El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Otra de las empresas de transporte del grupo Derudder Hermanos SRL, San José, entró en un proceso judicial de concurso preventivo.
En septiembre del año pasado había sucedido lo mismo con la firma Flecha Bus, que desde entonces despidió alrededor de 40 trabajadores.
Los argumentos esgrimidos en la presentación realizada en Tribunales por los abogados de la empresa fueron similares en ambos casos: desde "el amesetamiento" y la retracción de la actividad, hasta la quita de subsidios por parte del Gobierno nacional.
Flecha Bus solicitó la apertura del concurso preventivo en septiembre de 2018. En el escrito que presentaron oportunamente los abogados de la firma, Ricardo y Mariano Prono, en el Juzgado Civil y Comercial de Colón -cuyo contenido fue dado a conocer en el programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral)- se enumeraron razones establecidas por el órgano de administración en una reunión realizada un mes antes.
Tras describir la historia de la empresa fundada en 1958 y reseñar distintas etapas, entre las que se resaltó la expansión producida en los años ’90, que posicionó a Flecha Bus entre las principales firmas dedicadas al transporte de pasajeros a nivel nacional, se indicó que se pasó de una planta de 16 empleados en 1992 a más de 2.000 trabajadores. De ese total, al menos 40 empleados fueron despedidos en los meses siguientes.
Flecha Bus explota actualmente 110 rutas del país en un contexto que los letrados definieron como “crítico”. También señalaron que a partir de 2009 se produjo “un amesetamiento y una significativa retracción de la actividad”.
La contracción de la demanda de servicios, el incremento de la oferta, la evasión de las empresas irregulares y el crecimiento del parque automotor fueron algunas de las razones mencionadas. También las facilidades otorgadas a las empresas de transporte aéreo. Más adelante, se enumeraron el encarecimiento de los costos operativos, el aumento de los impuestos y el alza de los costos laborales.
“La conjunción de los factores expuestos se traduce en niveles de ocupación históricamente bajos con la consecuente pérdida de rentabilidad, con una estructura sobredimensionada, que genera un costo operativo insostenible”, se resumió finalmente en el escrito.
Desde el Juzgado Civil y Comercial de Colón que recibió la presentación se advirtió formalmente al Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la magnitud del proceso que deberá llevarse a cabo, en razón de que la empresa despliega actividad en todo el país, que brinda un servicio público y que tiene un gran número de empleados.
También se señaló que la compañía es objeto de centenares de ejecuciones fiscales tanto en el fuero provincial como en el federal, algunas por cifras varias veces millonarias, y también de juicios de diversa naturaleza en distintos puntos del país. Ante esta situación, se dispuso una prórroga para la presentación de documentación e informes contables que permitirán determinar la cantidad de acreedores.
Desde Colón se advirtió que por la “altísima complejidad” del proceso que no poseen la estructura técnica necesaria para llevarlo adelante, ni tampoco la edilicia. Desde la jurisdicción se pidió la colaboración del alto cuerpo con mayor dotación de recursos y personal especializado.
La situación de San José
La presentación para la apertura del concurso preventivo en el caso de San José, otra de las firmas del grupo junto con Zenit y Etacer, entre otras, estuvo a cargo del abogado Mariano Prono y fue en similares términos que la de Flecha Bus.
Según informó la web Entre Ríos Ahora, el letrado argumentó que en la última década “el transporte interurbano de pasajeros se desarrolló en un contexto crítico”. Así justificó el actual proceso de cesación de pagos. También mencionó “el amesetamiento” producido luego del período de expansión y la retracción de la actividad por causas tales como la contracción de la demanda de servicios, el abaratamiento de los otros medios de transporte, y el compromiso con el Estado nacional de mantener el empleo.
Tras señalar medidas adoptadas por la firma para paliar la situación, como la eliminación de los servicios de refuerzo, las promociones y el incremente de viajes charter, desde la empresa se indicó que las acciones no fueron suficientes.
Se adujo además que, en el marco de la emergencia declarada en 2002, el gobierno nacional fijó una serie de medidas económicas, entre las cuales se encontraba la compensación de parte del costo de los peajes y el subsidio para la compra de gasoil a precio diferencial. Pero la quita del subsidio produjo un inmediato desequilibrio de la ecuación financiera de la empresa y la imposibilidad de afrontar estas obligaciones en forma regular, representando “una pérdida mensual enorme”.
La situación se agravó en 2017 por lo que fue definido desde la firma como “la quita ilegal” de todas las compensaciones que aún quedaban, “terminando de destruir el equilibrio económico que San José intentaba lograr”.
En el escrito judicial, el representante de San José puntualizó que la actividad “es viable”, siendo rentable en el mediano y largo plazo, por lo que el concurso preventivo “producirá el desahogo financiero” con el consiguiente ahorro que permitirá volcar esos recursos a la actividad. En relación a la cesación de pagos, la ubicó a mediados de agosto de 2018, momento en el cual los embargos de fondos efectuados sobre las cuentas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) terminaron de producir “la asfixia financiera” de la empresa, impidiéndole cumplir en forma regular con el pago de todas sus obligaciones exigibles.
La apertura del concurso de San José fue dispuesta el 21 de diciembre por el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Moia. Entre los principales acreedores de la firma se encuentran el Banco Credicoop y la Obra Social de Conductores de Transporte de Colectivos de Pasajeros, a los que se agregan la Organización Hotelera Costa SRL, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y el Banco Macro SA. El juez del concurso clasificó el proceso como “un gran concurso”.
En ese marco, el magistrado dispuso comunicar a los registros respectivos que “la inhibición general de bienes de la entidad deudora”, fundada “en la necesidad de conservar la integridad del patrimonio hasta el día que cese el estado de concurso preventivo”.
Según se informa en la web de San José, la empresa cuenta actualmente con más de 30 servicios diarios, uniendo íntegramente Entre Ríos y conectándola con las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Chaco.
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