El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Iván Malajovich, un activista paranaense por la despenalización del consumo de marihuana, estaba acusado por tenencia simple de estupefacientes. En su momento también había sido imputado por dictar cursos y talleres sobre los usos del cannabis. El tribunal oral dictó su sobreseimiento sin necesidad de realizar el juicio.
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
Cinco carillas resumen los últimos cinco años de la vida de Iván Malajovich, el paranaense que es referente en la militancia por la despenalización del consumo de marihuana.
Malajovich, emprendedor y propietario de un grow shop –local de venta de insumos relacionados con el cannabis–, fue sobreseído por el Tribunal Oral Federal de Paraná en la causa donde estaba procesado por tenencia simple de estupefacientes.
Se calcula que la persecución de cultivadores y usuarios de cannabis le cuesta anualmente a la Justicia Federal en el país unos 40 millones de dólares. Esa cifra, ya de por sí exorbitante, se multiplica si se suma el gasto de las jurisdicciones provinciales donde se ha implementado la ley de narcomenudeo.
Malajovich, de 37 años, es uno de los principales activistas cannábicos de Paraná. Comenzó su lucha por la despenalización del consumo de marihuana en 2010. Dos años después, redobló su militancia través del programa de radio El Esqueje y luego participó de marchas por el día de la marihuana. Desde 2015 tiene un grow shop, el primero que se habilitó en la ciudad. En 2016, como representante de la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos (APAC), brindó un curso formal sobre los usos del cannabis en general, incluido el uso medicinal; y una charla sobre cultivo; al año siguiente, cuando se aprobó la ley de uso medicinal del cannabis, dictó otro taller sobre la extracción del aceite.
El 31 de julio de 2018, luego de una sagaz investigación de la Policía Federal, Malajovich fue detenido. Estuvo tres días y dos noches en prisión antes de recuperar la libertad.
En la casa y en el negocio tenía plantas cannabis sativa contenidas en treinta y tres macetas, semillas, cogollos, algunos gajos de plantas de marihuana y nueve troqueles presuntamente de LSD. En el grow shop también tenía envoltorios de papel de seda, armadores, picadores, filtros de agua, vaporizadores, mecheros, reguladores de humedad, pipas, temporizadores, unidades de lana de roca, insecticidas y otros elementos que estaban a la venta en un local abierto al público.
Inicialmente fue acusado por tenencia simple de estupefacientes y por un exceso de libertad de expresión por haber brindado aquellos cursos privados en los que explicaba cómo se produce el aceite de cannabis, aunque luego terminó desprocesado por haber dictado los talleres.
Días antes del inicio del juicio, el abogado Andrés Bacigalupo, defensor de Malajovich, presentó un escrito solicitando que se dicte su sobreseimiento. Destacó, en primer lugar, la condición de Malajovich de paciente autorizado ante el Registro del Programa Cannabis (Reprocann), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que le habilita a cultivar hasta nueve plantas en floración, lo que significa que pueden ser más si no se encuentran en ese estado de maduración vegetativa.
Pero independientemente de su condición de usuario, el abogado que no hubo afectación a terceros ni se pudo siquiera establecer una sospecha de que la marihuana que Malajovich tenía en su casa y en el negocio tuviera fines ilícitos.
Bacigalupo explicó que “en estos últimos cinco años, el avance legislativo respecto al consumo de cannabis y el autocultivo doméstico o por asociaciones, ha crecido vertiginosamente en nuestro país”. En ese marco, destacó la sanción de una ley nacional de investigación médica y científica sobre los usos del cannabis y sus derivados y una normativa provincial para la creación del régimen de accesibilidad al Cannabis con fines médicos, terapéuticos y paliativos del dolor en Entre Ríos.
De hecho, el fiscal José Ignacio Candioti destacó que si bien ambas leyes fueron sancionadas con posterioridad al hecho por el cual estaba acusado Malajovich, corresponde que se apliquen en función del principio de retroactividad de la ley penal más benigna; y por eso decidió no sostener la acusación.
Además, Bacigalupo tuvo críticas a la investigación policial al señalar que la causa “tuvo su origen en la investigación de una agrupación humana que se postulaba en contra de las políticas prohibicionistas que durante las dos últimas décadas y ante el auge de la práctica del autocultivo como escape al mercado ilegal ha protagonizado la mayor cantidad de causas por infracción a la ley de drogas”.
Finalmente, el juez Roberto López Arango, que intervino como tribunal unipersonal, dictó el sobreseimiento de Malajovich. No podría haber condena sin acusación fiscal, pero consideró además que “el sembrado y cultivo de plantas para la producción de estupefacientes con objetivos medicinales, deviene atípica por la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna” y porque la tenencia de semillas y tenencia simple de estupefacientes “eran para abastecimiento personal”.
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