El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Iván Pérez, de 24 años, fue asesinado de un tiro en la nuca efectuado por un policía en la ciudad de Gualeguaychú. Las similitudes con el caso de Gabriel Gusmán y la temeraria declaración de un jefe policial que aseguró que los efectivos no tienen la capacitación adecuada para el manejo de armas.
Por JUAN CRUZ VARELA (PÁGINA JUDICIAL)
Mauricio Gómez (foto) baja de la camioneta exaltado y avanza unos pasos. Es un día claro, el sol de la mañana sube imponente hacia un cielo que lo recibe límpido. Delante suyo, a gran distancia, Iván Pérez corre en dirección a la iglesia evangélica, huye. No hay ningún obstáculo entre ellos. Mauricio Gómez detiene su marcha y una brisa leve le da en la cara; entonces extrae su arma, apunta y aprieta el gatillo. El fogonazo no lo distrae y desde lejos ve caer bruscamente a Iván Pérez.
El joven yace inerte boca abajo cuando llega su compañero.
–¿Qué pasó? –balbucea Juan Antonio Zapata.
–Le di, le di… –le responde Gómez casi en un susurro y envolviéndose la cabeza entre los brazos.
–¿Qué hiciste? –le insiste Zapata como incrédulo.
–Le di un tiro.
Iván Pérez fue víctima de gatillo fácil. Como Gabriel Gusmán. Son casos que se reflejan en el mismo espejo.
Sin embargo, la indefinición de un jurado popular en torno a la responsabilidad del sargento Gómez en el homicidio de Iván Pérez abre un mar de dudas respecto a la fiabilidad de que ciudadanos legos tengan en sus manos el juzgamiento de casos por violaciones a los derechos humanos.
El juicio tuvo una resolución inédita en la corta vida que lleva en vigencia el juicio por jurados: los doce ciudadanos deliberaron durante varias horas, no pudieron arribar a un veredicto que debía ser unánime y, por lo tanto, se declaró estancado. Ahora deberá realizarse un nuevo y definitivo juicio con otro juez y otro jurado, en el que Gómez saldría absuelto si se repitiera la situación de jurado estancado.
Persecución y muerte
El 9 de octubre de 2019, entre las diez y media y las once de la mañana, vecinos del barrio Molinari de Gualeguaychú reportaron el robo de unas herramientas de un taller mecánico y hasta allí concurrió el Móvil 647 de la Policía de Entre Ríos.
Enseguida los oficiales Juan Alberto Zapata y Mauricio Javier Gómez detuvieron a una persona y en otra recorrida divisaron a Iván Pérez, que estaba con unos amigos a unas cuadras. En el juicio, hace unos días, una mujer que había declarado bajo reserva de identidad ratificó que unos minutos antes lo había visto cirujeando en cercanías del barrio Molinari.
Pero los policías habían cargado la camioneta con sus prejuicios y el joven, apenas vio el móvil, salió corriendo; y los policías, detrás suyo.
La persecución continuó por un callejón hasta que Iván Pérez salió a un descampado e intentó atravesarlo en dirección hacia una iglesia evangélica. El relato policial es confuso sobre lo que ocurrió en ese ínterin hasta el desenlace fatal. Gómez dice que Zapata se negó a perseguir al joven a pie porque tenía un problema en la rodilla. Zapata dice que Gómez bajó de la camioneta y corrió detrás del joven.
Cuatro personas vieron el desenlace fatal. Sus testimonios coinciden en que la camioneta conducida por Gómez avanzó por el descampado y en un momento frenó bruscamente, Gómez bajó del vehículo, avanzó unos pasos, extrajo el arma, apuntó y disparó hacia donde corría Iván Pérez, de espaldas a él.
Una adolescente incluso intercambió unas palabras con el policía:
–Mamá, están corriendo a Iván –le dijo la joven desde el patio de su casa.
Su madre no la escuchó, pero la respuesta vino desde el otro lado del tapial:
–Sí, lo estamos corriendo –le respondió Gómez, al volante del móvil policial, que se había detenido justo frente a su casa, a unos cinco o seis metros.
Cerca de ahí, un joven hachaba leña en otra vivienda cuando escuchó chirriar las cubiertas de la camioneta que detenía su marcha en el descampado. Levantó la vista y observó la escena: “Primero bajó el acompañante, dio unos pasos y volvió a la camioneta; enseguida bajó el que manejaba, dio uno o dos pasos, sacó el arma, apuntó y disparó”.
Enseguida se escuchó un disparo. “Se sintió muy fuerte”, dijo la adolescente que antes había intercambiado unas palabras con el policía. “Vi un fogonazo y humo blanco”, agregó su madre. El “humo blanco”, emanaba del arma que sostenía Gómez.
El tiro que mató a Iván Pérez, de 24 años, ingresó por la nuca, por el lado derecho, de abajo hacia arriba.
Las pericias determinaron que fue efectuado a una distancia de entre noventa y cien metros –el casquillo se encontró a noventa y cinco metros del cuerpo– y no había obstáculos que impidieran la visión del policía, ni árboles, ni arbustos, ni yuyos.
Según el perito, Walter Galarza, de Gendarmería, el arma que se le secuestró a Gómez “estaba en estado regular de conservación y era apta para producir el disparo”, los tres dispositivos de seguridad funcionaban correctamente, para accionar el gatillo el policía debió realizar una fuerza de 5,2 kilos de fuerza y se descartó que se hubiera producido algún tipo de rebote del proyectil. Fue un disparo limpio.
El peligro en patrullero
El crimen de Iván Pérez no fue un hecho aislado en la provincia.
Algunos policías entrerrianos repiten prácticas de otros tiempos: el 25 de septiembre de 2018, un policía asesinó por la espalda a Gabriel Gusmán en Paraná; el 24 de septiembre de 2016, fue ejecutado a menos de un metro de distancia Sebastián Briozzi, en medio de una persecución policial en Concordia; en estos años hubo denuncias por violencia y apremios policiales en varias localidades; y antes, en 2012, policías de Rosario del Tala secuestraron y torturaron con picana eléctrica a dos adolescentes de 14 y 15 años.
Pero conviene detenerse a repasar el antecedente de Gabriel Gusmán porque, como se dijo, tiene características similares al de Iván Pérez, pero una respuesta diametralmente opuesta desde el Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de llevar adelante la acusación.
Cuando fueron liberados los policías que habían participado del procedimiento en el que fue asesinado el joven en el barrio Capibá, en la ciudad de Paraná, hubo festejo un policial que incluyó una ruidosa caravana de patrulleros con las sirenas encendidas por el centro cívico; y eso que parecía una provocación terminó siendo respaldado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein:
–La Policía hizo lo que tenía que hacer –dijo en una rueda de prensa.
El abogado defensor Alfredo Vitale dijo que el disparo fue “involuntario” (sic) y que Gómez “no tuvo intención ni voluntad de quitarle la vida a Iván Pérez”. Pero el eje central de su estrategia defensiva fue la estigmatización de la víctima: un joven pobre, con antecedentes penales y de consumo problemático de sustancias. Así le presentó el caso al jurado, con la anuencia pasiva de la jueza Alicia Vivian.
En algún punto la estrategia del abogado de Mauricio Gómez exhibe una defensa de cuerpo e incluso parece haber tomado argumentos del dictamen que hicieron los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano para exculpar a los asesinos de Gabriel Gusmán.
Un perito policial consultado en el caso de Gabriel Gusmán dijo que era “extremadamente difícil” acertarle a blanco inanimado a una distancia de cincuenta metros. “El impactar un disparo en la cabeza es azaroso”, agregó. Siguiendo ese razonamiento, cuánto más difícil sería hacerlo a casi cien metros, como se determinó en el caso de Iván Pérez.
El jefe de la División Scopometría de la Dirección Criminalística de la Policía de Entre Ríos, Iván Berón, que es técnico en balística y papiloscopía egresado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), les dijo a los fiscales que los policías entrerrianos “no están preparados para un combate a esa distancia, debido a que no se trata de un combate urbano, los cuales son hasta quince metros, y los polígonos de práctica son hasta veintidós metros” y agregó que “en cuanto a las capacitaciones, por una cuestión de recursos, no se hacen, dejaron de funcionar hace muchos años”.
–Luego de que una persona egresa de la Escuela de Policía, ¿tiene práctica de tiro? –le preguntó el abogado Vitale al jefe departamental, Cristian Hormaechea.
–Sí, tiene, pero siendo sincero, no es para nada la óptima; es prácticamente nula la capacitación que tienen los funcionarios policiales con posterioridad a su egreso. Por ahí se juzga a un funcionario, de la fuerza que sea, como si fuéramos idóneos en la portación de un arma y veces solo aprendimos cómo es el mecanismo para el armado, desarmado y para efectuar un disparo o descargar un arma. Pero a la idoneidad de un arma, la capacitación que se brinda no es la adecuada.
No lo dice un periodista ni un dirigente de la oposición, tampoco un militante de organismos de derechos humanos ni familiares de víctimas de la violencia policial. El que habla es un jefe policial y el problema que presenta ese razonamiento es que ese disparo les costó la vida a Sebastián Briozzi, Gabriel Gusmán e Iván Pérez.
La afirmación es realmente temeraria y nos advierte que si el número de intervenciones policiales letales es alto podría significar que las fuerzas de seguridad no están bien preparadas o que la violencia institucional es tolerada por las autoridades y por la sociedad.
Pensar que hay más de 10 mil efectivos a quienes el Estado les ha entregado un arma sin brindarles la capacitación adecuada debería ser al menos un motivo de preocupación. Sobre todo si Entre Ríos está entre las provincias con las mayores tasas de policías por cada 100.000 habitantes. Pero ningún funcionario ha dicho nada. Tampoco la Policía de Entre Ríos ni la oposición. Silenzio stampa.
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