“Se resuelve: No hacer lugar al recurso de Casación interpuesto por los doctores Milton Urrutia y Juan Pablo Temón -con el patrocinio letrado de la doctora Alejandra Pérez-, contra la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay -de fecha 26/05/17-, la que en consecuencia se confirma parcialmente, disponiendo que la prórroga de la prisión preventiva de Juan Diego Escobar Gaviria, lo sea hasta la finalización del juicio oral y dictado de la sentencia respectiva”.
Así se estableció en el falo de Casación, comunicado a las partes este viernes pasado el mediodía.
Los defensores de Escobar Gaviria fueron hasta Casación para cuestionar la decisión del juez Elal. Querían que el cura que está en la cárcel de Victoria desde hace unos meses, quede en libertad.
Pero en esta instancia superior, no les dieron la razón, por lo cual el religioso deberá seguir en prisión hasta que haya una sentencia en el juicio oral. El debate está previsto desde el 22 al 28 de agosto en Gualeguay.
En la audiencia del miércoles pasado, las partes confrontaron sus argumentos a favor y en contra de la sentencia de Elal. Los defensores esgrimieron que no existe peligro de fuga por parte del cura; y que la sentencia de Elal no correspondía porque “basó los posibles amedrentamientos -los mensajes que envió Escobar Gaviria a víctimas en plena Investigación Penal Preparatoria- en los hechos de la causa”.
Con el mismo objetivo de atacar la decisión de Elal, Temón remarcó que no entienden “por qué Escobar Gaviria está preso” y sacó a relucir “problemas cardíacos” en una persona de 60 años.
Proteger a los testigos
En contraposición, el fiscal Federico Uriburu explicó que se pidió la prisión preventiva del cura porque estaba probado que hubo presión a víctimas o allegados por el mismo o a través de otras personas. “No sólo tenemos que proteger a los testigos, sino que tenemos que mantener sus denuncias iniciales incólumes. La prohibición de acercamiento a Lucas González venció en febrero y que hayamos decidido renovar o no ese pedido tiene que ver con la libertad de emprender las estrategias que consideremos necesarias”, fundamentó.
Por su parte, el abogado querellante Mariano Navarro, aseveró que el religioso, estando procesado, “no dejó de acechar a los menores”. Consideró que “las presiones e intimidaciones están probadas en el expediente”, que cuando se realizaron los allanamientos encontraron en su poder “dinero, tablets y teléfonos”; subrayó que el debate está próximo a concretarse y que “la probabilidad de culpabilidad es de un grado tal”.
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