Lula enfrenta el enorme poder y el apoyo de militares y policías a Bolsonaro. El presidente destituyó al flamante jefe del Ejército por la inacción frente al intento de Golpe de Estado de fanáticos del ex mandatario. Alerta por la sospecha de más complicidades. El desafío del nuevo gobierno por "desbolsonarizar" a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Ya echó a 130.
Por GABRIEL MICHI (*)
Hay una amenaza latente. Y una sospecha bastante generalizada. Una sospecha que tiene sus fundamentos. Y eso se traduce en un desafío y en la necesidad de tomar decisiones drásticas. La presunta (y no tan presunta) simpatía mayoritaria dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía por el ex presidente Jair Bolsonaro y su polémico gobierno, pone en jaque a la flamante tercera Presidencia de Luis Inácio Lula Da Silva. Y, con eso, a la democracia brasileña. La inacción por parte de los uniformados e incluso el acompañamiento de móviles policiales a los fanáticos bolsonaristas que el pasado 8 de enero tomaron violentamente las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, encendieron las luces de alerta en el nuevo gobierno acerca de cuál es el verdadero compromiso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con las instituciones. Y cuánto de esa enorme militarización y doctrina armada que inundó la administración de Bolsonaro puede ser un condicionante para el nuevo gobierno y cuántas lealtades ocultas pueden derivar en complicidades golpistas en su contra. Por ello, Lula ha decidido tomar medidas drásticas. La última: echó al flamante comandante del Ejército Júlio Cesar de Arruda, quien había quedado a cargo de la Fuerza con el cambio de gobierno. La destitución ocurrió el día después de que el propio Arruda se había reunido con Lula y su ministro de Defensa junto a los jefes de la Armada y la Aeronáutica . En el encuentro habían tenido un fuerte cortocircuito porque el militar no aceptaba las medidas de fondo que le estaba pidiendo el Presidente al interior del Ejército.
En su lugar fue nombrado el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que está al frente de la Región Militar del Sudeste, quien en las últimas horas se hizo muy conocido por un discurso en el que llamó a las Fuerzas Armadas a respetar las instituciones democráticas y el mandato de las urnas “gusten o no gusten”. Ribeiro Paiva sostuvo en un acto oficial: “Ser militar es ser profesional, respetar la jerarquía y la disciplina (...) Es ser una institución del Estado, apolítica y apartidista. No importa quién esté a cargo, cumpliremos la misión de la misma manera”, proclamó el miércoles en un acto oficial.
Lula tiene un enorme desafío por delante: lograr "desbolsonarizar" a los uniformados y de los fanáticos del ex presidente que aún pululan en distintos estamentos del poder. Y, en ese sentido, las potenciales complicidades en los episodios golpistas son una fiel demostración de esos temores. De hecho, en los últimos días el propio Presidente lanzó su sospecha también sobre los servicios de inteligencia por la falta de aviso de lo que estaba por llegar: el violento asalto a los edificios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia. Al Primer Mandatario le resultó más que sugestivo que nadie le haya advertido de los evidentes movimientos pre-golpistas que desembocaron en el peor ataque a las instituciones en décadas.
Por esos hechos ya fueron detenidas más de 1.500 personas, de las que casi mil están en la cárcel. Ahora el Tribunal Supremo investiga si Bolsonaro alentó la invasión desde Estados Unidos. Desde el momento de la intentona golpista Lula ya destituyó a más de 130 militares, 80 de ellos pertenecientes al círculo de custodia presidencial. Su indignación fue enorme porque le sorprendió que los atacantes del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo donde está su despacho, no necesitaron ni romper la puerta para ingresar ya que alguien les abrió desde dentro. La sospecha de esas complicidades incluso hicieron que el propio Presidente y su esposa sigan viviendo en un hotel y no en una residencia oficial.
Ahora se sabe que previo al ataque había informes de Inteligencia que alertaban sobre la posibilidad de hechos de violencia con la llegadas de ómnibus que traían desde distintos puntos del país a fanáticos bolsonaristas que siguen negando el resultado electoral y ponen en duda la legitimidad de las elecciones. Pese a esos informes, soldados llegados en la víspera de aquel 8 de enero para reforzar la guardia presidencial, fueron enviados a sus casas. Incluso hay imágenes dantescas que retroalimentan las hipótesis conspirativas: en un video se ve cómo un jefe policial se pelea con un coronel del Ejército que intenta impedir el arresto de los golpistas en los pasillos del Planalto. “Pero ¿estás loco?”, le grita el policía al militar que le bloquea el paso. El militar se mantiene en su postura y le retruca: “Aquí van todos presos”.
Si bien es el Ejército (del que formó parte el propio Bolsonaro) es la rama de los uniformados más numerosa y donde más profundo ha repercutido la diatriba del ex presidente, eso también se extendió al resto de las Fuerzas y, en particular, a sus cúpulas. Vale recordar además que en su gobierno varios ministerios fueron ocupados por militares que nada sabían ni conocían de las áreas que conducían.
En el libro "Poder Camufrado", el periodista Fabio Victor, habla de dese peligroso vínculo entre la política y los militares en la Era Bolsonaro. El periodista señaló -al diario español El País-: “las Fuerzas Armadas han sido, por lo menos, conniventes con el bolsonarismo, que asaltó las instituciones”. Y agregó que la cúpula militar “apoyó la pauta golpista desde el principio. Emitió una nota conjunta (tras las elecciones) en la que enmarcaron las protestas ante los cuarteles como un ejercicio de la Libertad de Expresión. Allí, estaba el embrión de la intentona golpista (del 8 de enero). Podían haber desmantelado los campamentos golpistas ―tenían la potestad para hacerlo―, pero no lo hicieron; y familiares de influyentes militares participaron en ellas”.
Esas complicidades de las que sospecha Lula también quedaron en evidencia en la inacción de las Fuerzas en desmantelar los campamentos golpistas de los fanáticos bolsonaristas que se instalaron en las puertas de los cuarteles pidiendo la intervención militar y que permanecían desde el ballotage que dio como ganador a Da Silva. Eso, sumado al poder político que acumularon los uniformados en los cuatro años de gestión de Bolsonaro -algo que no ocurría desde el fin de la dictadura en 1985-, son una amenaza para su gobierno como también para las instituciones brasileñas. Son el "huevo de la serpiente" o un "caballo de Troya" que pone en peligro la libertad y la democracia en el gigante de Latinoamérica.
(*) Artículo publicado en Mundo News. Se reproduce por gentileza de su autor.
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