El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
Este domingo 24 de marzo se concretó la movilización en el marco de la Semana de la Memoria. Desde las 19 se concentraron en Plazoleta de los DDHH (Yrigoyen y Reibel) para marchar hacia Plaza Ramírez. El documento que se leyó.
Fotos: CLARA CHAUVÍN de EL MIÉRCOLES
En la plaza principal se leyó el documento elaborado por la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia. Las actividades concluyeron con distintas expresiones artísticas.
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DOCUMENTO 24 DE MARZO DE 2024
A 48 años del último golpe cívico militar del 24 de Marzo de 1976 volvemos a encontrarnos en esta Plaza para reafirmar el “Nunca Más”, pacto fundacional de nuestra democracia, hoy en peligro. Nos enfrentamos a un gobierno negacionista y apologista de la dictadura genocida, que ha venido a replicar políticas de miseria planificada, en la huella de las tantas veces fracasadas políticas neoliberales que se iniciaron en nuestro país con Videla y Martínez de Hoz.
Sobre los ya terribles números de pobreza e inflación que se arrastraban desde años anteriores, todos los indicadores socio económicos se han agravado dramáticamente en los últimos tres meses: aumento desbocado de la inflación, pulverización de las jubilaciones, caída en picada libre de las ventas de alimentos y remedios, destrucción de la pequeña y mediana empresa, incremento de los índices de pobreza e indigencia, aumento del desempleo y paralización absoluta de la obra pública.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei lleva adelante un paquete de medidas, que incluyen el DNU en vigencia y la fallida - por ahora- , ley Ómnibus que significan el mayor ataque a los derechos del pueblo trabajador desde la recuperación de la democracia, leyes consideradas inconstitucionales por los más diversos expertos del país.
La justicia social no es “una aberración”, como pretende el discurso presidencial: la justicia social es parte del ideario de la Constitución Nacional y un valor esencial en las luchas y en las ideas de las más diversas expresiones de la historia política de nuestro país. Con definiciones de esa naturaleza el gobierno da una guerra cultural que persigue una regresión e inversión
brutal de todos los significados y valores que dan sentido a la convivencia democrática y a la posibilidad de un futuro mejor para nuestro pueblo.
El gobierno nacional, legítimo en su origen, ha hecho en estos tres meses hasta lo imposible para deslegitimarse en su ejercicio. En la voz y la comunicación por redes del propio presidente solo se balbucea el odio y la mentira como sistema: las mujeres, los artistas, las personas con síndrome de Down, la comunidad gay, los jubilados, el CONICET, los sindicalistas, son solo algunas de las víctimas de la catarata de odio que se destila a diario. Como dijo el escritor Martin Kohan recientemente, “la crueldad está de moda”, y se pretende que el conjunto de la sociedad argentina naturalice esa crueldad.
Mediante un precipitado diario de exabruptos y culebrones, busca distraer y promover la parálisis de la sociedad frente al fondo de la cuestión: la miseria planificada, el disciplinamiento mediante el terror del desempleo a la clase trabajadora, un nuevo plan
de saqueo y entrega a precio vil de nuestros recursos, una obediencia sin límites a los dictados del Fondo Monetario Internacional, en síntesis la entrega lisa y llana de nuestra independencia económica para el beneficio exclusivo de los monopolios y los sectores más concentrados del capital financiero nacional e internacional.
En su vocación de coloniaje y auto denigración nacional el Presidente ofende la memoria de nuestros héroes de Malvinas al declararse admirador de Margaret Thatcher, que murió impune y nunca juzgada después de haber cometido crímenes de guerra contra nuestro pueblo, como fue el hundimiento fuera de la zona de exclusión del Crucero General Belgrano. Pero nada en estos discursos es casual o arbitrario sino que cada pieza forma parte de un plan de tergiversación y olvido deliberado de nuestra historia reciente.
Sepa el gobierno que la patria no se rinde ni se entrega, las Malvinas son y serán argentinas.
En su avanzada autoritaria y anti derechos el gobierno prohíbe la perspectiva de género en la administración pública nacional, lo que nuevamente va en contra de la legislación nacional y contra todos los tratados internacionales en la materia. Es parte de una política antifeminista y patriarcal, que criminaliza a las mujeres, que quiere retroceder en derechos civiles adquiridos. El ataque contra la ley Micaela, que como uruguayenses nos toca tan de cerca, es la prueba más clara de ello, en un país en el que se sigue cometiendo un femicidio por día. Por eso gritamos otra vez ¡Justicia por Micaela y por todas las mujeres víctimas de violencia de género¡
Semejante programa de destrucción, que significa en los hechos una masacre social, se sostiene mediante el Protocolo represivo de la Ministra Bullrich, que ha sido declarado ilegal por los relatores de las Naciones Unidas (ONU), en tanto no reconoce los standares internacionales que amparan el derecho a la protesta. El protocolo Bullrich tiene como objetivo impedir y reprimir el derecho del pueblo a manifestarse en las calles, porque saben desde un principio que un programa económico tan brutal solo cierra con miedo y represión.
Dicho programa de destrucción de derechos y conquistas históricas del pueblo argentino por parte del gobierno de Milei, sería imposible de llevar adelante sin la connivencia y complicidad de muchos gobiernos provinciales. Es en esta dirección que rechazamos las políticas de ajuste del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que, más que velar por los derechos de las y los entrerrianos, en estos primeros meses está secundando el plan de empobrecimiento que intenta desplegar con sus políticas de hambre el gobierno nacional. Empleados estatales, docentes, trabajadores del sector privado, trabajadores delas economías populares, todos y todas estaremos en las calles para frenar el brutal ajuste desplegado por estos gobiernos clasistas y antipopulares.
Al mismo tiempo, y como parte fundamental del plan de destrucción de los pilares del consenso democrático y de la regresión en materia de derechos humanos que se encuentra en marcha, denunciamos el desmantelamiento de sitios y programa de
Memoria en todo el país, sitios reconocidos por ley que contribuyen con programas y actividades educativas a mantener viva la memoria del terrorismo de Estado y sus consecuencias para las jóvenes generaciones. En el mismo sentido denunciamos el
desmantelamiento del INADI, del instituto Nacional de Asuntos indígenas, el ataque al INCAA, al Instituto Nacional del Teatro, al Fondo Nacional de las Artes, al sistema de bibliotecas populares. La cultura, el arte, la imaginación, la sensibilidad, siempre será un enemigo para un gobierno que carece de la más mínima empatía por el otro. Una palabra aparte merece la grave situación del sistema universitario nacional, al borde del colapso presupuestario, al recibir los mismos recursos que en 2023, luego de un 260% de inflación acumulada. Desde allí también, estudiantes y docentes, organizan la lucha frente a una
gestión educativa enemiga del derecho al conocimiento.
Es necesario impulsar un proceso de reconocimiento, restitución y ampliación de derechos de las personas con discapacidad, colectivo históricamente invisibilizado y postergado.
Resulta clave para este proceso, el reemplazo de la Ley 22.431, sancionada durante la última dictadura cívico-militar, que estableció el denominado “Sistema de protección integral de los discapacitados”, actualmente vigente. Resulta necesario como proceso de reparación histórica saldar tamaña deuda de la democracia, adecuando y armonizando la normativa en cuestión a las obligaciones contraídas por el Estado Nacional en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley N° 26.378 y su protocolo facultativo, que goza de jerarquía constitucional a partir de la Ley N° 27.044.
Recordamos también que la Ley 21. 526 o ley de Entidades Financieras, estampada con las firmas de Videla y Martínez de Hoz, sigue regulando nuestra economía, favoreciendo a los grandes bancos y la actividad especulativa internacional, y que ningún gobierno en 40 años de democracia ha querido o podido derogar.
Nosotros y nosotras hemos aprendido para siempre la enseñanza de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: no daremos ni un paso atrás en la defensa de la democracia, no cederemos un palmo en la transmisión de la memoria, porque un pueblo sin memoria está condenado al fracaso. No hay dos bibliotecas, como se ha dicho, ni dos versiones de la historia: hay condenas y juicios por delitos de lesa humanidad que se siguen hoy y que se deben continuar porque esos crímenes son imprescriptibles.
Repudiamos el gravísimo atentado contra una copmpañera de la organización HIJOS, quefue golpeada y abusada por una patota en su propio domicilio, un hecho que nos remite directamente al terror de Estado durante la última dictadura. Exigimos el esclarecimientodel hecho y hacemos responsable al gobierno nacional de cualquier amenaza, intimidación o violencia que pueda sufrir un militante por los derechos humanos.
Seguimos reclamando justicia por nuestros treinta mil compañeros desaparecidos y desaparecidas, por nuestros compañeros y compañeras exiliados, por nuestras compañeras y compañeros sobrevivientes, justicia por los más de trescientos nietos que
las Abuelas buscan todavía.
Sobre la senda de esas luchas continuarán las nuestras, en la memoria de los pueblos se inscribe nuestro andar, en tiempos de posverdad y mentira organizada desde el poder, seguimos sosteniendo el derecho a la verdad.
Por memoria, verdad y justicia, 30 mil compañeras y compañeros desaparecidos
¡presentes, ahora y siempre¡
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