El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El juzgado provincial a cargo de Mariano Martínez investiga una posible defraudación en el manejo de fondos públicos por parte de las denominadas “cooperativas sociales” que comanda Enrique Chimento. La causa, que lleva el número 34943, se inició como derivación de una denuncia por amenazas realizada por un trabajador de la “cooperativa” San Cayetano en 2011. Como se trata de fondos federales, el magistrado la derivó a la justicia federal, pero la fiscal Milagros Squivo la rechazó. La Corte Suprema debe resolver la competencia, pero mientras tanto, ordenó al juez que siga investigando. Una alta fuente judicial dijo a El Miércoles Digital que el caso va a destapar “una caja de Pandora”. Aunque nadie arriesga cifras, la defraudación podría alcanzar números millonarios.
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN de la redacción de El Miércoles Digital
Hace casi tres años, en junio de 2011, la justicia allanó la sede de la Federación de Cooperativas Sociales (Fecoopso), por orden del entonces juez de instrucción Mariano Martínez, a raíz de una denuncia por tenencia de armas, lesiones y amenazas. El denunciante fue Edgardo Perrouchoud, un “socio” --en realidad trabajador precario--, que acusó al responsable de la “cooperativa” San Cayetano, Oscar Alfredo Moreyra, por amenazarlo con armas en la vía pública, tras un reclamo salarial. En el marco de esa causa, y para reunir documentación, el juez ordenó una serie de allanamientos en tres domicilios particulares en barrio San Roque, en Villa Industrial y en Cantera 25; y también en la sede de la Federación (ubicada en Lucilo López al 1580).
LA CAJA DE PANDORA
Aunque inicialmente la causa --que lleva el número 34943-- se limitaba a Moreyra, los allanamientos tuvieron una consecuencia inesperada para las autoridades de la Fecoopso que comanda Enrique Chimento. La documentación secuestrada fue el inicio de una nueva causa judicial, a raíz de que los funcionarios judiciales detectaron irregularidades en el manejo de fondos en los papeles de la Fecoopso. ¿En qué consistían esas irregularidades? A grandes rasgos, en que los importantes recursos remitidos por la Nación para la actividad de las “cooperativas”, no se corresponden con las rendiciones de cuentas de esos mismos fondos. Los funcionarios judiciales revisaron exhaustivamente la documentación secuestrada, con la intención de determinar si se trataba de una desprolijidad contable o de una estafa. La respuesta no dejó dudas: “Abrimos la caja de Pandora”: así lo resumió un altísimo funcionario judicial en diálogo con el cronista. El delito que se investiga en la nueva causa es “defraudación”, en manos del mismo magistrado pero con nuevo nombre y funciones, tras la reforma judicial entrerriana.
De este modo, de la denuncia original contra un dirigente de segunda línea de las llamadas “cooperativas sociales”, se pasó a una cuestión de mayor densidad y de imprevisibles consecuencias para el poder político.
Pocos días atrás, la concejala Verónica Magni reclamó informes al Ejecutivo, para que dé a conocer algunos puntos que, seguramente, forman parte de esa caja de Pandora, que por supuesto la gestión del PJ no hubiera querido que se abriera por nada del mundo. La edila socialista recordó que ya en otras oportunidades solicitó, infructuosamente, información sobre los convenios realizados por la Municipalidad y las cooperativas, sin haber recibido nunca una respuesta. Un rasgo típico del peronismo gobernante en Concepción del Uruguay: no solo niegan la información pública a los pocos medios periodísticos que la reclaman, sino también a los representantes elegidos por el pueblo. En la ciudad administrada por el PJ no hay manera de saber cómo usan los fondos que son de todos. (Ver aparte: http://www.elmiercolesdigital.com.ar/reclaman-a-schepens-que-informe-sobre-los-acuerdos-con-las-cooperativas-sociales/ ).
¿QUIÉN TIENE QUE INVESTIGAR?
Mariano Sebastián Martínez –ahora juez de Garantías y Transición--, después de realizar los primeros trámites, entendió que por tratarse de fondos federales, la competencia correspondía al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Por esa razón, el 27 de diciembre de 2013 remitió el expediente a la fiscal federal María de los Milagros Squivo. Se abrió así un nuevo expediente, en el marco de la justicia federal, con el número 9364/2013, y caratulada: “Cooperativas sociales s/defraudación”.
La feria veraniega tuvo el trámite parado hasta el 27 de febrero, fecha en que la funcionaria de la justicia federal le devolvió gentilmente la causa al juez Martínez, para que éste retomara las investigaciones. Pero Martínez, convencido de que no tiene competencia en el asunto, insistió ante la única instancia superior común a ambos funcionarios judiciales: la Corte Suprema de Justicia. El 18 de marzo ingresó una presentación para que el máximo órgano judicial de la Argentina resuelva lo que se conoce como una “contienda de competencia”. Es decir: quién debe tramitar la causa, si la justicia entrerriana a través del juez Martínez, o la justicia federal. El magistrado envió el mamotreto completo: cuatro cuerpos de expedientes, con dieciocho agregados y dos cajas, según consta en la información oficial de la Corte. El trámite lleva el número 126/2014 y la carátula reza “Perrouchoud, Edgardo Matías. Su denuncia -defraudación cooperativas sociales”.
Pero al día siguiente, el máximo tribunal --ni lerdo ni perezoso-- le devolvió la causa: aunque debe resolver la cuestión de fondo (es decir: a quién le compete investigar), el 19 de marzo ordenó el envío al juez Martínez, con expresas indicaciones de que “el Juzgado de Garantías y Transición de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, prosiga con el trámite de la causa hasta tanto se resuelva en definitiva la contienda de competencia suscitada”. Es decir que se tomen todas las medidas necesarias para que avance la investigación, para que el “incidente de competencia” no signifique que la causa se trabe. (Dicho sea de paso, y para destacar: una buena para la justicia federal. Con esa celeridad debería resolverse todo).
El juez ya tiene de nuevo todo en sus manos. Y aunque las principales medidas de urgencia ya se habían tomado (todas las necesarias para preservar evidencias), a raíz de esta indicación de la Corte, el magistrado seguirá resolviendo algunas medidas que permitan que el trámite se mueva. Por ejemplo, a quiénes imputar.
ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN
Los fondos nacionales para las “cooperativas” son remitidos desde el Ministerio de Planificación Federal, en el marco de diferentes programas y dependencias administrativas. Las mismas fuentes del juzgado aseguran que la burocracia federal complica la recolección de pruebas informativas: cada pedido de información que se realiza a las instancias oficiales de la Nación requiere meses y numerosos reclamos para ser obtenidas.
La defraudación, en realidad, es una denominación genérica de una serie de delitos incluidos en el Código Penal, entre ellos la estafa. El artículo 173 del código establece, en once incisos, los casos especiales. Se entiende que la defraudación es un ataque a la propiedad (en este caso propiedad pública, al tratarse de recursos asignados por el Estado Nacional) cometido mediante el fraude, es decir con ardid o engaño o por abuso de confianza. La pena prevista (artículo 172) va de un mes a seis años de prisión.
Aún no hay imputados en la causa, pero las fuentes consultadas por El Miércoles indicaron que el delito de defraudación se le achacaría a quienes figuran como autoridades de las “cooperativas” involucradas, es decir a los integrantes de sus consejos de administración.
Además, la complejidad de la causa amenaza con afectar a funcionarios municipales y provinciales, porque los recursos y las obras que realizan las “cooperativas” surgen de contrataciones o convenios con ambas instancias. Por otro lado, los fondos que reciben las “cooperativas” alcanzan cifras importantísimas. Solamente el convenio firmado por la Municipalidad con el Programa Federal de Integración Socio Comunitaria supera el millón de pesos. Y ese tipo de convenios, además, establecen requisitos y exigencias que la Provincia y la Municipalidad no pueden soslayar, como por ejemplo la formación de unidades ejecutoras que deben coordinar, auditar y supervisar las obras y que están bajo la responsabilidad de los funcionarios públicos. Los trámites cotidianos también involucran a la Municipalidad: al menos parte de los fondos que remite la Nación se depositan en cuentas bancarias a nombre del Estado Municipal, y éste a su vez se los efectiviza a la “cooperativa” encargada en cada caso.
LA CONEXIÓN CON LOS ATAQUES A FUNCIONARIOS
Hace apenas un mes, las viviendas particulares de dos funcionarios municipales y el auto de un tercero, fueron atacados en forma anónima, en una llamativa acción que muestra la impunidad con la que se manejan determinados sectores del PJ uruguayense. El intendente Carlos Schepens fue el primer “sincericida”, cuando dijo que desde el Gobierno Municipal “sabemos perfectamente de dónde provinieron estos ataques”.
Completando la hipótesis, el secretario Legal y Técnico del municipio, Ricardo Vales (uno de los atacados), insinuó no solo saber quiénes fueron sino también por qué lo hicieron: “Nosotros estamos auditando a las ‘cooperativas’ que prestan tareas en la Municipalidad. Creo que por ahí viene el atentado hacia mi persona, dos ‘cooperativas’ en particular”. Incluso advirtió: “Si pensaron que mandándome a prender fuego la casa iban a evitar que yo siga haciendo mi tarea, se equivocaron de persona, lo que lograron es enojarnos más”.
Por las dudas, y abriendo el paraguas, el propio Vales “salvó” a las demás “cooperativas”, al aclarar: “Quiero dejar salvaguardada la honorabilidad del resto de las cooperativas, que esto no tiene que ver con las cooperativas en sí sino, exclusivamente, con estas que no están haciendo las cosas como corresponde, que no están cuidando a su gente, no hacen aportes, no los tienen asociados, termina siendo un gran negocio. Como esta ciudad es chica, nos conocemos todos y ya se sabe”.
PREGUNTITAS
Hasta ahora, el funcionario no dio más indicios de quién se trata, y al parecer a partir de las ordenes del intendente Carlos Schepens, guardó silencio sobre el asunto. Las preguntas son inevitables: ¿se sabrá alguna vez qué pasó, o se archivará como tantos otros episodios (recuérdense el atentado al domicilio del Intendente, o la denuncia del secretario de Hacienda contra el sindicato municipal) mediante algún arreglo con los “dueños” de esas seudocooperativas?
¿Qué conexión existe entre estas causas por defraudación, las auditorias (o la falta de ellas) al trabajo de las “cooperativas” y los autores y motivaciones de esos ataques sufridos por funcionarios municipales?
¿Qué responsabilidades le cabrán al poder político en estas investigaciones, cuando la justicia concluya su trabajo e impute a los responsables de cada “cooperativa”? ¿O el PJ uruguayense, que prohijó y protegió desde hace años a los dueños de las “cooperativas”, se limitará a cruzarse de brazos y ver cómo la justicia avanza sobre quienes prestaron sus nombres para integrar los “Consejos de Administración” de las “cooperativas”, y hoy están en riesgo de terminar acusados por un delito que puede costarles hasta seis años de privación de su libertad?
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo.
|
