El Procurador General Jorge Amilcar Luciano García creó una nueva Procuración adjunta que tendrá a cargo asuntos de género, civiles, comerciales y laborales con una remuneración que rondaría los 700 mil pesos mensuales. Este nuevo cargo se suma a otras dos procuraciones adjuntas que funcionan en el Ministerio Público Fiscal (MPF), según consta en la resolución 054/21. También provocó una catarata de corrimientos y designaciones “a dedo” en el organismo.
García nombró a otra persona en la segunda línea del MPF, que pasó a tener tres Procuraciones Adjuntas. La designada es Mónica Carmona, quien venía desempeñándose como Fiscal Coordinadora N° 1.
Según publicó APF la nueva Procuradora tendrá a su cargo asuntos relativos a género, civiles, comerciales y laborales. Se sumará a las otras dos adjuntas: Rosa Alves Pinheiro de Acebal, quien entiende en materia contencioso administrativo y constitucional y Cecilia Goyeneche, designada Procuradora Adjunta a cargo también de temas constitucionales y penales en un primer momento y, luego, también responsable de la Fiscalía Anticorrupción. García creó este organismo por resolución, saltando el mandato constitucional que ordenó a la Legislatura su conformación.
Para poder realizar esta designación, García inventó el cargo transformando la Fiscalía General que ocupaba Laura Gema Zaccagnini hasta su jubilación en el mes de abril, en una Procuración Adjunta. Para ello contó con el visto bueno del Ministerio de Economía de la provincia, que a través del trámite del expediente 2.487.285, autorizó la “adecuación presupuestaria de la transformación de cargos requerida”, se indicó en la resolución 054.
Según una investigación llevada adelante por el periodista Sebastián Martínez para la revista X – Más, la remuneración de un Procurador Adjunto tiene una base de $ 341 mil, pero esta cifra podría duplicarse y llegar casi a los $ 700 mil por aplicación de la antigüedad. A través de este código, se suma al haber mensual entre un 2,5 y un 3,5% extra por cada año de servicio.
Cabe señalar que a diferencia del resto de los trabajadores, los funcionarios judiciales comienzan a contar su antigüedad no desde el momento en que ingresan a trabajar, sino desde que juran como abogados.
La designación de una nueva Procuradora Adjunta se hizo con la fórmula ritual de que es “en carácter interino y hasta su cobertura definitiva por los mecanismos constituciones vigentes – es decir un concurso del Consejo de la Magistratura – o hasta nueva disposición – o sea, si García no la remueve por propia voluntad del cargo – lo que ocurra primero”.
Esta formalidad también se usó en la resolución 029 del 2013, mediante la cual se nombró en el cargo a Pinheiro de Aceval y Goyeneche. Ambas revalidaron sus lugares a través de los concursos 152 y 153 del Consejo de la Magistratura, respectivamente, sustanciados en 2015.
Antecedentes
Carmona fue colocada en junio del año pasado al frente de la denomina causa “Contratos” de la Legislatura para seguir la tarea que venían llevando adelante los fiscales Ignacio Aramberri y Patricia Yedro.
La llegada de la Coordinadora Fiscal a la causa se dio luego de que la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche tuviera que apartarse del expediente por su vinculación directa con uno de los acusados, lo que llevó a que en su momento se produzcan embargos a sus bienes.
Corrimientos
El paso de Carmona a la Procuración Adjunta provocó que la Coordinación Fiscal N° 1 quedara vacante. Esto fue aprovechado por García para hacer una serie de corrimientos en la estructura del Ministerio Público Fiscal que incrementó el rango de precariedad de los nombramientos del funcionariado, dado que su permanencia en cada lugar depende exclusivamente de la voluntad del Procurador General.
A la Coordinación vacante fue promovido Aramberri, el fiscal de la causa “Contratos” que estaba siendo monitoreado por Carmona. Pero este movimiento generó, a su vez, una vacancia en la Fiscalía N° 4. Para este lugar se convocó al fiscal Oscar Sobko, titular de la Unidad Fiscal de La Paz, quien había pedido su traslado a Paraná por razones de salud y de familia.
Sobko cobró notoriedad nacional cuando llevó adelante la causa iniciada por el ex ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere y su familia por la toma de la estancia Casa Nueva por parte de su hermana Dolores Etchevehere y militantes de Juan Grabois.
Tanto Aramberri como Sobko dejan lugares que habían ganado a través de concursos en el Consejo de la Magistratura y que cuentan con el aval del Poder Ejecutivo y el visto bueno del Senado para ocupar cargos como interinos.
En tanto, la promoción de Sobko dejó abierta también la posibilidad de cubrir de forma temporal la Unidad Fiscal de La Paz. A ese puesto, el Procurador General trasladó al fiscal auxiliar N° 2 de esa ciudad, Facundo Javier Barboza, quien tuvo a su cargo la investigación e imputación del ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, por el episodio de los disturbios en un kiosco de la localidad. Castrillón impugnó al fiscal y el juez Walter Carballo le dio la razón.
La llegad de Barboza a la UFI La Paz posibilitó que García pudiera designar a una escribiente, Josefina Caballero, como fiscal auxiliar interina.
Otros nombramientos
La resolución 054/2021 también contempló la ocupación en forma provisoria de otro puñado de cargos en el Ministerio Público Fiscal:
- Valeria Vilchez, de la Unidad de Género a la Unidad Fiscal de Investigación de Paraná.
- Natalia Taffarel, de la Unidad de Investigación y Litigación a la Unidad Fiscal civil, comercial y laboral.
- Rocío Guadalupe Torres, de escribiente mayor a Delegada Judicial suplente de la Unidad Fiscal Paraná.
- Cecilia González, de escribiente a escribiente mayor.
- María Candelaria Trillo Larrondo, como escribiente suplente.
Resoluciones
Las 63 normas dictadas por el Procurador General durante todo 2021 fueron colgadas en el sitio web del organismo 12 horas después de que esta Agencia publicara que no habían sido publicadas. Resta conocer cuál es el contenido de la resolución N° 62, dado que el listado pasa de la 61 a la 63.
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