El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El miércoles 28 de febrero la justicia ordenó a un colegio privado católico de Concepción del Uruguay a renovar la matrícula de una de sus estudiantes, quien era víctima de bullying por parte de sus compañeros de división. Desde el año 2022, la madre de la menor estuvo informando de la situación a las autoridades, quienes no presentaron ninguna solución al conflicto e instaron a que la estudiante sea cambiada de colegio.
Por CLARA CHAUVÍN de EL MIÉRCOLES
La escuela representa ese primer gran espacio de desarrollo y aprendizaje por fuera del ámbito familiar, no solamente en lo referido a lo educativo sino también como crecimiento humano en un nivel más profundo.
Pero en muchas oportunidades, también puede ser el primer lugar donde se encuentra discriminación y acoso. En el último tiempo, el bullying o acoso escolar es de esas problemáticas altamente discutidas y estudiadas en distintas partes del mundo.
Desde UNICEF advierten: “El acoso puede tener consecuencias perjudiciales y duraderas para los niños. Además de efectos físicos, el acoso puede ocasionar problemas emocionales y de salud mental, como depresión o ansiedad, que pueden derivar en el abuso de sustancias o empeorar el rendimiento en la escuela”.
Durante años se han creado normativas, campañas de concientización y hasta guías de actuación apuntados a abordar y prevenir dicha problemática para chicos, chicas y adolescentes en los distintos niveles del trayecto educativo. Sin embargo, este tipo de hechos que generan enormes sufrimientos, tanto a quienes son víctimas como para sus familias que intenta acompañar y contener, siguen manteniéndose vigentes.
...los hostigamientos nunca cesaron, afectando seriamente la salud mental de la adolescente quien hasta pensó en quitarse la vida.
Esto ocurrió en Concepción del Uruguay, en el Colegio Católico San Vicente Paul. La joven C., quien viene desarrollando toda su trayectoria escolar en dicha institución desde el jardín de infantes, comenzó a padecer hechos de acoso y maltrato por parte de sus compañeros y compañeras de curso en el año 2022. Fueron distintos tipos de hostigamientos que sufrió, como que no le pasaran las tareas en las escasas oportunidades que debió faltar con motivo de la enfermedad oncológica que atravesaba su mamá, y hasta le ponían apodos como "gorda pobre", "negra pelo duro" y "sucia”.
Según ha relatado la madre de la joven a través de una publicación en redes sociales, decide informar de la situación a las autoridades del colegio, quienes negaron estar anoticiadas del hecho. El pedido de la madre no tuvo ninguna solución ni respuesta. Para el año siguiente los hechos continuaron con no sumarla a los grupos de WhatsApp, además de reírse fuerte de ella durante sus exposiciones y hasta ciberacoso grabándola con la app Tik Tok para burlarse en redes sociales.
En marzo de 2023, la mamá presenta una nota al Colegio, reiterando los hechos de bullying que estaba sufriendo la adolescente, con copia al Obispo diocesano del cual depende la institución, y quien también es responsable de nombrar a un apoderado legal que actúe en su nombre y que en este caso se trató de Marina Pagani, recientemente nombrada Directora Departamental de Escuelas.
“La problemática que tiene la institución educativa no se soluciona con rescindir el contrato a la alumna X, sino que requiere de acciones más profundas". (Parte del fallo judicial).
“Mi nota causó profundo malestar, intentando sus autoridades, especialmente uno de los responsables del Colegio que me retractara… Luego el propio Obispo y responsables de la institución, insisten en sugerir un cambio de colegio para mi hija”, comentó la mamá.
Poco después de la presentación de esa nota, Pagani convocó a la mamá a una reunión con los tutores de los estudiantes involucrados, quienes negaron todas las acusaciones. Asimismo, durante el periodo de las vacaciones de invierno en 2023, intentaron “rescindir la relación educativa del Colegio con mi hija” y hasta se negaron a seguir cobrando la matrícula mensual, “teniendo que pagarla mes a mes mediante transferencia”.
El hecho también fue llevado a la Dirección de Educación Privada del CGE donde se armó un expediente que tuvo idas y venidas entre Paraná y Concepción del Uruguay, pero nunca se hizo una real intervención del caso ni se realizó ninguna sanción o apercibimiento a la institución. Mientras tanto, con las autoridades informadas de todo lo que ocurría, la joven C. continuó cursando con un buen desempeño académico, pero los hostigamientos nunca cesaron, afectando seriamente la salud mental de la adolescente quien hasta pensó en quitarse la vida.
Para el mes de octubre, el momento en que las familias deben presentar las documentaciones para la inscripción al ciclo lectivo 2024, tanto la joven como su madre notan que los compañeros del curso ya estaban al tanto de dicho trámite pero ninguna de ellas fueron informadas.
El fallo de la justicia
En Argentina existe la ley 26.892 para la Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, aprobada y promulgada en el año 2013. La misma establece en su artículo 7: “Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los educandos en el sistema educativo”.
Para diciembre del 2023, la familia, con representación legal del abogado Ricardo Alberto Monzón, presentaron una medida autosatisfactiva en el Juzgado Civil y Comercial, a cargo de la magistrada Sonia Mabel Rondoni. Allí se expusieron todos los hechos que fueron ocurriendo desde el comienzo de los maltratos y las respuestas de las autoridades, como así también la voluntad de la adolescente de continuar cursando en el mismo colegio y la misma división. La presentación legal se resolvió el pasado miércoles 28 de febrero, donde la jueza ordenó al colegio a inscribir a la estudiante al ciclo lectivo 2024, sin modificar el turno al que concurría e “instando a la institución educativa a que aborde la problemática instalada con herramientas propias, diseñada por su equipo interdisciplinario”.
En el fallo judicial, Rondoni manifiesta: “La problemática que tiene la institución educativa no se soluciona con rescindir el contrato a la alumna X, sino que requiere de acciones más profundas. En definitiva, la entidad educativa no ha cumplido con la finalidad principal de la educación, cual es ‘la formación integral de las personas, fomentando la práctica de valores, de la verdad, libertad, igualdad, justicia, solidaridad, respeto a la diversidad, a la pluralidad y a la búsqueda de consensos; ...(cfr. RESOLUCIÓN N° 1692 CGE)”.
Respecto a la resolución, el abogado Monzón destacó: “Es un fallo muy importante que no tiene precedentes, es un fallo que a partir de ahora va a corregir cualquier situación de bullying que haya en las escuelas. La ley obliga a las instituciones a trabajar para que eso no exista. Para erradicar, no para apartar al alumno”.
Finalmente, la mamá de C. manifestó: “Mucho se habla y se ha legislado sobre Bullying, pero poco se hace para evitarlo. Bien puedo decir que el Dr. Monzón es prácticamente un pionero, y este fallo o medida autosatisfactiva, sienta jurisprudencia, en el abordaje del Bullyng y ojalá mueva a las máximas autoridades de la provincia, en materia educativa, a modificar sus protocolos de intervención, y a disponer sanciones para los responsables de los establecimientos públicos o privados, que actúan por omisión”. Luego agregó: “Después de casi transcurrido un año, donde mi hija y yo, viviéramos de forma permanente un maltrato por parte de las autoridades de este Colegio católico, con un ideario que se presume humanitario, quisiera por lo menos, recibir un pedido de disculpas por parte del máximo responsable de la Institución, Monseñor Héctor Luis Zordán, porque creo que el daño hecho es irreparable y contrario a las prácticas evangélicas…”.
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