El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Juzgado Federal 1 de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, dio por iniciado una solicitud de acción de amparo ambiental contra el Estado Nacional para suspender las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay. La acción es llevada adelante por la asociación civil Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA) junto con la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA). El pedido se lleva adelante “ante la escandalosa situación en Ramallo y la cuenca del Río Paraná. Llevamos la hidrovía a la Justicia para frenar la destrucción del Paraná”, señalaron.
El amparo ambiental fue presentado especialmente para la protección del denominado Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas, frente a la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, se informó por parte de las organizaciones litigantes. La acción admitida para ser analizada judicialmente es contra el Ministerio de Transporte de la Nación; la Administración General de Puerto Sociedad del Estado; la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante; el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Nación, así como contra todo organismo “que resulte responsable de la toma de decisiones y/o falta de cumplimiento de condiciones legales del dragado, re-dragado, sobre dragado, profundización, cambio de traza o ensanchamiento del Río Paraná o Hidrovía Paraná Paraguay en su denominación comercial, con el objeto de que cesen las obras de dragado y el uso del nuevo paso hasta tanto se realice el procedimiento legal de Evaluación de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental Estratégica todo ello con la debida participación ciudadana, con adecuado y previo acceso a la información pública ambiental que deberá divulgarse de manera proactiva”, señala el escrito al que accedió ERA Verde.
En el recurso admitido formalmente por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, se plantea que el objeto de la acción de amparo “comprende obras ejecutadas, en ejecución y el uso del nuevo paso de navegación para buques de ultramar en el brazo derecho del río Paraná, frente a Ramallo, como alternativa al brazo izquierdo actual (en el área de Paso Las Hermanas y Paso abajo Las Hermanas)”. Es así que magistrado ya solicitó informes a los demandados de moto tal que le permitan llegar a resolver el fondo del debate jurídico.
Razonamientos
Entre otros argumentos, de parte de las entidades se apuntó que “resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características, frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del proyecto mal llamado Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca y sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación según el procedimiento legal obligatorio”, sostuvo Enrique Viale, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Por su parte, el equipo de abogados patrocinantes de ambas organizaciones integrado por Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostuvo que la acción impulsada “es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía”.
Acciones
Para litigar se esgrimió la razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, por lo cual ambas organizaciones solicitaron a la Justicia disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. Denunciaron a su vez que las obras de dragado fundadas en una consultoría privada contratada por la Administración General de Puerto Sociedad del Estado a la empresa SERMAN SA “no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés”.
Asimismo, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al Estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin Estudio de Impacto Ambiental puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.
Finalmente frente a “la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto Hidrovía Paraná Paraguya y la escandalosa mercantilización realizada por el sistema agro-portuario y la navegación comercial sobre el río Paraná y sus reinos de vida”, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte “la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el Comité de Cuenca del río Para”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República”, sostuvieron en un comunicado las entidades.
Foto: Mauricio Garín.
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