El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Juan Grabois dio una extensa entrevista a trabajadores despedidos de El Diario en la que denunció un pacto de poder que ha jugado por años para favorecer a “los Etchevehere corruptos” y que, según dijo, jaquea a las instituciones de la provincia. En el centro de las críticas ubicó al procurador, el uruguayense Jorge Amilcar Luciano García, pero también le apuntó al Fiscal de Estado y no eximió de responsabilidades al gobernador Gustavo Bordet.
Por JUAN CRUZ VARELA de la redacción de PÁGINA JUDICIAL
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Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, repasó las consecuencias políticas y judiciales de la incursión en la estancia Casa Nueva, de la familia Etchevehere, y expuso las consecuencias de un pacto de poder que pone en jaque a las instituciones en la provincia y en el país.
En una extensa entrevista con trabajadores despedidos de El Diario advirtió sobre los lazos que existen entre el poder económico y sectores “del campo popular”, que se expresa, por ejemplo, en el financista santafesino Walter Grenón, imputado en el vaciamiento de El Diario y uno de los principales aportantes de la campaña de Alberto Fernández.
En esa línea, el dirigente social denunció sin medias tintas un pacto de poder que ha jugado por años para favorecer a “los Etchevehere corruptos” y que, según dijo, jaquea a las instituciones de la provincia y expuso que las denuncias contra la familia Etchevehere expresan un entramado que condensa la fuga de capitales, el agronegocio, el despojo al Estado y a los trabajadores y la impunidad.
En el centro de las críticas ubicó al procurador general, Jorge García, a quien en todo momento llama “Amílcar” y señaló como “el articulador del pacto de poder”; pero también le apuntó al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y no eximió a las autoridades políticas: “Bordet operó para los Etchevehere corruptos”, afirmó.
Habló también sobre la posibilidad de que Luis Miguel Etchevehere sea candidato en 2021 (“no es porque lo hayamos pensado, pero si es candidato le viene bárbaro a cualquiera que esté enfrente”, dijo); sobre los medios de comunicación, el agronegocio y las alternativas de un modelo productivo sustentable con el ambiente. Y por supuesto, también habló del Proyecto Artigas: “El Proyecto Artigas tiene como consignas verdad, justicia y reparación: verdad es destapar las ollas; justicia es incidir sobre el Poder Judicial para que cumpla con lo que tiene que cumplir; y reparación es por todo el daño que hicieron a los trabajadores, al ambiente, al sistema educativo, al Estado, al fisco, a Dolores, a los arrendatarios, a los tamberos, a los pajoneros. Ese es el sentido del Proyecto Artigas”.
El pacto de poder
Grabois apareció envuelto en una nube de humo, remera negra, barba rala, el cabello desaliñado y una pipa en mano que llama la atención. Dice que la adoptó en un intento por dejar el cigarrillo. De ese vicio tal vez provenga ese tono rasposo en la voz.
Cuenta que Dolores Etchevehere se acercó después de verlo en televisión hablando de la reforma agraria y que la recibió con las reservas de estar frente a una hija de la oligarquía; pero a poco de analizar los papeles que le fue acercando advirtió que el escandaloso entramado montado para desapoderarla de una herencia millonaria.
Grabois es abogado y licenciado en Ciencias Sociales y el 15 de octubre, mientras Dolores pateaba el tablero familiar irrumpiendo en la estancia Casa Nueva; él rompía la armonía política con una denuncia en los tribunales, en representación de Dolores.
–¿Por qué decidiste patrocinar a Dolores Etchevehere?
–El argumento de ellos en el sucesorio es que Dolores entregó todo. Eso, además de ser mentira, es jurídicamente imposible de hacer como dicen que lo hizo. Pero hay un elemento que es fundamental: estamos hablando de una sucesión indivisa, que no tiene inventario, ni rendición de cuentas, ni partición. Es una sucesión multimillonaria que está administrada por Leonor (Barbero Marcial de) Etchevehere y sus hijos y que no rinden cuentas. Tener una administración difusa y opaca es una gran ventaja para ellos porque pueden hacer cualquier tipo de movimiento; y al no definirse una partición de esa herencia, no se puede saber qué es de cada cual. Dolores no tiene absolutamente nada y ese es el elemento de la violencia económica, porque a medida que necesitaba dinero para mantener a sus hijos iba firmando papelitos, absolutamente extorsionada, para recibir 20 mil dólares un día o 10 mil dólares al año siguiente, porque de otra manera no podía vivir. Eso le ha pasado a muchas mujeres del campo y por eso la ley establece que alguna cuestiones son irrenunciables, precisamente para que no sucedan ese tipo de abusos. Hay un capítulo muy interesante que es la vinculación del primer abogado que tuvo Dolores, (Santiago) Yofre Solanet. El hermano de Yofre es el escribano de la Sociedad Rural y Yofre logra tomar la causa de Dolores, arregla con los Etchevehere y se queda con las acciones de Las Margaritas que Dolores supuestamente cedió a la empresa Mirus. ¿Saben dónde tiene domicilio Mirus? En el country de Yofre, es decir, su abogado se quedó con su herencia. Si eso no es una mafia, ¿qué es?
–Habiendo pasado un tiempo, ¿qué balance hacés de la incursión en Casa Nueva?
–Cuando Dolores vino a buscarnos, empezamos a sumergirnos en la historia, que a veces puede ir de los particular a lo general para comprender un esquema que no se agota en Luis Miguel Etchevehere, aunque Luis Miguel Etchevehere es un personaje particularmente siniestro y su ecosistema tiene un plus que excede al del esquema oligárquico del agronegocio en general. Lo que veíamos es que existe un pacto de poder que no se puede romper con las formas tradicionales de lucha ni se puede resolver yendo a una justicia donde la mitad está aterrada y la otra mitad está comprada; tampoco se puede resolver reclamándole a la política, porque hay intereses cruzados: Walter Grenón es uno de los principales aportantes de la campaña del Frente de Todos, cosa que me avergüenza como parte del Frente de Todos, pero es así. Sin una acción que pusiera de manifiesto que había hombres y mujeres de este país dispuestos a romper ese pacto de poder no íbamos a poder siquiera visibilizar el tema. Creo que en eso tuvimos razón, porque el vaciamiento de El Diario, el lavado de activos, la violencia contra Dolores, la sucesión fraudulenta, el robo de las tierras de la escuela agrotécnica son cosas que ya estaban denunciadas, pero se silenciaba. Incluso en los primeros días después del ingreso a Casa Nueva los medios tradicionales lo habían silenciado completamente, hasta que Etchevehere empezó a hacer funcionar su máquina diciendo que había una irrupción armada y violenta y convocando al tractorazo. Nosotros creemos que lo que hicimos fue ejercer un derecho legítimo que nos asistía, a Dolores como heredera y a Proyecto Artigas como beneficiario de una cesión hecha ante escribano público de un porcentaje del acervo hereditario que le corresponde a Dolores.
–¿Los sorprendió la resolución que dio la justicia?
–El juez de primera instancia entendió que lo mismo que nosotros, es decir, que no había elementos para considerar verosímil la denuncia de los Etchevehere corruptos y en la apelación se resolvió otra cosa. Y nosotros hicimos lo que dijimos desde el primer día, que íbamos a acatar la decisión judicial, aunque teníamos una caracterización a priori de que la decisión judicial muy posiblemente fuera desfavorable, salvo que el pacto judicial se quebrara en el primer golpe. No puedo decir de manera definitoria que la resolución de la jueza (Carolina Castagno) fue producto del pacto de poder o de su leal saber y entender. Sí creo que no es una resolución vinculada a los hechos jurídicos. Lo que sí sé, y me consta, es que la actuación del Ministerio Público Fiscal, que dirige el señor Amílcar (Jorge Amílcar Luciano García), es absolutamente indisociable del pacto de poder, que Amilcar es una pieza del pacto de poder, que la designación del 70 por ciento de los fiscales a dedo es una parte fundante del pacto de poder, porque los tiene a todos agarrados de donde más les duele y que los cambios de actitud de los fiscales durante el trámite de este proceso fueron producto de las definiciones políticas del componente judicial más evidente del pacto de poder que es Amílcar, junto con el Fiscal de Estado (Julio Rodríguez Signes), los dos representantes del pueblo de Entre Ríos en los fueros judiciales. Resuelven las cosas por teléfono, no por expediente sino por negociación, y lo digo por experiencia propia. En ese contexto hacemos una evaluación positiva de lo que se logró, sabiendo que íbamos a tener costos, desde el punto de vista de la imagen y desde lo político, porque es muy fácil plantear que hubo una usurpación y que había un atentado contra la propiedad privada. Pero también creo que removió muchas cosas en Santa Elena, en La Paz y en Entre Ríos y que puso en discusión un montón de cosas. Fue un golpe al pacto de poder que permitió visibilizar un tema, que les puso la vara más alta a los funcionarios políticos y judiciales y que se puede hacer un balance del partido cuando termina… estamos en el primer tiempo.
–¿Habrían hecho algo distinto el 15 de octubre cuando entraron a Casa Nueva?
–Tal vez hubiésemos ido con un escribano al ingreso para mostrar que no hubo violencia ni abuso de confianza ni clandestinidad. Algunos compañeros del movimiento ambiental nos decían que ellos vienen luchando desde hace muchos años por esto y que nosotros caímos como paracaidistas sin avisar. La crítica es válida, pero la verdad es el que como el pacto de poder tiene tantas ramificaciones, si nosotros no manejábamos la cosa con reserva no la íbamos a poder hacer: todo a la luz del día, a cara descubierta, pero sin avivar a los malos. Eso, de alguna manera, debilitó la posibilidad de hacer un marco de alianza provincial más amplio. Tal vez algunos podríamos haber mejorado algunos detalles, pero estamos contentos con los que logramos desde el punto de vista de la visibilización.
–¿Encontrás alguna explicación al llamado a indagatoria unas horas después del desalojo de Proyecto Artigas de Casa Nueva?
–Cuando se pone en tensión en la sociedad de manera tan evidente una situación de impunidad e injusticia hay riesgo de crisis de gobernabilidad y ese el momento en que cuidar el pacto de poder puede ser más costoso que empezar a dar algunas respuestas. Para nosotros es muy importante lo que sucedió porque se nota que hay mucha gente que quisiera hacer las cosas bien y siente que no puede, gente que quisiera avanzar sobre algunos aspectos de los crímenes de la mafia de los Etchevehere y siente que no tiene espalda. Entonces tal vez la visibilidad permite que algunos hombres y mujeres del Poder Judicial hagan cosas que de otro modo no podrían hacer. Nosotros vamos a ser consecuentes con lo que planteamos y vamos a jugar fuerte con este caso porque devela lo que denunciamos como problema político, social y ambiental de la Argentina, que es el pacto de poder, el agronegocio transgénico contaminante y el despoblamiento rural; y todo eso cimentado en una alianza entre los grandes medios de comunicación, la política, el Poder Judicial y el poder económico.
–¿Cuál es concretamente el rol que le atribuís al Procurador y al Fiscal de Estado en este “pacto de poder” del que hablás?
–Dolores considera que el procurador es el articulador del pacto de poder; y yo hablé con Amílcar y a mí, literalmente, me planteó que no jodamos con la parte penal y lo de Casa Nueva porque por ahí podíamos avanzar con el juicio de la sucesión. Eso me da la certeza de que Amílcar es un actor central del pacto de poder y un beneficiario de ese pacto de poder. Y tengo una certeza casi en el mismo nivel sobre el que el Fiscal de Estado no está ejerciendo sus atribuciones ni cumpliendo su rol como funcionario público para la recuperación del campo de la escuela agrotécica. Está cantadito: cualquier persona con decisión jurídica y política de avanzar con eso lo resuelve en dos días. No hay con qué darle: corrieron el alambrado, eso es objetivo.
–¿Cuál hubiese sido el mejor resultado para ustedes?
–Yo esperaba otro fallo judicial, pero también esperaba más neutralidad en el Gobierno de Entre Ríos. El accionar de la Policía es indicativo de las órdenes que recibieron. Cuando se hizo la movilización en defensa del Proyecto Artigas a la puerta de la escuela hubo un apriete sistemático de la Ministra de Gobierno (Rosario Romero) llamando una por una a las organizaciones sociales para decirles que no vayan. Eso no me lo esperaba tanto. Y en el mejor escenario esperábamos que el juez de la sucesión citara a la administración y planteara un reperfilamiento de la sucesión donde no sea todo para un lado y nada para el otro. Porque hoy Dolores no tiene nada de todos los bienes de la sucesión. Esperábamos que una parte de las tierras fueran para Dolores, que ella las iba a poner a disposición del Proyecto Artigas, y empezar a trabajar para mostrar que otro modelo es viable.
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