Irán a la Justicia por la habilitación de la caza de patos

Critican la “irresponsabilidad” de fundamentar la cacería de especies autóctonas en base a “estudios inconclusos”, así como resulta un escándalo que el sistema de caza se haya “privatizado”.

Mediante la resolución Nº 888, la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos resolvió abrir la temporada de caza deportiva menor hasta el 27 de agosto. La normativa permite que se puedan abatir patos, perdices y liebres, pero con la condición que sólo se lo puede hacer a través de una empresa de turismo aventura, según se especifica en el texto al que accedió ERA Verde.

Desde el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) lamentaron que la medida se dé justo cuando se iniciaba una mesa de diálogo para abordar la problemática. Sobre los considerandos, el representante de la entidad socio ambiental, Gabriel Bonomi, criticó la “irresponsabilidad” de fundamentar la cacería de especies autóctonas en base a “estudios inconclusos”, así como resulta un escándalo que el sistema de caza se haya “privatizado”. Adelantaron que harán una presentación judicial.

Este viernes 19 de mayo, el director de Recursos Naturales provincial, Mariano Farall, firmó la resolución mediante la cual abre el período de caza deportiva menor desde la fecha en que está refrendada hasta el 27 de mayo del corriente año. Se podrá realizar esta práctica “exclusivamente en establecimiento de turismo aventura inscriptos en la Dirección General de Fiscalización”, señala el artículo 1º de la normativa. Estas empresas de servicios cinegético en la actualidad son 14, se indicó extraoficialmente a ERA Verde. Este es quizás una de las grandes novedades que ya comenzó a generar un corrillo de malestar entre los operadores que no se encuentran inscriptos.

En tanto el artículo 2º establece que las especies “susceptibles de caza” son la libre (lepus eruopaeus), el pato pampa (dencrocygna viduata), el pato bicolor (dendrocygna bicolor), el pato picazo (netta peposca) y el pato barcino (anas flavirostris).

La habilitación de la caza menor de este año viene precedida de encendidas polémicas. En primer lugar, porque la temporada 2022 fue anulada por un amparo ambiental otorgado por la Justicia y ratificado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos. En aquella presentación se fundó la falta de estudios que permitiesen conocer el estado de la población de las especies autóctonas que se permitía matar. En este orden, organizaciones socio ambientales viene sosteniendo la necesidad frenar por al menos cinco años la caza para efectuar “estudios fehacientes y participativos” que permitan conocer “las poblaciones de aves susceptibles de la caza”, así como evaluar “contaminación producida por el plomo de las municiones” y para que se tenga tiempo de contar con “personal capacitado en tareas de control y fiscalización de fauna”. Por esto propusieron a las autoridades generar un espacio amplio para arribar a consensos entre distintos actores, ya que habían sido dejados fuera de reuniones convocadas sólo con organizaciones de caza y turismo cinegético.

Por otro lado, la cacería de patos y perdices se vio envuelta en 2023 en las restricciones producto de la crisis sanitaria por gripe aviar, donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitió una serie de recomendaciones para evitar el contacto directo con aves silvestres.

La resolución 888 se refiere a las dos cuestiones: al proceso judicial que atravesó el intento de normativa en el período anterior, y por eso alude que para 2023 se realizaron avances en los estudios de las condiciones de la fauna por matar. También plantea que el Senasa revió algunas medidas sobre la prevención de la influenza aviar. Pero resulta que los análisis citados son discutidos por arbitrarios y el estado de situación de la peste que afecta a las aves tuvo un giro inesperado en las últimas horas al registrarse el primer caso en Entre Ríos.

Deja tu comentario

comentarios