El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Hace siglos que vienen peleando por sus derechos. Primero los europeos invasores y después los diferentes Estados nacionales han profundizado y llevado a límites extremos los niveles de supervivencia. Y, sin embargo, no cesan en su lucha pacífica.
Por el equipo de Redacción de EL MIÉRCOLES DIGITAL
Félix Díaz encabeza el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. Habló extensamente, en profundidad y con tiempo (como no sucede con los medios porteños) con el programa ‘En la Víspera’, que se emite en simultáneo por LT11 y radio UNER, producido por la Cooperativa El Miércoles. En la edición 14 del espacio, se refirió a los vaivenes de los diferentes gobiernos respecto de los pueblos originarios, la lucha cultural que sostienen y que hace años empezaron a darla en el campo jurídico.
Díaz es militante por los derechos civiles de los indígenas y el qarashé de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh, más popularmente conocida como La Primavera, perteneciente a los Qom en Argentina.
Entrevista a Félix Díaz en La Víspera.
¿Qué balance hace de su vinculación con el gobierno anterior y que se tradujo en la creación del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina? Además: ¿qué pasa hoy con ese organismo y con la defensa y la protección de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país?
Para nosotros es una experiencia muy interesante. Histórica a la vez, porque el pueblo indígena tuvo el reconocimiento a través de la Reforma Constitucional del año 1994, por la que se fueron creando algunas leyes incorporadas ante el Estado Nacional, como la 24.071, muy ligada con el Convenio 169. Después tenemos la Ley de Emergencia Territorial 26.160 y la que estuvo mucho antes, la 23.302, que es la ley que crea al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Ha fracasado (el INAI) y sigue fracasando en acompañar a los pueblos indígenas a través de apoyo técnico, jurídico, capacitación para el liderazgo indígena. Nunca lo ha hecho. Y creo que esa falencia ha provocado que el pueblo indígena se manifestara a nivel nacional a través del acampe Qopiwini en el año 2015 (N de la R: agrupación que nuclea a las comunidades Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé). Hemos buscado la posibilidad de diálogo a través de las autoridades y no lo hemos podido lograr.
Eso cambió con el macrismo...
Hubo cambio de gobierno en el año 2015, en el que asumió Cambiemos liderado por Mauricio Macri. Cuando se acercó a nuestro campamento, la propuesta que le hemos dado era tener una mesa nacional de diálogo político con los pueblos indígenas, un diálogo intercultural. Macri no tuvo problemas en decir que sí y, después, le hemos propuesto que el organismo nacional (el INAI) tenía que traspasar la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia y también fue aceptado. Una vez reafirmado el liderazgo de Macri, le hemos pedido un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) para los pueblos indígenas por la urgencia de resolver los conflictos que veníamos sufriendo, las carencias de políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas. Entonces, Macri nos negó el DNU porque dijo que era muy difícil, tenía que pasar por el Senado y la Cámara de Diputados y nos dio un decreto simple, el 672/2016. De ahí se creó el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. Al darnos esa norma convocamos a los pueblos indígenas de Argentina, donde han participado 1.300 líderes de diferentes puntos del país y me recayó la responsabilidad de estar en la Presidencia del Consejo, y fueron designados cuatro vicepresidentes regionales: Centro, Sur, NOA (NorOeste Argentino) y NEA (NorEste Argentino).
“El INAI sigue fracasando en temas de acompañar a los pueblos indígenas”.
Estuvieron mejor organizados...
Desde ahí hemos empezado a trabajar, a proponer al gobierno nacional la reforma de la Ley 23.302, un protocolo de consulta libre, previamente informado, para que se convierta en ley y también la propuesta era la creación de una ley de propiedad comunitaria indígena a nivel nacional. Esos tres objetivos hemos trazado para que el Estado argentino se haga cargo de la deuda social que tiene con los pueblos indígenas, cosa que no hemos logrado porque hay muchísima oposición por parte de las provincias y también a los movimientos sociales. Pudimos proponer a la Nación crear una asamblea para poder hablar del tema de la reforma de la Ley 23.302. Pero los pueblos indígenas, lo que han priorizado fue el proyecto de ley de propiedad comunitaria. El riesgo que corren los territorios indígenas, una vez que termine la ley 26.160 de Emergencia Territorial, es que podría ocasionar muchas represalias a los líderes indígenas que tienen causas judiciales por usurpación, cosa que no hemos logrado avanzar porque no teníamos tiempo y nos quedamos relegados por la campaña electoral que se ha hecho en estos cuatro años, porque cada dos años vienen las elecciones legislativas, a los cuatro la presidencial. Todo el tiempo nuestros políticos se dedican a hacer campaña, nosotros no somos prioridad para la agenda de los gobiernos y hemos tenido la paciencia de esperar que nos atiendan. Terminaron los cuatro años y hemos quedado expectantes de lo que podría pasar. De nuevo llegó al gobierno otro partido político que ya estuvo anteriormente, pero con una nueva cara, y nosotros no perdimos la esperanza de que esto puede tener una gran oportunidad de poder cambiar su trato con los pueblos indígenas, de atender y resolver los problemas que nos aquejan porque Argentina tiene una deuda social con los indígenas, porque falta una ley de propiedad comunitaria. Por lo tanto, seguimos esperanzados de que el gobierno nos entienda y que nos escuche como pueblos indígenas.
¿Cuál es la mayor diferencia entre el INAI y el Consejo?
El organismo nacional de asuntos indígenas es un ente estatal que fue creado por ley y el presidente es designado por el Poder Ejecutivo, y los titulares del INAI los elige la Presidencia para que designe a sus vicepresidentes, a los directores de cada área. En cambio, el Consejo Consultivo es un espacio de consulta y participación indígena en la política pública. Debería ser el organismo de consulta ante el Estado para los pueblos indígenas para ejecutar la legislación a través de la articulación que debería tener el Consejo Consultivo con el organismo nacional que es el INAI.
¿Entonces, el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas sigue vigente? ¿No se eliminó ese consejo?
Hemos entendido que el presidente Alberto Fernández no derogó el Decreto 672. Por lo tanto, nos genera una expectativa de poder darle continuidad. Lo que falta es la oficialización del Poder Ejecutivo, porque nosotros dependemos del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos que es como un órgano colaborador ante la política estatal a esos ministerios. Por lo tanto, el mandato que tengo yo culminaría este año, en diciembre, pero no podemos hacer una convocatoria asamblearia porque no tenemos tiempos para poder convocar a los hermanos para que renueven las autoridades del Consejo Consultivo.
“Queremos que el Estado argentino se haga cargo de la deuda social que tiene con los pueblos indígenas, cosa que no hemos logrado”
¿El Consejo que usted preside, creado en 2016, no tiene relación institucional directa con el INAI?
Nosotros siempre hemos buscado una relación institucional, pero hay una resistencia por parte de los funcionarios de ese organismo. Dicen que somos paralelos al INAI, cosa que no es así. Nosotros, desde que hemos iniciado este trabajo, hemos trabajado ad honorem durante cuatro años y nunca hemos reclamado un cargo público. Pero, con el paso del tiempo, hemos hecho mucho más que el INAI. El INAI es un órgano que tiene enormes funcionarios técnicos, administrativos que son enormes profesionales, pero nunca han resuelto los problemas de los pueblos indígenas. En cambio, el Consejo Consultivo ha podido acompañar los problemas que han tenido los pueblos indígenas, como el caso de Facundo Jones Huala cuando ha sido encarcelado. Nosotros estuvimos ahí con él. Y después el caso del Parque Nacional Aconquija, en la provincia de Tucumán donde han incluido territorio del pueblo diaguita a través de la hermana Margarita Mamani (N de la R: cacica de comunidad indígena diaguita de El Mollar). Los quisieron incluir en un área protegida al territorio indígena. Eso fue ya hecho a través del Senado, la Cámara de Diputados, el INAI, Parques Nacionales y lo decidieron así, sin consultar, y la comunidad nos delegó la responsabilidad de reclamar al gobierno nacional sobre esta imposición que han querido hacer con esa comunidad. Hemos acompañado a la comunidad de El Mollar y, por suerte, hemos podido revertirlo y lo dejaron afuera del territorio de esa comunidad.
LAS TRAMPAS DE LA LEGISLACIÓN
Usted hizo referencia a las reformas que reclaman a la Ley 23.302 que había creado al INAI, ¿en qué consisten las reformas que ustedes piden?
Nosotros, como pueblo indígena, hemos vivido en carne propia lo que es el despojo territorial. En esta ley, en el artículo 13, dice que “en caso de extinción o acefalía de su personería jurídica, los bienes pasan a manos del Estado nacional, provincial y municipal, en caso de abandonar esta tierra, no tendrán derecho a reclamar”. Entonces, ese punto para nosotros es muy peligroso, porque muchas veces los pueblos indígenas van a buscar trabajo fuera de la comunidad, a viajar a otras provincias y muchas veces vuelven a sus territorios y se encuentran con un alambrado. La justificación que hacen las provincias es decir que abandonan y dejan sin habitantes a una población, usan la figura de extinción de una comunidad. O sea, desaparecen sin ningún motivo. La estrategia estatal es no dar agua a una comunidad, no tener salud, no tener buenos caminos, no hay energía eléctrica, no hay manera de poder mantenerse en esa comunidad, y los pueblos indígenas emigran a las zonas urbanas para que puedan tener la educación de los niños y también una pequeña changa en la construcción y otros trabajos. Entonces, nosotros vemos que es preocupante ese artículo, porque no garantiza la propiedad indígena. Empezamos a indagar y Argentina no tiene una ley nacional que prevea la garantía jurídica de las tierras indígenas porque algunos pueblos mantienen su territorio a través de decretos nacionales o provinciales cuando eran territorio nacional. El artículo 5° de esta Ley dice que el Poder Ejecutivo designará al presidente del INAI, no le da la posibilidad a los pueblos indígenas que elijan a sus representantes ante el Estado nacional. Entonces, no tiene ninguna fuerza. Vamos a pedir el cambio del presidente del INAI y el Poder Ejecutivo va a designar a su hombre de confianza, y los pueblos indígenas jamás van a poder proponer a su hombre de confianza, que sea un profesional amigo de los pueblos o un indígena que tenga esa capacidad de estar al frente de ese organismo.
En 2020, 528 años después de la invasión a nuestro continente, todavía en la Argentina, cuando el gobierno que sea nombra a la autoridad del INAI, ¿no se consulta a los pueblos indígenas?
Así es. El planteo nuestro, cuando hemos hecho el acampe en el 2015, es justamente eso. Porque la misma Declaración internacional que Argentina adhiere...
“Argentina tiene que tener la humildad de poder escuchar a los pueblos indígenas”.
La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
Sí, sí. Argentina adhiere, está de acuerdo con la política internacional, pero en la práctica nada que ver. Por eso nació el Consejo Consultivo, para que sea un órgano de consulta, de participación, es para proponer unos cambios en la política nacional y no reemplaza al INAI, que es un ente de aplicación, lo que tiene que hacer es acompañar al pueblo indígena a proponer al Estado nacional estos cambios que nosotros queremos. Nosotros no estamos enfrentados ni lo vamos a enfrentar nunca porque está por ley el INAI, creado, justamente, para poner en práctica el artículo 75 inciso 17 donde dice: “El Estado reconoce la preexistencia étnica, cultural de los pueblos indígenas argentinos. El Estado garantiza el respeto, la identidad cultural de los pueblos indígenas”. Entonces nos centramos ahí: el Estado mismo es el garante de que me tiene que tener respeto como persona. Yo no soy asunto de nadie, soy un sujeto de derecho. Por lo tanto, tengo que tener los derechos humanos como corresponde para poder estar a la altura. La existencia como pueblo indígena, ante la sociedad, para que yo no pueda estar discriminado, perseguido o amenazado por pensar como indígena. Argentina tiene que tener la humildad de escuchar a los pueblos indígenas, no al INAI, un órgano donde se tramitan los pedidos de los pueblos indígenas ante el Estado nacional.
LA TITULARIDAD DE LAS TIERRAS
El artículo que usted mencionaba de la Constitución Nacional -que fue incorporado en 1994- también dice que el Estado “reconoce la posesión y la propiedad comunitarias de las tierras que los pueblos indígenas tradicionalmente ocupan, y que regulará la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano de esas comunidades”. Eso tiene que ver con el reclamo que usted mencionaba de la inexistencia y de la necesidad de que haya una ley de propiedad comunitaria en nuestro país, ¿en qué estado se encuentra ese proyecto en la discusión del Congreso Nacional?
Así es, justamente. Cuando empezamos a leer ese artículo el Estado dice que sos propietario, pero no te da la titularidad de las tierras y usa esa parte del Artículo 13 que dice que en caso de extinción o caducidad de las personerías jurídicas... Entonces, las personerías jurídicas que fueron creadas, las formas de la sociedad civil... Muchas veces, los caciques en cada pueblo son analfabetos, tienen mucha capacidad de defender a sus tribus, pero no tienen la capacidad de entender lo que es tener una sociedad civil, hacer balances, tener patrimonio, tener libros de actas, de asamblea.
“El Estado argentino ha ignorado nuestra legislación”
Toda la burocracia que el Estado exige para la personería jurídica
Sí, es una regla de la sociedad civil que el mundo indígena no está acorde con esas pautas, porque no es costumbre indígena.
¿Y la discusión en el Congreso Nacional avanzó en algo en ese proyecto o sigue paralizada?
Nosotros, desde el 2015 hemos propuesto al Senado, a través de la doctora Magdalena Odarda cuando era senadora, y el que más nos acompañó fue el doctor Darío Duch, que en paz descanse. fue uno de los profesionales que más le interesó la propuesta. Por eso, en ese proyecto de ley se presentó como Proyecto de Qopiwini (por los cuatro pueblos de Formosa Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé). Fue él quien inició esa propuesta y después fue ampliada, donde los pueblos indígenas han podido hacer asambleas nacionales y fueron avaladas esas propuestas por todo el pueblo indígena del país. Hasta ahora no se ha podido tocar y nosotros estamos haciendo algunas correcciones sobre este trabajo para poder mejorarla. Es un trabajo hecho por el Consejo Consultivo. Ahora estamos tratando de terminar y cerrar ese proyecto para llevar al Congreso, para que algún senador o diputado lo presente, para que lo traten con suma urgencia porque nosotros estamos muy desesperados, porque el año vence la Ley de Emergencia Territorial 26.160 en noviembre, y una vez que termina la vigencia va a haber un desalojo a mansalva, porque hay líderes indígenas que tienen una causa judicial sentenciada para el desalojo a esa comunidad. Nosotros no queremos que pase eso. Por eso, nosotros insistimos en que la voluntad política tiene que ser de los legisladores, así sale el tratamiento que garantice que no haya desalojo, que no haya presos indígenas por defender su territorio.
“No somos opositores ni oficialistas, somos indígenas”
Ojalá el Congreso de la Nación esté a la altura del compromiso que establece la Constitución Nacional y de la enorme deuda social y moral que tiene con los pueblos indígenas, y el 2020 o 2021 sean, efectivamente, el año en que se apruebe una ley de propiedad comunitaria que le de tranquilidad a nuestros hermanos y hermanas aborígenes en el reconocimiento, la posesión y la propiedad legal, comunitaria de sus tierras...
Espero que sea así, porque nosotros estamos realmente preocupados. Por ahora estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo nos convoque a dialogar para poder seguir con esta propuesta, queremos dialogar con nuestra política nacional. No somos opositores ni oficialistas, somos indígenas reconocidos ante la Ley. Somos preexistentes al Estado, pero queremos ser parte de la reparación que el Estado tiene que tener con los pueblos indígenas, porque esta es una deuda social. El Estado argentino ha ignorado nuestra legislación y lo que nosotros proponemos es caminar a la par hacia esta política pública que estamos queriendo tener para que podamos estar en paz, tranquilos en nuestros lugares donde habitamos. Argentina es un país multicultural y tiene que tener una mirada más amplia con el tema indígena, y estamos con muchas ganas de que esto sea algo real porque nos ofrecemos para acompañar al gobierno que asuma. Nosotros no queremos esa manipulación que se viene haciendo. No somos parte de una competencia electoral. Nosotros queremos ser respetados y que nos den el derecho a ser escuchados, y que nos brinden esa libertad de poder decidir lo que nosotros queremos.
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