España: de la trágica tormenta "natural" a la amenazante tormenta política

Pero los reyes no fueron los únicos expulsados. El propio presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, también fue corrido y las autoridades se vieron obligados a sacarlo rápidamente cuando su contingente comenzaba a caminar por las calles cubiertas de barro de una de las zonas más afectadas, donde más de 60 personas murieron y la vida de todos quedaron destrozadas. Luego de esto, Sánchez dijo: “Quiero expresar toda la solidaridad de mi Gobierno y su reconocimiento a la angustia, al sufrimiento, a la incertidumbre y a las necesidades de los vecinos de Paiporta y de la Comunitat Valenciana” y sostuvo "la mayoría de la gente rechaza los tipos de violencia que desgraciadamente hemos visto hoy”.

Otro político reprendido fue el presidente regional valenciano, Carlos Mazón, del derechista Partido Popular -enfrentado con el Gobierno nacional- a quien hubo una gran cantidad de personas que pidieron su dimisión. Él respondió por Twitter: “Entiendo la indignación y por supuesto que me quedé a recibirla. Era mi obligación moral y política. La actitud del rey esta mañana ha sido ejemplar”.

Luego de los tensos episodios vividos, el rey Felipe VI dijo más tarde a las autoridades regionales en el puesto de mando de Emergencias que tenían que dar “esperanza a los afectados por la inundación y atender sus necesidades, garantizando que el Estado está ahí para ellos”.

Pero, luego de los choques de los ciudadanos contra las autoridades, explotó una guerra de cruces de responsabilidades entre el gobierno nacional y el regional. Mazón acusó al Gobierno central porque la Confederación Hidrográfica, que está bajo la órbita del Ministerio de Transición Ecológica (dirigido por Teresa Ribera), de no lanzar las advertencias a tiempo y con eso los responsabilizó de que muchos ciudadanos continuaran con su vida normal en el momento de la catástrofe. Es más, Mazón insistió en que este organismo desactivó en tres ocasiones la alerta de riesgo de desbordamientos el pasado martes (a las 13.00, 14.00 y 16.00 horas) y "no fue hasta las 18.45 de la tarde, tras dos horas sin información de la confederación, cuando se nos advirtió que 'ojo, todo ha cambiado'".

Sin embargo, desde la Confederación Hidrográfica respondieron que su competencia no es emitir alertas, "ya que esa función recae en los servicios de emergencias autonómicos". Indican que proporcionan de manera actualizada dos tipos de información: datos de pluviometría automáticos y niveles de los cauces. "Ambos conjuntos de datos están actualizados automáticamente y son accesibles para la consulta de los órganos competentes", explicaron. Y contraatacaron argumentando que fue el Centre de Coordinació d'Emergències el que lanzó la Alerta Hidrológica a las 12.30 del martes. A pesar de esto, la alerta llegó a los teléfonos de los valencianos a las 19.45 horas, con las inundaciones ya en marcha.

Pero no sólo la guerra política se desató por el tema de las alertas sino que alcanzo el tema de la asistencia y la ayuda. El sábado por la mañana, Pedro Sánchez hizo una aparición pública en la que anunció una batería de medidas económicas, políticas y de logística -con más de 7.000 militare disponibles- para combatir el desastre y el caos que se vivía en los municipios afectados. Expuso decenas de medidas, 7.000 militares y una fragata: “Si necesita más recursos, que la Generalitat los pida”. Con eso, Sánchez golpeaba de lleno el discurso del Palau de la Generalitat y la estrategia culpabilizadora de la gestión de Mazón. Sin embargo, hubo contrataques valencianos que quedaron desarticulados cuando el general jefe de la Unidad Militar de Emergencia (UME), Javier Marcos, señaló que el obstáculo para llegar con la ayuda era el freno que imponía el gobierno de Valencia: “Desde el primer momento todas las capacidades de las Fuerzas Armadas se pusieron al servicio de la Comunidad Valenciana. Puedo tener 1.000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar sin autorización".

Horas después, Mazón debió recalcular: pidió al Gobierno de Sánchez un primer paquete de 136 medidas valorado en 31.402 millones de euros, lo que supera el presupuesto de la comunidad en 2023. Además, la Generalitat que él conduce anunció una línea propia de ayudas de hasta 6.000 euros para las familias cuyas casas se hayan visto dañadas y solicitó al Ejecutivo que complemente con 15.000 euros.

En tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya tiene en sus manos la primera querella contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la crisis de la DANA. En el escrito se detallan una cadena de supuestos “fallos y omisiones flagrantes” que el presidente valenciano habría ignorado. Quien denuncia Iustitia Europa, lo acusa de presuntos delitos de "prevaricación, omisión del deber de socorro y homicidio de imprudencia grave". El mismo denunciante presentó ayer otra querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la también supuesta omisión de sus responsabilidades en la crisis de la "gota fría" que devastó a esa comunidad.

Así una tormenta letal y brutal pero "natural" se transformó en una tormenta política sin igual Una tormenta política que sacude tanto a los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP, ubicados en veredas opuestas, y a dos gobiernos enfrentados. Pero también azota a una monarquía que, hasta el momento, parecía indemne ante semejantes vendavales. Pero este fue tan fuerte y tan trágico que sacudió todos los esquemas. E inundó de interrogantes el futuro.