El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Este domingo 27 de marzo, Uruguay celebró un reférendum para someter a consulta popular la Ley de Urgente Consideración (LUC), en la que decidían entre la opción del “Sí”, quienes estaban a favor de derogar los 135 artículos de la LUC y quienes apoyaron el “No” para manetenerlos.
El presidente uruguayo es el principal impulsor de esta ley, denominada ‘ómnibus’ por la variedad de los asuntos que engloba, publicó la agencia EFE.
Mientras Lacalle Pou ha resaltado las mejoras logradas en seguridad pública, en educación, en materia laboral -fundamentalmente en el derecho de huelga y la regulación de los piquetes-, en regulación de adopciones o en libertad financiera, organizaciones sociales y políticas consideran que los 135 artículos en discusión vulneran importantes derechos de la población uruguaya.
El ‘Sí’ fue promovido por organizaciones sociales y políticas, entre ellas, la central sindical, el PIT-CNT, y el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, tras una campaña de varios meses de captación de firmas (hasta superar el 25 % del censo necesario), que derivó en la celebración de este referéndum.
Se trata de un conjunto de 476 artículos que cambiaron varias normas, la ley insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Fueron varias las áreas que cambiaron. Por ejemplo, dentro de los artículos vinculados a la seguridad pública se duplicaron las penas para adolescentes que delinquen, se aumentó la condena para el tráfico de drogas y se crearon nuevos delitos.
Con respecto a la educación, se eliminaron los consejos desconcentrados, se incorporaron nuevos mecanismos de validación de la formación docente y nuevos estatutos para funcionarios docente y no docentes. Las reformas de seguridad y de educación son, dentro de la ley, no solo las temáticas más candentes a nivel público sino que, además, las propuestas que más identifican al gobierno de Lacalle Pou.
En otras áreas, aparecieron regulaciones al del derecho de huelga, el nuevo régimen de alquiler sin garantía, el de fijación del precio de los combustibles, la flexibilización de controles del lavado de activos, entre varios otros.
El 8 de diciembre de 2021, la Corte Electoral llegó a contabilizar las 671.544 firmas necesarias para habilitar el referéndum, que fue votado este domingo.
Desde la fecha, el Parlamento uruguayo quedó dividido: de un lado, con los partidos con ideologías más de derecha (el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente), esta llamada “coalición multicolor” y, de otro, con la agrupación de partidos de izquierda, llamada Frente Amplio.
Con el triunfo del “No”, los 135 artículos en juicio se mantienen y se siguen aplicando como hasta ahora.
Hay quienes consideran que este referéndum representa una especie de termómetro tras los dos años de la presidencia de Lacalle Pou, el segundo tramo de su gobierno estará pautado por el resultado de esta elección.
El Ejecutivo uruguayo salió reforzado tras el referéndum, después de que el ‘No’ ganara en una consulta que mostró, como ya ocurrió en las elecciones de 2019, la división en dos mitades políticas de la población del país suramericano.
La ley 19.889, que abarca -entre ellos seguridad pública, cuestiones laborales, educación, libertad financiera o portabilidad numérica-, fue promulgada en julio de 2020, apenas tres meses después del inicio del mandato de Lacalle Pou (2020-2025).
Pese a que no participó activamente de los actos de campaña que recorrieron todo el país, sí defendió el proyecto en primera persona e, incluso, el discurso final lo dio el pasado miércoles en la Torre Ejecutiva (sede de Gobierno).
En ese mismo sentido, este domingo, compareció cuando ya no había posibilidad de que los resultados pudieran cambiar y sacó la cara, una vez más, por una ley que, dijo, “da más derechos, más libertades y más garantías”.
“Etapa superada. Mañana seguimos con el mismo optimismo y las mismas ganas, con una coalición que ha mostrado firmeza en la adversidad”, indicó sin excesivo triunfalismo porque, como había adelantado el pasado miércoles, consideraba que no había “nada para festejar”.
Lacalle Pou exhibió firmeza para acometer las reformas que, amparado en el resultado del referéndum, pretende en asuntos como la seguridad social, la educación, los asentamientos e, incluso, apuntó una futura bajada de impuestos.
Ante los reclamos de “diálogo” por parte de la izquierda, el mandatario reivindicó “el Parlamento como el lugar donde se hace síntesis de las distintas opiniones”, al tiempo que dijo que en el Poder Legislativo ya hubo conversaciones que permitieron la modificación de 279 artículos de la LUC antes de su promulgación.
En el cuarto referéndum de la historia y separado de las elecciones presidenciales, fue la segunda vez que se impuso el ‘No’ a la derogación de la ley que se sometía a consulta.
La anterior fue en 1989 cuando se votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que había sido aprobada en 1986, y en la que las papeletas amarillas del ‘No’ obtuvieron el 55 % de los votos, en tanto el voto verde por el ‘Sí’ alcanzó un 41%.
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