esas fuerzas. Les dio el control total de la cuarentena, los empoderó, les da más presupuesto y mejores salarios. Es que el ajuste, lo sabemos, no pasa sin represión.

Desde el inicio del gobierno hasta noviembre, menos de un año, hubo 411 muertes por gatillo fácil, desapariciones seguidas de muerte y muertes en cárceles, comisarías o bajo custodia: una muerte cada 20 horas. Además, casi uno de cada cinco femicidios o travesticidios es cometido por un agente o ex agente. Estas cifras confirman que el accionar represivo recrudece en todo el país. Por eso no olvidamos a Julio López ni a ningún desaparecido ni desaparecida en democracia.

En la Provincia, Kicillof ratifica a Berni como su ministro de Seguridad. Y la represión en todo el país confirma la línea oficial de fortalecer, encubrir y dar impunidad a las fuerzas represivas. Por eso decimos: basta de gatillo fácil. Fuera Berni. Justicia por todas las víctimas. Castigo a los culpables y encubridores.

En plena crisis económica y social, la respuesta habitual de los gobiernos a los reclamos obreros y populares es palos, gases y balas. Lo vimos en Guernica, contra familias pobres que pedían tierra para vivir. En ArreBeef, contra los obreros que resisten los despidos. En Chubut, contra las marchas ambientales. También en Formosa con Insfrán, en Jujuy con Morales y en CABA con Larreta contra las enfermeras. A la hora de apalear la protesta social no hay grieta y eso envalentona a la derecha, esa que tira bolsas negras en esta misma plaza, lo que repudiamos.

Por eso rechazamos la pretensión de mantener el despliegue represivo. Ayer la ministra Bullrich encubrió a Gendarmería y Prefectura en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Hoy Berni encubre a la Bonaerense en la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro y en los asesinatos por gatillo fácil. Esa maldita policía represora, corrupta, socia de los narcos y la trata, que no sirve ni para encontrar a M.

Alberto Fernández y todos los gobernadores persisten en reforzar el aparato represivo y de espionaje. Apuntan a disciplinar a los trabajadores, los movimientos sociales, las mujeres y disidencias, la juventud. Es que la respuesta popular frente a los ajustes, los despidos, la miseria y demás problemas no deja de crecer.

No hay vuelta de página. Rechazamos el plan de reconciliación con las Fuerzas Armadas que intentan gobierno tras gobierno. Reclamamos la libertad de Sebastián Romero, Milagro Sala y demás presas y presos políticos. También el cierre de las causas contra César Arakaki, Daniel Ruiz, Viviana Toros, los 27 estudiantes de la Universidad de Córdoba y todas las y los activistas procesados por luchar.

La dictadura impuso la miseria planificada: ajuste a la clase obrera y al pueblo, y entrega del país al imperialismo. En 7 años subió la deuda externa de 7 mil a 49 mil millones de dólares. Luego todos los gobiernos “honraron” esa deuda odiosa como pagadores seriales. Macri la multiplicó y fugó 44 mil millones de dólares. Para financiar esa estafa se pactó otro préstamo con el FMI. Y ahora Fernández querella a Macri, pero igual paga todo ese fraude y busca otro acuerdo con el FMI, que traerá más penurias. ¡Hoy mismo, 24 de Marzo, el ministro Guzmán está en Washington negociando con la jefa del Fondo! Por eso decimos: No al pago de la deuda, fuera el FMI. Y rechazamos el ajuste de Fernández y los gobernadores. Según dijo, no pagará con el hambre del pueblo. Pero ya media población y el 63% de les niñes y adolescentes son pobres. Con la complicidad de la burocracia sindical, mantiene los salarios y jubilaciones abajo de la inflación.

Quiere que otra vez paguemos los costos. No, señor. Exigimos un aumento general de salarios, planes sociales y jubilaciones, con 82% móvil, paritarias libres y cláusula gatillo. Y estamos por el triunfo de todas las luchas obreras y populares, la docencia, las enfermeras y la salud, los movimientos de desocupados, LATAM, Just, ArreBeef, Hey Latam, las luchas antimineras, pueblos originarios y demás sectores que defienden sus derechos.

El gobierno nacional y los gobernadores entregan los bienes comunes a las multinacionales. En Chubut la movilización popular ya frenó tres veces la ley de zonificación minera de Arcioni, pero procesan a 7 activistas por protestar. ¿Y cómo no van a protestar si los saquean, los contaminan y los incendian? Lo mismo en Córdoba y en el litoral con la Hidrovía. Contaminan el agua. Destruyen el subsuelo. Queman bosques y humedales. Depredan la tierra para amplia la frontera sojera. Repudiamos el extractivismo y su ecocidio al servicio de los capitalistas. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. Basta de megaminería, fracking y agrotóxicos.

En 2020, con la marea verde conquistamos el aborto legal. Pero el patriarcado no terminó, presidente. Hay un femicidio o travesticidio por día. Por eso, como lo hicimos el 8 de Marzo, exigimos: Ni Una Menos. Fondos para combatir la violencia de género y asistir a sus víctimas. Basta de justicia patriarcal: elegir los jueces y fiscales por voto popular. Que se cumpla la ley de IVE. Educación Sexual Integral efectiva. Libertad a María Ovando y cierre de la causa a Yolanda Vargas. Separar la Iglesia del Estado y anular los subsidios a la educación religiosa y privada. Apoyamos también a todos los trabajadores y pueblos en lucha. Como decía el Che, “seamos siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia, cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo”. Por eso reclamamos la aparición con vida de Lichita Villalba. Justicia por María Carmen y Liliana, las niñas asesinadas.

Apoyamos la rebelión en Paraguay contra el gobierno de Abdo. Respaldamos al pueblo de Brasil en su lucha contra Bolsonaro, que enferma y reprime. Apoyamos las rebeliones de Chile al Líbano, de EE.UU. a Bielorrusia, y la resistencia de Palestina y Kurdistán. Y exigimos: fuera el imperialismo de Siria.

Compañeras/os/es. A 45 años del golpe, cárcel común a todos los genocidas. Contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy. Apertura de todos los archivos, del 74 al 83. Salud y vacunas para todes. No al pago de la deuda. Fuera el FMI. Volvamos a nuestros barrios y lugares de trabajo a seguir luchando. Con la memoria y las banderas de quienes nos traen luz a la cabeza y fuego al corazón: 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, ¡presentes!