El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El gobernador Gustavo Bordet envió a la Legislatura el proyecto para reglamentar la Fiscalía Anticorrupción y, acto seguido, se reunió con la Sala Penal discutir una reforma judicial. El procurador fue el gran ausente. Lecturas aparte, el proyecto tuvo buena recepción en la comunidad judicial, pero también hubo críticas, moderadas y de las otras. En el Ministerio Público Fiscal dicen que es “un traje a medida”. ¿De quién?
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
Tal como había anunciado en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Gustavo Bordet envió el proyecto para cumplir con el mandato constitucional de crear una Fiscalía Anticorrupción.
El proyecto surge en un momento de máxima tensión en el círculo rojo por las derivaciones que ha tenido el proceso abierto en el Jurado de Enjuiciamiento contra la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, que además cumplía funciones de fiscal anticorrupción.
La noticia se contó con una foto: Bordet, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra Rosario Romero. Y a esa le siguió otra que también debe leerse en clave política: el gobernador y los integrantes de la Sala Penal reunidos para discutir la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos.
¿Qué pensará Jorge Amílcar Luciano García, que apenas fue anoticiado del envío del proyecto sobre la Fiscalía Anticorrupción a la Legislatura, pero no lo convocaron a realizar aportes? La relación con el procurador está congelada y nadie lo oculta.
Desde el Gobierno dejaron trascender que el proyecto fue elaborado por el equipo técnico de la Secretaría Legal y Técnica, fusionando iniciativas legislativas que en su momento habían generado Jorge Monge (UCR) y Gustavo Zavallo (PJ), y que también se recibieron aportes del Ministerio de Gobierno y Justicia y de la Fiscalía de Estado.
Una deuda de diecisiete años
Más allá de cualquier lectura política, la iniciativa viene a reglamentar el funcionamiento de un organismo establecido en la reforma de la Constitución Provincial en cuanto a la creación de una estructura específica a cargo de un fiscal con competencia en toda la provincia para “la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública” y deja establecido que tendrá competencia para investigar la conducta de funcionarios y empleados de los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal y comunal, incluyendo a las empresas, sociedades y todo otro ente público.
En su concepción, se pensaba en una estructura con competencia en toda la provincia, encabezada por un procurador adjunto, por debajo del Procurador General, e integrada por agentes fiscales y fiscales auxiliares, pero también con un cuerpo de peritos técnicos especializados para la investigación de delitos económicos.
La Fiscalía Anticorrupción, dice el proyecto, funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, “con dependencia orgánica y funcional directa del Procurador General”. La pregunta que surge es qué nivel de autonomía tendrá entonces el fiscal anticorrupción inserto en una estructura vertical, que es la que debe proveer “los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido”, según la letra de la Constitución.
La estructura tendrá un fiscal anticorrupción, con asiento en Paraná y con jerarquía de procurador adjunto; dos fiscales adjuntos, uno en la capital provincial y otro en Concordia, que tendrán jerarquía de agentes fiscales y dependencia directa del fiscal anticorrupción; y un abogado “con trayectoria acreditada en procesos administrativos, con jerarquía de fiscal auxiliar”. Todos los cargos se concursarán ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.
El fiscal anticorrupción tendrá entre sus facultades la posibilidad de delegar investigaciones en sus adjuntos o en el fiscal del lugar donde haya sucedido el hecho. Pero, ¿qué pasa si el procurador, que tiene la misma atribución, dispone otra cosa en alguna jurisdicción? Es una incógnita.
También habrá dos contadores y un experto en informática, “que deberá acreditar Licenciatura o Ingeniería en Informática”, una aclaración necesaria a la luz de las críticas de los defensores en el juicio al ex gobernador Sergio Urribarri por la incumbencia de los profesionales que hicieron los informes periciales para el Ministerio Público Fiscal.
La obra de un sastre
En la Procuración General arrecian las críticas al proyecto oficial. “Es un traje a medida”, repiten al unísono, mientras se curan las heridas que ha dejado puertas adentro el proceso iniciado contra Goyeneche. Incluso se escuchan algunos apellidos que cabrían en ese traje. De adentro y de afuera.
Hicieron notar que en el proyecto oficial se menciona que los contadores e informáticos serán designados por el Poder Ejecutivo, previo concurso ante el Consejo de la Magistratura. Esto podría encontrar alguna objeción constitucional, ya que el Ministerio Público Fiscal tiene autonomía para designar a su personal.
También levantaron sospechas sobre el artículo que establece que el Consejo de la Magistratura “deberá”, así de imperativo, otorgar un mayor puntaje “a aquellos concursantes que acrediten antecedentes vinculados a la prestación de servicios en la administración pública nacional, provincial o municipal”. El texto parece haber sido diseñado por el mismo sastre que pensó que en el concurso para presidente del Tribunal de Cuentas sería bueno asignarle un mayor puntaje a quien haya integrado cualquier organismo constitucional de control o juzgamiento, y resultó beneficiado Diego Lara.
Esa crítica se escucha también en los pasillos de tribunales y entre abogados de a pie, aunque por el momento nadie se anima a alzar la voz. Lo que dicen es que una cláusula de esas características podría ser tachada de inconstitucional porque viola el derecho a la igualdad para el acceso a los cargos públicos.
La Constitución dice que para ser miembro de la Procuración General “se requiere ser ciudadano argentino, tener título nacional de abogado, 30 años de edad, seis por lo menos en el ejercicio activo de la profesión de abogado o de la magistratura”. Nada de haber ejercido cargos en la administración pública.
En el Gobierno defienden esta redacción: para investigar delitos cometidos en la administración pública es necesario que lo haga alguien que conozca su funcionamiento, que sepa cómo se arman expedientes administrativos, licitaciones, contrataciones, dicen.
El proyecto tomó estado parlamentario este miércoles en la Cámara de Diputados y fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Juan Pablo Cosso. Ahí se verá si se disipan las dudas.
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