El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
En la ciudad de Ibicuy, este martes 20 de febrero, se llevó adelante la Reunión de Participación Ciudadana convocada por la Justicia para dar a conocer detalles de un Estudio de Impacto Ambiental de las areneras silíceas en el sur entrerriano.
Así lo había dispuesto la jueza María Valentina Ramírez Amable, en el marco del amparo ambiental interpuesto por la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), para conocer el impacto de la actividad minera en la salud y el ambiente. En esta instancia, desde las entidades litigantes se valoró “como positivo el encuentro y la predisposición manifestada por las nuevas autoridades, quienes se comprometieron a entablar un diálogo activo para diseñar estrategias para mejorar la conservación del bien natural, del ecosistema en general y de la salud de la población”, se indicó. En declaraciones conocidas por ERA Verde, la directora de la entidad ecologista adelantó que analizarán la información brindada y que, oportunamente, harán «las consideraciones necesarias en el expediente judicial”, dado que en ciertas “estimaciones” de la investigación fueron elaboradas con datos “provistos directamente por las empresas a través de declaraciones juradas y sin ningún tipo de control por parte del Estado”, observó.
Tal como fuera reprogramado oportunamente, en el Salón Punto Digital de Ibicuy, esta mañana se llevó adelante una audiencia pública para evaluar el estudio sobre la explotación que realizan empresas mineras para extraer material que se usa en el método de fracking petrolero en el sur entrerriano. El documento elaborado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), fue puesto a disposición de la ciudadanía por orden de la jueza que interviene en el amparo ambiental, y por el cual se propició este informe.
Como se recordará, Cauce y Agmer, litigaron contra el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Ibicuy por la autorización y vigencias de los permisos otorgados a las empresas que extraen el material usado para obtener petróleo no convencional en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. En este proceso, a fines del año pasado, se presentó el denominado “Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo para la Extracción de Arena Silícea Islas del Ibicuy–Informe Final”, elaborado por técnicos de la UNLP. Luego de estar disposición de forma digital on line, para la jornada de hoy se esperaba la puesta en común a la comunidad, según el criterio establecido por la vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III, María Valentina Ramírez Amable.
Estimativos
A esta audiencia pública concurrieron representantes de Cauce y Agmer, quienes participaron junto con la ciudadana en Ibicuy. En esta reunión, se expuso un resumen del informe final de la EIAA, en sus partes principales y recomendaciones que elaboró el equipo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, se comentó desde la entidad ambiental a ERA Verde.
“Durante el encuentro, quienes concurrieron en representación de la participación ciudadana consultaron sobre cuáles serán las políticas y planes a implementar luego de conocidos los resultados de ese estudio”. De acuerdo a lo que trascendió, también estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y las locales del municipio. En este orden, se apuntó que la entidad ecologista, se instó “a las autoridades provinciales y municipales que asuman un verdadero control sobre la cantidad de arenas silíceas que se extrae en la provincia”.
Por otra parte, se señaló que “los y las presentes, valoraron como positivo el encuentro y la predisposición manifestada por las nuevas autoridades, quienes se comprometieron a entablar un diálogo activo para diseñar estrategias para mejorar la conservación del bien natural, del ecosistema en general y de la salud de la población”, se consideró.
En este orden, la directora ejecutiva de Fundación Cauce, Valeria Enderle, señaló: “Este encuentro nos permitió acceder a ciertas particularidades del EIAA, en presencia del equipo que lo llevó adelante, y conocer la voluntad de autoridades municipales y provinciales para tratar en conjunto temas que le competen, a partir de las recomendaciones y en el diálogo con la sociedad civil. Oportunamente, haremos las consideraciones necesarias en el expediente judicial, dado que recién tuvimos certeza de algunas cuestiones a partir de esta reunión, como por ejemplo el origen de los datos que dan lugar a las estimaciones que hacen los investigadores en el EIAA, provistos directamente por las empresas a través de declaraciones juradas y sin ningún tipo de control por parte del Estado”.
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