El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Se niegan a aceptar el decreto del gobernador Bordet "que dispone otorgar a un grupo de trabajadores judiciales un aumento, consistente en una suma fija mensual, provisoria, no remunerativa ni bonificable hasta tanto se concrete el acuerdo salarial y a cuenta del incremento que logre acordarse en una futura mesa de paritarias o negociaciones sectoriales".
En el texto acercado a nuestra Redacción dice lo siguiente:
En la ciudad de Paraná, a los veintidós días del mes de octubre de 2020, reunidos los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, el señor Procurador General, el señor Defensor General, los miembros de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos expresamos nuestro absoluto consenso en manifestar la vehemente defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia consagrados en la Constituciones Nacional y Provincial, leyes nacionales y en las leyes provinciales N° 8.069 y N° 10.068 y, en esa convicción, declaramos:
Que, coherente con ello, se rechaza enfáticamente la medida impulsada por el Gobierno provincial mediante el Decreto N° 1634 del pasado 6 de octubre (B.O., 9/10/2020), que dispone otorgar a un grupo de trabajadores judiciales un aumento, consistente en una suma fija mensual, provisoria, no remunerativa ni bonificable hasta tanto se concrete el acuerdo salarial y a cuenta del incremento que logre acordarse en una futura mesa de paritarias o negociaciones sectoriales.
Que el rechazo a la medida del gobierno se funda en que la misma atenta contra la Ley N° 8.069 de porcentualidad, vigente desde mayo de 1988, la que establece que los integrantes de la magistratura, funcionarias/os y trabajadoras/res, percibirán un haber equivalente a un porcentual de lo que cobra un Vocal del Superior Tribunal y, de la manera dispuesta por el Decreto N° 1634 se rompe el equilibrio legal existente entre los distintos escalafones remunerativos del Poder Judicial.
Que, no desconocemos que estamos ante una atípica e imprevista situación sanitaria. Somos conscientes y reconocemos la difícil situación económica y social que atravesamos, producto de la pandemia por Covid-19, en la provincia y en la nación. Tan es así que, con la firme convicción de que todos debemos colaborar para ayudar a los que más lo necesitan, el Poder Judicial de Entre Ríos impulsó medidas y acciones concretas para afrontar la emergencia sanitaria y económica.
Que, ya en el mes de febrero de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, en Acuerdo Especial, dispuso por unanimidad que hasta el 30 de junio de 2020 no se active el mecanismo previsto en el artículo 1º de la Ley N° 10.068. Esta medida voluntaria, fue fruto del consenso previo de todos los integrantes del Poder Judicial que hoy suscriben este comunicado.
Que, en el mes marzo de este año, en consonancia con el Decreto N° 486 del Poder Ejecutivo provincial, se creó un Fondo Solidario que aportó casi 20.000.000 de pesos que fueron destinados a la compra de dos ambulancias, equipamiento técnico y material médico quirúrgico, adjudicados, según necesidades, a diferentes hospitales de la provincia.
Que, el Superior Tribunal de Justicia, desde el inicio del flagelo del coronavirus en la región, ha dictado diversas disposiciones relativas al funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia en el marco de esta situación excepcional provocada por la pandemia generada, las que se plasmaron a través de sucesivos Acuerdos Especiales que han permitido, sin la posibilidad de un pleno y normal funcionamiento de los Tribunales, garantizar, sin embargo, la continuidad de la prestación del servicio esencial de justicia, aun en tiempos de emergencia sanitaria y de ASPO, con las naturales limitaciones que ello impuso.
Que, tenemos pleno conocimiento de la difícil situación económico-financiera que afecta a la provincia de Entre Ríos, pero estamos convencidos que la misma no es por responsabilidad del Poder Judicial, donde la administración de los recursos públicos y el manejo de las partidas asignados en la Ley de Presupuesto es totalmente transparente y eficiente. Además, de la masa salarial mensual de toda la administración pública entrerriana, el Poder Judicial representa tan solo un guarismo menor al 8% del gasto público destinado a ella, lo cual mal puede resultar representativo de semejante desequilibrio en las finanzas públicas, cuya administración es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo.
Que, por todo ello, sostenemos que no pueden ser perjudicados los trabajadores del Poder Judicial ni el equilibrio salarial de su estructura interna con medidas de este tipo que romperían un orden armónico que funciona sin reparos desde hace más de 30 años y en aras a su necesaria preservación venimos haciendo sacrificios desde hace muchos meses y estamos dispuestos a acompañar los que la provincia requiera; mas, deseamos, exhortamos y hacemos votos por que se elaboren estrategias para morigerar el gasto público y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, a fin de seguir garantizando los derechos contraídos de todos los trabajadores.
Que, nos ponemos a disposición para trabajar de manera conjunta para contribuir y seguir mejorando al servicio de justicia de nuestra provincia, pero requerimos del Gobierno provincial se abstenga de efectivizar la aplicación de lo dispuesto en el Decreto N° 1634/20 a los agentes del Poder Judicial.
El documento lleva las firmas de Martín Carbonell, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; Germán Carlomagno, Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos; los Vocales Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Emilio Castrillon, Claudia Mizawak, Juan Ramón Smaldone y Miguel Giorgio; el Procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; la Presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Gabriela López Arango y de la Secretaria Adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos, Mabel Pedrero.
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