El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La semana pasada el pedido para elevar a juicio la causa que tiene al ex gobernador acusado por haber beneficiado a su cuñado en contrataciones de campañas publicitarias motivó un arduo debate. Los defensores pidieron ampliar los plazos para responder al planteo y que, en lugar de cinco días, sean doce; los fiscales rechazaron la petición. Así también lo hizo la jueza de Garantías, Marina Barbagelata.
Días más días menos. Esa fue el debate que se dio el viernes pasado, en la puerta del fin de semana largo de carnaval, en la sala de audiencias. Un grupo de abogados defensores en la causa por contrataciones de campañas publicitarias peticionó una prórroga para analizar el pedido de elevación a juicio que solicitó la Fiscalía, informó Página Judicial.
Se trata de una causa por la cual se imputó a Sergio Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y el cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera. Los tres están acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por un monto total de 24.204.918,69 pesos. Los fiscales adelantaron que pedirán que se les imponga una condena de ocho años de prisión. En la causa también está imputado el ex funcionario Gustavo Tamay; el diseñador gráfico Emiliano Oscar Giacopuzzi, Maximiliano Romeo Sena, que serían socios de las imprentas; la contadora Corina Cargnel; Luciana María Belén Almada, esposa de Aguilera; Alejandro José Luis Almada, hermano de Belén; y los publicistas Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana.
Miguel Cullen fue quien puso en voz alta las pretensiones de sus colegas. El abogado entendió que el legajo era voluminoso y los delitos que se imputan se fueron agregando a los largo del proceso, lo que implicó una complicación para quienes ejercen la defensa. Eso también determinó -según el abogado - un acrecentamiento en la nómina de testigos y pruebas. Cullen enfocó su pretensión en reclamar “igualdad de armas” y en la “fe procesal”. Si bien en varios tramos de su alocución puso de relieve no haber tenido inconvenientes para acceder a la prueba, insistió en que no era una causa “común”, sino que la misma tenía una complejidad tal que merecía solicitar una ampliación de siete días para analizar el pedido de elevación a juicio que habían solicitado los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa.
Cullen dijo que no habían podido analizar la totalidad de las entrevistas que se hicieron y que están en el legajo por una cuestión de tiempo y que por esa razón estaban allí pidiendo una prórroga. También interpretó que el Código Procesal Penal cuando habla de plazos no lo hace “taxativamente”.
El Código Procesal Penal de Entre Ríos establece que luego de que el fiscal presente el requerimiento de elevación de la causa a juicio, “será notificado el defensor del imputado” y que tendrá un plazo de seis días para “formular oposición instando el sobreseimiento, el cambio de calificación, la producción de la prueba que hubiere ofrecido anteriormente o deducir las excepciones que correspondieren”.
El abogado incurrió en un error estratégico, si se quiere, al decir que en esa causa estaba el “dos veces gobernador”, lo que le daría una carácter “especial”. Sonó a un pedido de privilegios. Los fiscales tomaron nota. Fue Yedro quien le respondió: “No se puede adoptar un criterio distinto porque se trata de un ex gobernador; sería darle un trato desigual respecto del resto de la ciudadanía”.
Los dos fiscales se encargaron de resaltar que en diciembre se conocía que era “inminente” la remisión de la causa a juicio y que incluso se lo hicieron saber a los abogados defensores en distintas entrevistas en el marco del proceso. Esta fue una respuesta al argumento de Cullen cuando se quejó de que el pedido de elevación haya sido a los dos días de haber finalizado la feria.
Cánepa apuntó además que el Código Procesal Penal establece que “los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley”, cosa que no fue planteada en esta causa, según dijo.
Lo cierto es que la pretensión de extender los plazos por otros siete días a partir del miércoles 14 de febrero, en que se vence el tiempo que les concede el Código Procesal Penal, fue rechazado por la jueza Marina Barbagelata.
Llamó la atención que los abogados de Urribarri no estuvieran presentes para sostener el planteo de los otros defensores. Antes de que comenzara la audiencia, convocada para las 10,30, se lo vio Raúl Barrandeguy en los tribunales. Luego de que finalizara y se pase a un cuarto intermedio hasta las 13, anduvo Marcos Rodríguez Allende. Ramiro Pereira, abogado de Tamay, se presentó para anunciar que dejaba la representación de su defendido, que estará a cargo de Guillermo Vartorelli, que ya venía defendiendo en la causa a Giacopuzzi.
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