El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Si bien la Corte Suprema solicitó el legajo, en los tribunales siguen corriendo los procesos. Los tiempos, la gran incógnita.
Por FEDERICO MALVASIO de PÁGINA JUDICIAL
Este sábado se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitó el legajo por el que tramitó la causa conocida como contratos truchos en la Legislatura, cuya investigación abarca el período 2008-2018 en el Senado y 2011 -2018 en la Cámara de Diputados. Aquí la nota.
La solicitud del máximo órgano de justicia del país fue luego de una petición de un grupo de abogados defensores para que la causa tramite en la Justicia Federal porque – a su entender – lo que se debe juzgar es un delito electoral. En rigor, el financiamiento de las campañas políticas.
“Se terminó la causa de los contratos”, le dijo un interesado en que eso suceda a Página Judicial, cuando este miércoles se ratificó lo anunciado el fin de semana. Sin embargo, que el legajo sea enviado a la Corte no significa que el proceso que se lleva adelante en la justicia ordinaria quede bloqueado.
Con el sistema acusatorio, que rige en Entre Ríos, las cuestiones procesales se resuelven en audiencia, lo que no requiere de tener el legajo porque todo está digitalizado y filmado. Por lo tanto la audiencia prevista para decidir si la causa se eleva o no a juicio tras el pedido de elevación de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry se puede llevar adelante sin inconvenientes.
Por ahora corre el plazo de la defensa para hacer planteos y ofrecer prueba, lo que no ha sucedido hasta el momento. Vence en un mes, pero todo indica que la audiencia se correrá para el año que viene porque muchos de los defensores están con el juicio que se sustancia en los tribunales contra Sergio Urribarri. No obstante, todo sigue adelante, dijo un actor judicial de la causa a este medio.
La jueza de Garantías Marina Barbagelata, que es la que debe resolver, rechazó en agosto pasado un planteo efectuado por defensores para que se disponga la suspensión de todos los actos procesales y la remisión de la causa a juicio hasta que la Corte resuelva sobre el conflicto de competencia.
La magistrada, además, no hizo lugar a los defensores que recusaron a los fiscales por entender que incurrieron en una pérdida de objetividad y/o por la violación al deber de objetividad que, según dijeron, se evidencia en el requerimiento de elevación de la causa a juicio, donde no aparecen los nombres de diputados, senadores ni autoridades legislativas en la nómina de imputados.
Mientras tanto, la Corte se tomará su tiempo. ¿Uno, dos, tres años? ¿O menos? Es una incógnita. En otro plano se da por descartado que si hubo una operación de fórum shopping – como reveló Pagina Judicial – para que la causa llegue al juez Daniel Alonso y abra la puerta de discutir la competencia, es porque en el máximo tribunal se apalabró también a alguien para que solicite el legajo, como sucedió.
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