El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El ex coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, que funcionó en 2014, cuando sesionó en Paraná la Cumbre de Presidentes del Mercador Común del Sur (Mercosur), Hugo Félix Céspedes, falleció este sábado después de batallar contra un cáncer. Céspedes era uno de los 15 imputados en el megajuicio contra la corrupción que se sustancia desde el lunes 27 de septiembre y que tiene a Sergio Urribarri (ex gobernador y actual embajador de Israel) como principal imputado.
Céspedes estaba imputado y tenía un pedido de condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua en la denominada causa del Sueño Entrerriano por la contratación de la difusión de spots en medios nacionales con la productora Nelly EntertainmentSA, de Jorge “Corcho” Rodríguez, recordó Análisis.
Durante la audiencia del martes 5 del actual, cuando fue identificado por el Tribunal que conforman los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, contó que se había jubilado, que tenía 63 años y que estaba en tratamiento oncológico, consignó el portal Entre Ríos Ahora.
Tuvo casi medio siglo de desempeño en la Administración: se desempeñó durante 46 años en el Estado. Fue jefe de Contable del Ministerio de Gobierno con Adán Bahl como ministro y luego director general del Servicio Contable de la Gobernación en la segunda gestión de Urribarri.
Estaba en tratamiento oncológico desde principio de año. Según se supo, a pesar de estar llevar bien esa afección, sufrió una falla cardíaca.
El portal Entre Ríos Ahora consultó a fuentes de Fiscalía respecto de qué implicancia puede tener el deceso de uno de los imputados en el desarrollo del megajuicio –mañana ser hará la sexta audiencia- y se respondió de modo tajante: “No cambia nada”.
La causa
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.
La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el Sueño Entrerriano.
En la megacausa están acusados el exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; el exministro de Turismo, Hugo José María Marsó; Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera; además del ya nombrado Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur.
Contextos
Cabe recordar que, en este caso, para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
En la contratación de Nelly Entertainment SA hay dos líneas investigativas en la Justicia: cómo fue que se contrató a una productora de Buenos Aires por una abultada cifra, $28 millones, de qué modo se dio el proceso de contratación –con autorizaciones en tiempo récord en los distintos organismos de contralor- y si los cuatro spots de difusión contratados fueron para dar a conocer la Cumbre del Mercosur, o más directamente se aplicó a la campaña proselitista del Sueño Entrerriano, resaltó el portal Entre Ríos Ahora.
La Ley 10.327 promulgada el 20 de octubre de 2014, que declaró de interés la 47° Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de ese año en Paraná, facultó al Poder Ejecutivo a utilizar el procedimiento de contratación directa para ejecutar obras, contratar servicios, adquirir suministros y realizar toda otra compra u operación necesaria para realizar eventos inherentes al encuentro de los jefes de Estado de la región.
La autorización legal permitió al Ejecutivo eludir los procedimientos naturales de licitación pública, cotejo de precios, etcétera, pero bajo la exigencia de que lo contratado por vía directa sea lo estrictamente necesario para la organización y realización de la Cumbre. Sin embargo, el Gobierno Provincial contrató la difusión de spots por redes sociales y Youtube, por más de $28 millones con la firma Nelly Entertainment, para dar a conocer cuatro videos, de los cuales, tres no tenían absolutamente nada que ver con la visita de los presidentes del Mercosur, según la tesis de la Fiscalía.
Así, la contratación no podría enmarcarse en la autorización legislativa del Artículo 2º de la Ley 10.327, porque por más amplio que fuera dicho salvoconducto, solo uno de los vídeos que se subió a las redes tenía relación directa con la Cumbre: un material fílmico en el que Urribarri aparece brindando un saludo de bienvenida a los presidentes. Los otros tres se refieren pura y exclusivamente a propaganda sobre la gestión del por entonces precandidato a Presidente.
Pero esa no sería la única particularidad llamativa del Expediente Nº 1656798, iniciado el 25 de noviembre de 2014 a instancias del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, e identificado “Área Técnico-Administrativa – Dirección General De Despacho – Subsecretaría de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos – Secretaría de Comunicación –Ministerio de Cultura y Comunicación – Poder Ejecutivo”.
Otra peculiaridad es el ritmo vertiginoso de su tramitación. Si bien es razonable que se trataba de gestiones que requerían de cierta celeridad, es llamativo, para cualquiera que haya realizado alguna vez un trámite en la Administración Pública Provincial, que en cinco días hábiles (27 y 28 de noviembre, y 1º, 2 y 3 de diciembre de 2014), el Expediente Nº 1656798 recorrió los despachos de diez funcionarios de los organismos de control (Tribunal de Cuentas –la asesoría jurídica, su presidente, Guillermo Smaldone, y los cinco fiscales de Cuentas–, Fiscalía de Estado, Contaduría General –su asesor jurídico y su presidente–) cosechando a su paso expeditos dictámenes favorables. Corresponde aclarar que los diez funcionarios encargados de los controles previos de la actividad estatal dictaminaron sobre un proyecto del disuelto Ministerio de Cultura “en abstracto”, es decir, sin ver los materiales que Báez pensaba difundir por contratación directa, pero no deja de llamar la atención de cualquier experto en vericuetos administrativos la agilidad puesta de manifiesto por dichos organismos en el caso en particular.
Pero, quizás por ese frenético derrotero del expediente, ninguno de los controladores advirtió tampoco que el exministro de Cultura no aclaraba si la difusión sería local o nacional, como tampoco especificaba en su pedido el plazo de la campaña, el monto de la contratación, el presupuesto estimativo, los horarios, canales, programas, redes, o demás detalles adonde se pretendía incluir el material referido a “políticas públicas”, detalles de importancia, dado que si bien la Ley 10.327 autorizaba a la contratación directa, en su Artículo 8° mandaba aplicar expresamente la Ley de Contabilidad y los principios del derecho administrativo, que establecen topes, formas y garantías para los eventuales participantes de cualquier proceso de contratación con el Estado.
Con todas esas maratónicas autorizaciones, el exministro Báez avanzó y el 4 de diciembre resolvió interesar a los medios de comunicación y agencias de publicidad para que propongan un esquema para la difusión de los cuatro spots “inherentes” a la Cumbre, en el exiguo plazo de cuatro días. Dicha invitación a ofertar fue realizada en “El Diario” de Paraná, y en ningún otro medio escrito local ni nacional. El viejo diario que fuera radical y ahora está en manos de empresarios amigos del Gobierno Provincial demostró tener una llegada inusitada, ya que logró el interés de cuatro empresas de Buenos Aires que el 9 de diciembre presentaron sus ofertas entre las 7:10 y las 9:55 horas.
Con las ofertas a la vista, Báez y los funcionarios de su Ministerio decidieron que sólo dos cumplían con los requisitos, exigencias sólo conocidas por ellos, ya que no había un precio testigo que pudiera establecer que 31 millones era una cifra adecuada, como así tampoco había un pliego de condiciones mínimas para explicar a los interesados cuáles eran las necesidades de difusión del Poder Ejecutivo Provincial. Tan pocas referencias tenían los oferentes, que una de las propuestas se olvidó de enmarcar la contratación en la Cumbre del Mercosur y se presentó para difundir los spots “para publicitar los logros de los 7 años de gobierno”, describió el circuito “burocrático” el portal Entre Ríos Ahora.
Así las cosas, en cinco días, el Gobierno Provincial publicó el aviso en “El Diario”, recibió las ofertas, descartó las que no cumplían con sus requisitos y publicó el Decreto 4800/14. El 9 de diciembre de 2014, entre las 10 (hora de cierre de las presentaciones de los interesados) y las 13 horas, con una intervención que quedará en los anales de la eficiencia estatal, el proceso de contratación recibió el aval del director de la Unidad Operativa creada especialmente para la Cumbre, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación y Cultura, el exministro Pedro Báez, el exgobernador Sergio Urribarri y la directora de Despacho (estos últimos para la elaboración del Decreto emitido ese mismo día).
La Fiscalía, en la imputación, sostiene que a través “de la gestión realizada en el Expediente Administrativo Nº 1656798 iniciado con fecha 25 de noviembre de 2014, se sustrajo de la partida presupuestaria asignada a las erogaciones para la organización de la Cumbre Mercosur (DA 988) -cuya administración y disposición estaba a cargo de Sergio Daniel Urribarri, en su carácter de Gobernador de la provincia de Entre Ríos, la suma de $ 28.400.000, la que fue aplicada para su beneficio personal a través de la difusión nacional de los cuatro spots publicitarios, con el único propósito de instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015”.
Además, agrega: “Concretamente, en el marco del expediente mencionado, el exgobernador Urribarri dictó el Decreto Nº 4800/14 de fecha 9 de diciembre de 2014, mediante el cual autorizó la contratación por la suma de $31.460.000, para la difusión nacional de cuatro spots publicitarios de su gestión de Gobierno. Con el fin de soslayar procedimientos de contratación pública y los controles respectivos, se encuadró tal contratación en el marco de la Ley 10.327 (art. 2), pese a no ser necesaria ni inherente para la realización de la 47 Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (Mercosur). A tales fines se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertainment SA, en la persona de su presidente Jorge Ernesto Rodríguez, quien además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma. Tales hechos fueron de autoría de Sergio Daniel Urribarri, en su carácter de Gobernador de la provincia de Entre Ríos. Tuvo la imprescindible participación del ex Ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez quien en el marco de su rol funcional, interesó la contratación en el marco de la ley excepcional 10.327, aportó los spots, incidió en la asignación del contrato y refrendó el Decreto Nª 4800/2014; del Coordinador de la Unidad Operativa de la Cumbre de Mercosur, Hugo Félix Céspedes; y del Coordinador Contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, Contador Gustavo Javier Tórtul, quienes llevaron adelante los procedimientos administrativos que favorecieron la sustracción”.
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