El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juez de Garantías de Diamante, Julián Vergara, decidió otorgar la libertad ambulatoria a los tres dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) que estaban con arresto domiciliario acusados de coacción agravada contra la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.
De este modo, el secretario adjunto de sindicato y director del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fabián Monzón, y los vocales suplentes del gremio, José Zarza y Guillermo Barreira, recuperaron la libertad con restricciones. En la audiencia que se realizó en la mañana del sábado el abogado defensor de los gremialistas, Marcos Rodríguez Allende, solicitó la libertad de sus defendidos, mientras el fiscal Gamal Taleb procuró que permanezcan detenidos hasta que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) termine. No obstante, el magistrado entendió que los imputados colaboran con la investigación y otorgó la libertad. Las fuentes consultadas deslizaron que el peso de una negociación paritaria complicada pudo influir en la decisión del magistrado, advertido de la urgencia del gobierno provincial en dar por terminada aquella discusión.
Durante los sucesos también fueron detenidas, pero recuperaron ese mismo día la libertad, la secretaria gremial, Carina Domínguez, y Zunilda Suárez. La audiencia para determinar la libertad de los dirigentes Monzón, Zarza y Barreira se realizó a las 10.del sábado en el Juzgado de Diamante, y terminó cerca del mediodía.
Con esta decisión, Vergara dejó sin efecto el arresto domiciliario por 15 días que gozaban los tres dirigentes, dictado el viernes 9 de junio, cuando también dispuso la libertad de Domínguez y de Suárez.
Según publicó El Diario, las fuentes consultadas deslizaron que el peso de una negociación paritaria que fue trabajosa y complicada, pudo influir en la decisión del magistrado, advertido de la urgencia del gobierno provincial en dar por terminada aquella negociación, de mucha importancia para desactivar escenarios conflictivos de cara a un proceso electoral de complejidad creciente.
El gobierno entrerriano y los dos sindicatos que agrupan a los trabajadores del Estado provincial, acordaron el lunes 9 una recomposición salarial del 23 por ciento y elevar el salario mínimo de 9.600 pesos a 12.000 pesos, desde agosto.
En la reunión, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) firmó el acuerdo, considerándolo insuficiente, pero UPCN se negó en repudio a la detención de sus tres dirigentes, por lo que el acuerdo no podrá entrar en vigencia hasta que el sindicato lo firme.
Sobre la audiencia
Marcos Rodríguez Allende, defensor de los tres dirigentes, precisó que “a pedido de la defensa técnica de los tres delegados de UPCN, Monzón, Zarza y Barreira, por lo ocurrido en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, con la directora del establecimiento, el juez Vergara dictó la libertad ambulatoria de los tres sindicalistas, que estaban con arresto domiciliario”.
El letrado añadió que “la defensa expuso los argumentos por los que entendíamos debía cesar la medida; por su parte, el fiscal Gamal Taleb sostuvo que por disposición del Procurador, la idea del Ministerio Público Fiscal (MPF) es que permanezcan detenidos hasta que la Investigación Penal Preparatoria (IPP) termine. No obstante, el magistrado entendió que los imputados colaboran con la investigación, y tras escuchar los argumentos de esta defensa y de Fiscalía, terminó accediendo a nuestro pedido".
Las imputaciones
Monzón y Barreira están imputados por el delito de Amenazas en concurso ideal con Resistencia a la autoridad; mientras que Zarza, Domínguez y Suárez lo están por el de Coacciones agravadas.
Se los acusa de pretender obligar, bajo amenazas, a la directora del nosocomio a reintegrar a su puesto a una enfermera, delegada de UPCN, cuyo contrato fue dado de baja desde el 1º de junio.
El escándalo también alcanzó a quien era ministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa, que renunció a la cartera. De la Rosa, hombre de confianza del secretario general de UPCN, José Allende, también fue imputado como coautor del delito de coacciones.
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