Afectados por la pandemia y una precarización laboral que data de muchos años apuntan a encontrar nuevos formatos económicos para subsistir.
El delegado en Entre Ríos de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (Uolra) y secretario de Economía Popular de la comisión directiva nacional del mismo sindicato, Federico Feltes, dialogó con El Portal de las Cooperativas para explicar la situación del sector.
“Con la pandemia la actividad cayó casi entre un sesenta y setenta por ciento, lo que fue el 2019. Eso se debió a la no inversión del Estado en obra pública, pese a que hubo unos índices favorables el año pasado. La actividad sigue mermando, no ha crecido”, reconoció el gremialista.
Sin embargo ve en el cooperativismo una posibilidad para mejorar el nivel de vida de la gente que vive de la fabricación de ladrillos.
“Creemos que armando cooperativas de trabajo vemos una herramienta para de alguna forma resolver la situación compleja que tenemos desde la actividad. La situación del sector ladrillero es compleja como todas las de producción de la Argentina. Tenemos un nivel de informalidad muy importante, durante el gobierno nacional anterior se profundizó mucho más la caída productiva por la situación macroeconómica”.
Consultado sobre la el nivel informalidad de la gente que vive de esta labor fue concreto, “encontramos que en la Argentina en cuanto a la familia ladrillera, casi el 95% es de la economía popular, entonces veíamos la posibilidad de generar estrategias, una de ellas era la Cooperativa de Trabajo, que permite formalizar a los integrantes para genera r las condiciones que permita producir con calidad, a menor precio, con volumen que es lo que pide el mercado. Eso viene lográndose, pero estamos atados a la suerte de lo que sucede en la economía argentina, si no hay obra pública a quien le vendemos. Incluso pensamos que se debería construir una Federación Nacional de Cooperativas que es una herramienta estratégica para poder discutir a otro nivel. Además es una herramienta reivindicativa y legal para poder cumplir con el Estado”.
Feltes aclaró que en Entre Ríos existen cinco Cooperativas constituidas, están en Paraná, Santa Elena, Victoria, Federal y Gualeguay. “Nos queda muchísimos por hacer, históricamente es una actividad que se desarrolló individualmente, es muy difícil romper con esa tradición que tienen de cada uno trabajar en su horno, es el desafío que tenemos”, adelantó.
Un aumento productivo que no se traduce en ganancia
“El año pasado obtuvimos la exención de la actividad, pudimos volver a trabajar a partir de una gestión que hicimos con el Ministerio de la Producción de la Provincia. Pero no se pudo saldar la gran demanda que había de ladrillos por cuestiones externas, por ejemplo a fines de noviembre teníamos pedidos hasta abril de este año, cosa que no pasaba desde 2012-2013, pero eso no quiere decir que haya aumentado la capacidad productiva, dada las circunstancias en la que se encuentra la actividad con trabajadores en negro, baja tecnología, informales, casi nula participación del Estado para promocionar, regularizar y formalizar la actividad, eso no genera que los compañeros puedan llegar a tener los beneficios de esa gran demanda que hay en la actualidad”, explicó sobre la paradójica realidad que les toca enfrentar.
Feltes resaltó que: “Las materias primas con lo que producimos siempre van elevando sus precios al ritmo de precios que no tienen nada que ver con nosotros, por ejemplo un metro cuadrado de construcción se cotiza en dólares, (pero) los materiales que usamos como tierra, virutas, residuos de las papeleras que tiran, también nos subieron los insumos y eso produce que el ladrillo se encarezca un poco más, pero tampoco nos da una ganancia para poder de alguna forma obtener un beneficio y de esa forma producir mucho más, es contradictorio la actualidad de esta actividad, que es milenaria, genera muchos recursos, el presidente (Alberto Fernández) dijo hace poco que el pilar de la recuperación será la construcción, como lo fue con Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández), pero los trabajadores no hemos obtenido los beneficios del dinero que se recauda a partir de semejante actividad productiva, que no es por una decisión del Gobierno o de la política, sino que no había una organización que pudiese resolver esas dificultades”, planteó.
Por otro lado el sindicalista explicó que en Entre Ríos existe la ley 10366 del año 2015, “que permitió que se registre a los trabajadores en la actividad con la idea de ir actualizando. En ese año tenía alrededor de 900 trabajadores que eran dueños, entre comillas, de su unidad productiva, a eso se le debe sumar los cortadores y bateadores, que llegarían a unos 3 mil en la Provincia, pero que años después fue mermando por lo antes señalado. Estimamos que hoy habrá unos 700 en actividad”, aportó como dato cuantitativo.
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