El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El hecho fue en colonia Avigdor (departamento La Paz), donde fumigaron a 50 metros de un pueblo. Reclaman que el Estado entrerriano no tiene estructura ni voluntad política de controlar las fumigaciones en la Provincia.
La causa es un amparo ambiental presentado en Colonia Avigdor, departamento La Paz, donde pidieron a la Justicia que intervenga "por una serie de, al menos, diez denuncias presentadas desde 2015 en adelante por la contaminación de derivados de agrotóxicos a pobladores cercanos".
“Ninguna logró frenar las fumigaciones en la zona sino que además se fueron agravando”, denunciaron desde el colectivo ambientalista “Basta es basta”.
Plantean que el fiscal que intervino en la denuncia, Oscar Alberto Sobko “no dio lugar al amparo”, perjudicando a los denunciantes.
En el texto acercado a este medio dicen que: “A pocos días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, ante un fallo que vulnera el derecho a la salud y al ambiente, advertimos sobre la sentencia del fiscal Oscar Alberto Sobko que lesiona los parámetros mínimos de derechos humanos”.
“El fiscal Sobko debía dar su opinión al tribunal antes de que el juez Diego Rodríguez formule su sentencia. Nunca entendió el objeto del amparo”, se quejaron desde la ONG.
“Hasta la Fundación Bergman, que integra el ex ministro de ambiente nacional, está denunciada por fumigaciones que contaminan a pobladores cercanos y vecinos de colonia Avigdor”, señalaron.
De épocas de la Dictadura
“En el amparo se solicita al juez declare la inconstitucionalidad del artículo 2 de la resolución 47 de la legislación provincial de plaguicidas (decreto ley de la Dictadura), ya que permitir que se fumigue con agrotóxicos a 50 metros de zonas pobladas vulnera los Derechos Humanos y atenta -según evidencia científica presentada a la causa- contra la salud y el ambiente, no solo de la población de Colonia Avigdor sino de toda la población de la provincia de Entre Ríos que es víctima de la misma Ley de la dictadura, y de los sucesivos gobiernos serviles a los intereses de las compañías vendedoras de agrotóxicos a los que liberan la zona para hacer sus negocios a costa de la salud y el ambiente de toda la Entre Ríos”, reprocharon.
“En la provincia se arrojan al ambiente más de 20 millones de litros de veneno por año. El Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política de realizar un control efectivo del uso de estos biocidas y menos aún de fijar metas y objetivos para disminuir su uso”.
“Llama la atención que el fiscal Sobko, con estirpe de la lucha militante de los años 70, de historia directa en lo que respecta a la violación de los DDHH, haya recomendado al juez no dar lugar al amparo, reduciendo el objeto de la demanda a tan solo el análisis de la última denuncia contenida en el expediente -por avionetas fumigadoras aplicando agrotóxicos muy cerca de la zona poblada de Avigdor- fundamentando que el Estado no está ausente porque luego de la denuncia se presentó personal de la Dirección de Agricultura”, argumentaron.
“¿17 días después de realizada la denuncia, un organismo de contralor con menos de 10 personas sin medios ni herramientas para fiscalizar toda la provincia son prueba de un Estado presente? Una vergüenza de argumento para un caso tan serio”, razonaron desde esa organización ambientalista.
“En la provincia se arrojan al ambiente más de 20 millones de litros de veneno por año. El Estado no tiene la capacidad ni la voluntad política de realizar un control efectivo del uso de estos biocidas y menos aún de fijar metas y objetivos para disminuir su uso”, señalaron.
Y luego agregaron que: “Los productos que se utilizan- principalmente el glifosato- han sido prohibidos en muchas localidades de este país y de otros países por su efecto teratogénico y causal de la enfermedad del cáncer. Mientras tanto el gobierno de Entre Ríos basa su evidencia científica en un papelón realizado en la ciudad de Gualeguay, en un evento que organiza la cámara de vendedores de agroquímicos y la mesa de enlace en el que se realizaron pulverizaciones a campo con máquinas aplicadoras cargadas con agua; si, con agua, no con agrotóxicos! Probaron con agua, como si fuera un método de validez científico, justificando que las derivas no son superiores a 10 metros, como si el comportamiento de un veneno en el aire o en el agua fuera comparable en sus características físicas o químicas”.
“La medición de las derivas se intenta probar a través del uso de tarjetas hidrosensibles, mecanismo que tampoco tiene ninguna validez científica probada al día de la fecha al menos que se conozca. Otra burla que las poblaciones tuvimos soportar”.
“En la provincia no existen los medios y protocolos necesarios para analizar la presencia de estos productos en los cuerpos de las personas sometidas a convivir con estos venenos ni para la detección de estos biocidas en los alimentos sobre los cuales se aplican ni sobre los suelos ni cursos de agua. Entonces ¿qué tipo de controles puede hacer el estado, sin medios, sin información científica, y ante un evidente conflicto de intereses donde siempre pierden las víctimas, el sentido común, la defensa de la salud, la vida y el ambiente? ¿Acaso no se nota demasiado?”, recalcaron.
También fueron contra la UNER: “El resto de los argumentos es una muy poco científica presentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, facultad de agronomía de Oro Verde que presenta un trabajo de recopilación de bibliografía extranjera con más de 300 páginas casi toda en inglés, scaneado de fotocopias. Prácticamente ilegible e incomprensible en su forma de presentación. Una vergüenza para esta casa de estudios y en el nombre de la ciencia misma y para toda la población de la Entre Ríos”.
“Cuando las manifestaciones del sistema de justicia no cumplen con la protección de los pueblos que padecen injusticias, esto genera una profunda indignación. Las personas afectadas acuden desesperadamente en busca de respuestas al Poder Judicial que debiera brindar protección ante la contaminación al ambiente y a la salud pública a causa de las derivas de agrotóxicos que realizan los dueños de campos en sus actividades privadas. Pero todo el andamiaje jurídico les da la espalda a las víctimas de fumigaciones que debieran ser respaldadas en un marco de Derechos Humanos a los que se supone que suscribe Argentina y que el Estado Nacional, sin distinción partidaria, incumple hace 20 años, desde la implementación de la agricultura biocida, con respecto a las pulverizaciones con veneno”, resaltaron.
“Ante la respuesta del fiscal Sobko al pedido de intervención por parte del juez Diego Rodríguez, en el marco del recurso de amparo ambiental presentado el 11 de febrero, denunciamos que las comunidades son marginadas al ser expuestas a las aplicaciones de miles de litros/metros cúbicos/kilos/toneladas de venenos de manera constante en sus territorios, avalados por una ley que muestra como persiste una sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado, a través de un decreto ley 6599 que perdura del año 1980. Legalizando un sistema de producción tóxico dependiente que ha alejado a la población de la vida, al forzar la desaparición de pueblos enteros. Quienes aún perduran en sus comunidades y defienden los territorios que habitan son sometidos a la pérdida irreparable de su modo de vivir. Los obligan a encierros constantes para no inhalar venenos”.
“Desde la coordinadora Basta es Basta sostenemos que existe una enorme deuda de la democracia y que permanecen vigentes ciertas estructuras de impunidad que corresponden a gobiernos dictatoriales”.
“A 12 días de un nuevo aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, nuestro Estado no puede permanecer cómplice de la perpetuación de los atropellos a los DDHH por parte del agronegocio”.
“A 45 años del golpe seguimos regulados por una ley de agrotóxicos de la dictadura y los pueblos fumigados somos discriminados, ninguneados, invisibilizados. Y aún más cuando se reafirma su vigencia por dictámenes fiscales como el del Dr. Sobko, o se anuncian nuevas leyes escritas por quienes defienden y viven de este modelo ecocida”.
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