El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Para un “Refuerzo de Infraestructura en la Ruta Nacional Nº 18 (Corredor Vial IV)-Global”, el ex secretario de Obra Pública del Ministerio de Planificación Federal, José López, giró en 2014 unos 23 millones 565 mil pesos sobre un total de 256 millones 166 mil pesos, pero los trabajos viales nunca se hicieron. Así da cuenta el diario La Nación este lunes por la mañana, en un informe donde se señala la misma modalidad de desembolso de dinero en provincias como Córdoba, Río Negro, Neuquén, Jujuy, San Luis, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
Los adelantos se detectaron en más de 30 contratos de la Dirección Nacional de Vialidad, que dependía de López. Los montos llegan casi a 1.500 millones de pesos.La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), uno de los organismos que dependían del ex secretario de Obras Públicas José López y también una de las mayores cajas del Estado, realizó en 2014 pagos a más de 30 proyectos viales muy por encima del avance físico que mostraron sus obras.
Los casos en que los pagos fueron mucho mayores que el adelanto de los proyectos recorren varias provincias. Hay ejemplos en Córdoba, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
En total, los 30 proyectos analizados que no registran un avance físico acorde con los fondos desembolsados por el Estado suman transferencias por 1479 millones de pesos.
Los constructores, entre los temores y un nuevo régimen
Así surge de un análisis que hizo La Nación data sobre la base de decenas de planillas que le envió el año pasado el gobierno de Cristina Fernández al Congreso, compendiadas bajo la denominada Cuenta de Inversión.
En los números revisados se descartaron las obras cuya construcción era superior al 80 por ciento, para quitar los casos en los que pudo haber habido un pago mayor del Estado para cancelar deudas atrasadas.
El desembolso anticipado de obras con escaso avance o que directamente no se hicieron es una de las principales irregularidades que detectó el gobierno de Mauricio Macri sobre la gestión anterior.
Por caso, una ruta hecha en la provincia de San Luis en los límites con Córdoba y Mendoza no muestra ningún tipo de avance, pero se le destinaron 74,54 millones de pesos en 2013 y otros 134,5 millones de pesos en 2014, hasta donde llegan los últimos datos disponibles.
En Córdoba, el denominado refuerzo de infraestructura en el corredor vial VIII no registró avances entre 2011 y 2014. Sin embargo, la contabilidad del Estado muestra que se transfirieron a esa tarea 23,9 millones de pesos en 2013 y poco más de 49 millones de pesos al año siguiente.
En La Pampa no se hizo ningún trabajo en el empalme de la ruta 10, pero se pagaron más de 5 millones de pesos, el 18 por ciento del costo total del proyecto. Otro tanto ocurrió en Formosa, donde se pusieron 2,14 millones de pesos para una mejora que no tuvo hasta 2014 avances.
En Santa Cruz, la provincia donde están puestas todas las miradas de la Justicia y de los auditores del gobierno, un empalme de la ruta 40 con un presupuesto de 899 millones de pesos tuvo un avance de obra del 12 por ciento, pero las transferencias de fondos alcanzaron el 24 por ciento de los fondos previstos para esa tarea.
Hace dos semanas, el nuevo presidente de la DNV, Javier Iguacel, amplió en un escrito dirigido al juez Julián Ercolini la denuncia que había hecho contra López y otros funcionarios de esa cartera en abril pasado. Se comprometió a aportar pruebas y testigos que acreditan sobreprecios, adjudicaciones discrecionales y la emisión de “certificados y pagos de obra no ejecutada”.
En la ruta 3, a la altura de Santa Cruz, se encontraron irregularidades y diferencias entre los montos por los que la obra fue contratada años atrás a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, hoy detenido, con las ofertas que recibió la DNV el mes pasado de otras empresas.
También en Santa Cruz, la licitación para la ampliación de la ruta 9 tuvo ofertas de Austral Construcciones, Kank y Costilla y Petersen. Las dos primeras pertenecen a Báez y la tercera, a la familia Eskenazi, los ex dueños de YPF que fueron desplazados de la compañía petrolera luego de la estatización de la empresa.
Una comisión de estudio y evaluación de la gestión kirchnerista descartó dos ofertas el mismo día de su creación y le dejó la obra servida en bandeja a Austral.
Dos semanas después de firmar el contrato, la compañía ganadora le pidió a la DNV un adelanto del 30 por ciento del valor total del contrato, algo que fue aprobado el mismo día de la solicitud. Cuarenta y ocho horas después, la empresa de Báez tenía la plata en su poder, algo muy inusual para una cartera que se caracterizaba por demorar los pagos a la mayor parte de las constructoras.
A la Justicia
En el mismo proyecto se certificaron, aprobaron y pagaron avances de obra que según los análisis técnicos de Vialidad no se hicieron. El gobierno asegura que tiene un testigo que corroborará ante la Justicia esa irregularidad.
En Chaco, en tanto, la constructora Sucesión de Adelmo Biancalani, también de Báez, ganó un contrato del que luego cedió un 70 por ciento de la facturación a la firma Cemento a cambio de que ésta realizara la totalidad de la obra. Sobre la base de esa operación, la Dirección Nacional de Vialidad sostiene que el 30 por ciento del presupuesto, cifra que no figura en la ampliación de la demanda, puede ser considerado como el sobreprecio que pagó el Estado.
La DNV también tenía un circuito de pago privilegiado para ciertas empresas. Todos los meses le enviaba al Ministerio de Economía una planilla con los certificados que debía hacer para cancelar deudas. Quien daba la orden era José López, preso en la cárcel de Ezeiza desde hace tres semanas, luego de que la policía bonaerense lo detuvo en la noche en que, según un testigo, arrojó bolsos con unos 9 millones de dólares al interior de un monasterio en General Rodríguez.
Según fuentes oficiales, la firma Austral Construcciones solía estar en ese grupo privilegiado. En una lista de enero de 2015, la firma de Báez ocupa el sexto lugar. La primera es Rovella Carranza, una compañía de origen puntano que está siendo analizada por la Justicia, seguida por JCR. En el octavo lugar aparece Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
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