El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Oscar Colombo es actualmente secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y es uno de los cuatro profesionales imputados en la supuesta adulteración de documento público en la quiebra de la empresa Calimboy.
El tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, dirigirá el 24 y 25 de agosto las audiencias de debate por supuesta adulteración de instrumento público; uso de instrumento público adulterado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude procesal.
El juicio es un desprendimiento de la quiebra de la empresa Calimboy y están imputados contadores y profesionales especializados en Concursos y Quiebras, publicó Análisis Digital.
Los imputados son Oscar Alfredo Colombo; Olga Raquel Amoroso; Haydee Liliana Villagra; y Mirta Liliana Giles por los delitos de “Adulteración de instrumento público; uso de instrumento público adulterado; incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y fraude procesal”. Están acusados en su carácter de miembros de la Sindicatura Plural de la quiebra de Calimboy SA.
Según la denuncia que llegará a debate, adulteraron el acta 27 del Libro de Actas de la Sindicatura Plural, “que el propio Juzgado luego de rubricarlo se lo había entregado y que, por tanto, estaba bajo su exclusivo uso y custodia”. “La usaron para intentar que el mismo Juzgado en donde ejercen su rol de síndicos miembros de la Sindicatura plural, rechace la defensa de caducidad de acción opuesta por el señor José Alberto Grané en el juicio que la mencionada sindicatura plural la había promovido para extenderle personalmente la responsabilidad de la quiebra de Calimboy S.A”.
Se subrayó además que Oscar Colombo, “quien además es síndico de Grandes Maquinas S.A., y desde hace al menos 20 años secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, lleva como primer testigo en otros funcionarios civiles y comerciales a un juicio penal, al principal damnificado en su intento de fraude procesal. Es decir al juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Máximo Mir”.
Por último se precisó que en medio del proceso, “se les denegó un pedido de suspensión de juicio a prueba, precisamente porque son funcionarios públicos”.
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