El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Cuatro años atrás, el gobierno provincial transfirió a manos privadas la empresa láctea Cotapa, que supo ser un emblema del cooperativismo en Paraná. Sin embargo, la operación de traspaso todavía no terminó, ya que desde 2016 quedó pendiente el pago de una suma millonaria. Se trata de 15.307.203 pesos de capital histórico, a los que deberán sumarse los intereses por el tiempo transcurrido.
Por esa razón el Tribunal de Cuentas formuló una serie de observaciones al secretario de la Producción, Álvaro Gabas, según pudo determinar el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral).El 9 de mayo pasado, le remitió un oficio con la copia del informe número 36.538 del Cuerpo de Auditores. Eso sirvió para poner de relieve dos cosas: por un lado, que a pesar del tiempo transcurrido no había detalles sobre las medidas para lograr la cancelación del compromiso asumido por el comprador; y por el otro que Gabas, como funcionario con competencia en la materia, debía arbitrar medidas para que el Estado pudiera efectivizar su acreencia, reprodujo Análisis Digital.
De esa forma el Tribunal de Cuentas le hizo saber que la Fiscalía de Estado, a cargo de la defensa del patrimonio de la provincia, no podía iniciar una demanda por el cobro de la suma adeudada si no contaba con los antecedentes del caso y la documentación respaldatoria, que está en poder de la Secretaría de la Producción.
Para efectuar su descargo Gabas se valió de un informe elaborado por la Dirección de Auditoría Interna de la Subsecretaría de Comercio. Y dijo que el saldo pendiente de pago tenía su origen en la licitación pública a través de la cual se vendieron las acciones de Cotapa. Y no sólo eso: también precisó que “la solución jurídico política de la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas excede la competencia de esta repartición”.
Su respuesta fue considerada insatisfactoria. Y advirtiendo que podía incurrirse en un eventual perjuicio fiscal, el Cuerpo de Auditores solicitó que se enviara un nuevo oficio a Gabas y que se impusiera de la situación a la Fiscalía de Estado.
Ese planteo fue suscripto por Fernando Lenardón (jefe del Área Administración Central) y Hugo Jensen (jefe del Cuerpo de Auditores) el 2 de agosto pasado. Y una opinión semejante fue planteada 19 días más tarde por todas las Fiscalías de Cuentas.
A través del Dictamen Conjunto Nº 1133/2018 se repitieron los argumentos que el Cuerpo de Auditores había formulado a través del oficio que le enviara a Gabas en mayo pasado
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