El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó que la causa promovida por un denunciador serial debería ser investigada por la justicia federal, tal como antes lo había decretado el juez Daniel Alonso, y contra las pretensiones de los defensores de Allende y de la fiscalía. Paralelamente, en la provincia tramita otra causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, supuestos delitos precedentes del lavado.
Por JUAN CRUZ VARELA de PÁGINA JUDICIAL
Se le abrió un nuevo frente de batalla a José Ángel Allende, el ex diputado provincial y millonario sindicalista de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a partir de la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná de mantener bajo su jurisdicción la competencia de una investigación por lavado de activos.
Como adelantara Página Judicial, Allende fue denunciado por el abogado porteño Santiago Dupuy de Lome, una suerte de denunciador serial de esos que pululan por los tribunales, a través de un escrito que envió por correo electrónico a la secretaría general de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
La presentación se realizó los tribunales federales de Comodoro Py en agosto pasado, tres días después de que el juez Elvio Garzón rechazara el acuerdo de juicio abreviado que proponía una condena de prisión condicional para el ex legislador, el decomiso de dos propiedades y el pago de una multa, luego de que confesara delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; un enriquecimiento patrimonial no justificado de 1.069.841,19 dólares a valores históricos –calculado en pesos sería de 4.983.146,14–; por haber hostigado a la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y por las amenazas a un comunicador.
La denuncia del hilarante abogado también alcanza a la ex esposa de Allende, Diana Traverso; a su actual pareja, Adriana Guadalupe Satler; y a sus hijos, María Cristina, Julio y Victoria Allende, a quienes habría utilizado como testaferros.
Lo que pretendía el abogado Dupuy de Lome era que se instruyera una nueva causa respecto de los delitos que Allende había reconocido, en el marco del acuerdo de juicio abreviado, pero por lavado de activos. Este modo de presentar la denuncia resulta llamativo, y así lo hicieron notar los defensores de Allende, por cuanto el rechazo del acuerdo de juicio abreviado implica que cualquier reconocimiento que hiciera el ex legislador no podrá ser valorado en ningún sentido, como lo establecen las normas. Cabe señalar también que el denunciante omitió deliberadamente mencionar que había una causa en curso en los tribunales provinciales y que parecen no haber tenido en cuenta el juez federal de primera instancia ni el tribunal de apelaciones.
En efecto, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó que la denuncia debería ser investigada por la justicia federal, tal como antes lo había decretado el juez Daniel Alonso, y contra las pretensiones de los defensores de Allende y de la fiscalía.
El tribunal integrado por Beatriz Aranguren, Cintia Gómez y Mateo Busaniche consideró que “por el momento, y con los escasos elementos obrantes en autos, luce acertada la decisión del magistrado (de primera instancia), en cuanto a que corresponde a la justicia federal investigar la posible comisión del delito de lavado de activos”.
No alcanzó que el abogado Leopoldo Lambruschini, uno de los abogados defensores, invocara que Allende y sus familiares estaban siendo juzgados en los tribunales provinciales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, como delitos precedentes del lavado de activos, mientras se desempeñó como diputado provincial.
Eso también argumentó para plantear la incompetencia de la justicia federal. Del mismo modo que lo hizo el fiscal general Ricardo Álvarez: “La argumentación alusiva a la pluriofensividad del ilícito por cuya supuesta comisión se procura llamar al fuero federal desconoce (al menos en el caso y actualmente) que el orden económico financiero, así como la intangibilidad de la hacienda pública, no debería reñir con la organización federal de gobierno y de sus habilitaciones cognitivas locales para intervenir ante sucesos que hubieran de perturbarlo”, expuso el fiscal. “Los posibles hechos precedentes deberían conducir a un punto de conexión jurisdiccional reconcentrado en aquel que investiga actualmente su infidelidad funcional como agente de los poderes públicos de esta provincia de Entre Ríos”, agregó.
En ese sentido, la Cámara Federal de Apelaciones citó un fallo de la Corte Suprema, también citado por Alonso, que expresa que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional (…) toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no solo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos” y agrega que el lavado de activos es “un delito que transgrede las leyes nacionales”.
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