El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El proyecto de Ley de Promoción del Transporte Sostenible,que fue elaborado por el dirigente radical y ex legislador José Antonio "Pepo" Artusi, que se encontraba en discusión en la Cámara Baja de Entre Ríos, fue pasado archivo. Así se lo informó oficialmente.
Foto de portada: Ilustrativa.
La iniciativa ingresada en 2019 tenía como autor al uruguayense José Antonio Artusi –cuando fue legislador por Cambiemos– y como coautores a sus compañeros de bancada Gabriela Mabel Lena, Fuad Amado Miguel Sosa y Jorge Daniel Monge.
La propuesta pretendía establecer un marco normativo para el “fomento del uso y la fabricación de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas renovables en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos”. También planteaba “como prioridad provincial la utilización de alternativas sostenibles en el transporte público de pasajeros y en el transporte de cargas, preferentemente producidos en el territorio nacional”.
Tanto era así que establecía una meta de “cero emisiones de gases de efecto invernadero para el 31 de diciembre de 2030 para el sector del transporte automotor terrestre público urbano e interurbano”. Según trascendió a ERA Verde, el borrador del cuerpo legal podría retomarse en este período de gestión, aunque oficialmente no fue confirmado.
En la pasada sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, Andrea Soledad Zoff (MxER–PJ), comunicó a sus pares que según lo estipulado por la Ley Nº 3.030 de Reglamento del cuerpo legislativo y sus normas modificatorias, se pasó a archivo el expediente 23836. Con este número, se tramitaba un proyecto de Ley de Promoción del Transporte Sostenible, y que fuera ingresado en el anteúltimo período el 19 de noviembre de 2019.
La iniciativa fue elaborada por el ex diputado Artusi (foto) y fue acompañado en su momento por la actual vicepresidenta 1ª de la Cámara, Gabriela Lena.
La propuesta tenía como “objeto la promoción y fomento del uso y la fabricación de vehículos eléctricos y con tecnologías de energías alternativas renovables en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, en post del fortalecimiento de las políticas públicas tendientes a mejorar la eficiencia energética del transporte automotor terrestre y a potenciar su aporte al desarrollo sostenible y la mejora de las condiciones de vida de la población”, según se lee en el artículo 1º .
Asimismo, la norma declaraba “de interés estratégico” para “las políticas públicas” de la provincia para que el transporte automotor terrestre tienda a: “la reducción de emisiones de gases contaminantes; el aumento de la eficiencia en el consumo energético; la minimización del impacto ambiental negativo; el aumento de las condiciones de seguridad; la disminución de los requerimientos de combustibles derivados de recursos no renovables; el uso de tecnologías y elementos no contaminantes y la adopción de las prácticas más avanzadas y seguras; la disminución de costos y la mejora de la eficiencia económica y la rentabilidad social en la prestación de servicios de transporte, tanto de pasajeros como de cargas; el desarrollo del sector industrial y de servicios vinculado al transporte sostenible” (artículo 2º), detallaba el texto que pasó al archivo.
Metas 2030
La iniciativa planteaba “establecer un marco legal, económico y de difusión pública, articulado de manera eficiente y coherente con la normativa legal nacional en la materia”. Bajo la premisa de fortalecer la eficiencia energética y las energías renovables, el proyecto establecía “como prioridad provincial la utilización de alternativas sostenibles en el transporte público de pasajeros y en el transporte de cargas, preferentemente producidos en el territorio nacional”. Y en este orden, fijaba “la meta de cero emisiones de gases de efecto invernadero para el 31 de diciembre de 2030 para el sector del transporte automotor terrestre público urbano e interurbano” (artículo 6º).
Entre otras formas de operar la promoción de la movilidad sustentable, el proyecto de ley establecía un sistema de fomentos, entre los que se encontraba una bonificación del 50% de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la venta de este tipo de vehículos, así como la comercialización de sus repuestos. También una rebaja del 50% en el Impuesto a los Automotores. E incluso en caso de inmuebles dedicados a la fabricación o venta de accesorias, un 50% de descuento en el Impuesto Inmobiliario.
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